Acuse de recibo
El 27 de mayo del presente año, José Luis Linares manifestaba aquí su preocupación por los breakers o interruptores automáticos que se están instalando, junto a los nuevos relojes contadores de electricidad, en edificios multifamiliares de la capital.
Decía Linares que los breakers instalados antes en el edificio donde reside eran de 30 amperes, y estos son de 80; lo cual viola, en su criterio, las normas de protección para la instalación eléctrica de esos apartamentos, en la cual se empleó el calibre AWG con forro de polietileno, apto para conducir una corriente de 20 amperes.
Añadía que al situarse los breakers de 80, los conductores quedan sin protección, pues esa magnitud es el 400 por ciento de la corriente que conduce el alambre calibre 12. Y ante un cortocircuito, se puede quemar la instalación antes de que el breaker actúe.
Linares aducía que llamó a la Organización Básica Eléctrica (OBE) del municipio de La Habana del Este, donde reside, y el comercial de esta le manifestó que «esos gabinetes habían venido así, y tenían órdenes superiores de instalarlos». Y cuando le añadió que en otros edificios se había hecho el cambio con breakers de 30 amperes, el comercial le planteó que esos se habían agotado, y por ello estaban instalando los de 80.
«Nunca he puesto en duda la capacidad técnica de la Empresa Eléctrica, enfatizaba Linares, pero ante la situación presentada entiendo que debe ponerse en conocimiento de quien corresponda y hacer las aclaraciones correspondientes», concluía el lector.
Al respecto, con sumo retraso llegó a nuestra Redacción el pasado 25 de septiembre la respuesta de Sandy Medina Muñoz, al frente del Centro Integral de Atención al Cliente de la Empresa Eléctrica de La Habana, quién refiere que el caso se trasladó para ser investigado al director comercial de esa entidad.
Y, revisada la información técnica de los interruptores, y con previa consulta a los especialistas de la Unión Eléctrica (UNE), plantea que no tiene razón Linares al afirmar que los interruptores automáticos de 80 amperes violan las normas de protección de las instalaciones eléctricas interiores de las viviendas. Ni tampoco al decir que ante cortocircuitos, estos no actúan.
Apunta que la función principal de los interruptores automáticos es proteger los contadores de energía eléctrica por sobrecarga existente en el cliente, es decir, limitar la carga del consumidor para proteger las instalaciones e instrumentos de la Empresa Eléctrica, así como aislar la carga del consumidor ante cualquier trabajo a realizar por el personal de esa entidad. «En ningún caso dichos interruptores tienen la función de proteger las instalaciones interiores del consumidor», enfatiza.
Expresa que, como parte del programa de rehabilitación de la medición eléctrica que se realiza en el país hace varios años, la UNE facilita dicho interruptor, el cual se instala con un contador que tiene una capacidad de 20-100 amperes.
«El aumento de la capacidad, tanto del contador como del desconectivo, aclara, responde al incremento de equipos y efectos electrodomésticos de la población, que conlleva una mayor demanda de electricidad».
Especifica que dichos interruptores automáticos han sido sometidos a pruebas en los laboratorios de acreditación internacional, los cuales certifican que en caso de ocurrir en la vivienda un cortocircuito, y considerando que la mayoría de los hogares tiene sus instalaciones con cable de cobre de calibre 10 o 12, el dispositivo se activará y abrirá el circuito en un tiempo de cinco milisegundos, lo que evitará daños irreparables en su instalación.
Concluye declarando sin razón la queja de Linares y respondiéndole: «Todas esas sugerencias que ha planteado usted en el cuerpo de la reclamación, se les comunicarán a nuestros superiores, para que tengan en cuenta sus planteamientos».
Agradezco la aclaración en asunto tan esencial para la seguridad y tranquilidad de los clientes. Esa es la que necesitó desde un principio Linares cuando llamó a la OBE de La Habana del Este, y el comercial allí le dijo sencillamente que esos gabinetes venían así, y tenían órdenes superiores de instalarlos.
Esa es la información que, como parte de la política de comunicación social de nuestro Estado, la UNE debe priorizar con celo ante los cambios técnicos que se acometen, y que no siempre van acompañados de la fundamentación previa.