Acuse de recibo
El tatuaje no debía convertirse en un problema, siempre que no ofenda la vista ajena; sobre todo, cuando muchos jóvenes cubanos, hijos de su tiempo, lo han asumido como una muestra de belleza y arte en su cuerpo y hace mucho tiempo lo han desatanizado de asociaciones carcelarias y marginales.
Vuelve el tema a esta sección de la mano de Johny Álvarez Morgado, 32 años, residente en E. Mármol 64, entre Maceo y H. Castillo, en la ciudad de Ciego de Ávila; graduado de Instructor en Artes Plásticas y licenciado en Lengua Inglesa. Pero, sobre todo, tatuador que vive de esa labor y hace tres meses que no puede ejercerla.
Cuenta el remitente que los días 6 y 7 de junio pasados en esa ciudad hubo un operativo de los inspectores integrales para detener la actividad de los tatuadores allí. En algunos casos, el operativo fue acompañado de policías. Y se impusieron multas de 500 pesos por contravenir el Decreto Ley 308, artículo 119, inciso A. «Los inspectores, refiere, no explicaron en ningún caso la descripción de dicha multa y les exigieron que la firmaran sin tener el conocimiento de lo que estaban firmando».
Días posteriores, 35 tatuadores concurrieron a la sede municipal de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
La respuesta, añade, fue que no sabían nada de las acciones adoptadas, pero tampoco supieron cómo explicar que hay patentes creadas para oficios y practicadas por escasas personas a nivel nacional. Y la actividad de tatuaje, que llevan practicando cientos de personas en el país desde hace varios años, incluso algunos por más de 15 o 20, sigue sumergida en el anonimato.
Aunque fueron a la Dirección de Trabajo y a la Asociación Hermanos Saíz en la provincia, no encontraron respuestas efectivas que les apoyaran, señala. «Solo fuimos ayudados por unos abogados, que desde el punto de vista legal nos aconsejaron esperar».
Y para Johny el esperar «solo puede servir para un milagro únicamente, o que alguien con cargo significativo se digne a levantar la mano en una reunión y proponga la creación de la patente para una actividad que lleva más de 20 años al margen de lo legal».
El joven tatuador, al igual que otros de sus colegas, ha hecho infructuosas gestiones insistentemente para obtener una licencia y legalizar su actividad. Pero «lo establecido» se interpone como un muro. Confiesa que nadie los oye ni los apoya; sin embargo, crece la demanda de tatuajes entre los jóvenes.
Johny conoce que en Cuba el tatuador no tiene permiso legal para ejercer dicha actividad, pues no está aprobada la licencia para ello dentro de las actividades del trabajo por cuenta propia, aun cuando recientemente hubo una reorganización en el trabajo privado.
Y sostiene que ellos están perdiendo, pero también se está afectando la economía al país, al no reconocer y legalizar una actividad con arraigo en la población joven, por la cual contribuirían con sus impuestos al erario público.
La queja de Johny es la de muchos otros que ejercen tal oficio. Sería muy saludable reconsiderar la negativa, dada la demanda que tiene esa labor entre los jóvenes. Es una realidad insoslayable, y la validación de esta le permitiría incluso al Estado ejercer un control desde el punto de vista de los requisitos sanitarios para ella, al tiempo que se beneficiaría con los tributos correspondientes y no los dejaría al pairo de sus utilidades.
Un análisis técnico de la historia podría sustentar que lo hecho en Ciego de Ávila se inscribe en el espíritu de la Ley. Pero no siempre lo legal es lo justo y razonable. Por eso, incluso, estamos enfrascados en una consulta popular para la reforma de la Constitución de la República, para adecuarla a los imperativos de la realidad presente. Entonces, ¿qué impide que se reconsidere esta negativa para validar el tatuaje como oficio, y de paso regularlo, si tantas personas siguen tatuándose?
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