Acuse de recibo
Lázaro Erelio Roldán Berroa (avenida 43 no. 1411, entre 14 y 18, Playa, La Habana) es un profesor de Historia ya jubilado, con 70 años, que recién perdió una pierna por amputación, y extravió otras cosas más importantes por las que ha luchado hasta ahora.
El remitente cuenta que su hija pasó un curso en Etecsa con magníficos resultados, y le otorgaron una plaza en las dependencias de esa empresa en Águila y Dragones, mediante contrato por tiempo determinado.
Pero el pasado 6 de agosto, Lázaro sufrió una isquemia arterial aguda evolucionada y fue ingresado en el Instituto de Angiología. Y, como dictan el corazón y el deber, se pusieron en función suya su esposa de 69 años, también jubilada, y la hija, que se enteró estando en su trabajo y hubo de pedir permiso para salir antes. Se comunicó por teléfono con su supervisora y le explicó la situación familiar. Nadie le indicó que debía realizar algún otro trámite.
El 14 pasado, lamentablemente, a Lázaro hubo que amputarle la pierna izquierda por encima de la rodilla. Y en la mañana del 18, los funcionarios de aquel centro, sin que mediara contacto alguno que no fuera para apremiarla, le comunicaron por teléfono a la hija que habían decidido suspenderle el contrato por faltar más de lo permisible (seis turnos), sin presentar certificado médico.
Lázaro se pregunta si al menos no podía haber cierta flexibilidad ligada con sentimiento en esa administración, buscando una alternativa que no fuera la terminante. ¿Nadie podía cubrirle esos turnos?
«No concibo, enfatiza, que esa sea la forma de actuar de los funcionarios en el socialismo humanista que he defendido y por el que he luchado durante toda mi vida.
«El día 29, cuando abordábamos la ambulancia para ir a quitarme los primeros puntos, la llamaron para conminarla a que fuera a firmar la baja. El día 30 volvieron a llamar para darle un ultimátum: debía acudir a firmar, porque la baja tiene que salir en este mes.
«Debo cargar con la desdicha de una pierna menos y de que, por darme la atención debida, mi hija pierda su trabajo. Estoy realmente decepcionado», concluye Lázaro.
Armando Betancourt Oliva es trabajador por cuenta propia. Vende frozzen en barquillo, por valor de un CUP, en la localidad santiaguera de San Luis, donde reside, en Moncada 367, entre Villuendas y Pío Rosado.
Refiere que en su gestión no estatal ha aparecido como subdeclarante en los ingresos, por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en su territorio.
Armando afirma que su máquina de frozzen se enciende a las dos de la tarde, y él permanece vendiendo esos helados hasta las 6:00 p.m. o 6:30 p.m. No radica en el centro comercial del pueblo ni en una calle principal. Y su gestión comercial la realiza en el corredor de su casa, por donde pasan muy pocas personas.
El heladero ha invitado a los de la ONAT a que manden un inspector, para que cuente el promedio de consumidores al día, y en una semana, y haga los cálculos de sus ingresos. Pero los de la ONAT le dicen que las cifras para notificarlo como subdeclarante provienen de un programa informático realizado en La Habana, y punto.
Le insisten en que ese programa se basa en un estudio realizado. «Pero dónde», cuestiona él. «¿En Centro Habana, en La Rampa, o en Enramada de Santiago, donde pasan miles de personas? Estoy seguro de que ese estudio no fue hecho en una calle y lugar como los míos aquí en San Luis».
Armando considera «arbitrario y sin sentido» ese parámetro rígido para medir realidades muy distintas en afluencia de consumidores, situación territorial y niveles de vida e ingresos.
A propósito, mientras se revisan muchas cláusulas e irregularidades en la gestión del sector no estatal, también sería saludable e inteligente que las autoridades fiscales y gubernamentales reconsideraran las cuantías que son uniformes para todo el país, y se imponen. Hay muchas Cubas en Cuba.
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