Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Agotada su paciencia, tras casi diez años en una gestión que debió durar tan solo días, escribe la maestra jubilada Miriam Rodríguez Betancourt (Avenida 57 No. 10602, esq. a 106, Marianao), profesora Titular y Consultante de la Universidad de La Habana.

Narra Miriam que el Tribunal Provincial Popular capitalino, «mediante la sentencia No. 104, de 2007, firme a partir de mayo de 2007», decidió indemnizarla con 8 150 pesos MN, por el robo de su auto Lada, que le fue sustraído en julio del 2004. La liquidación se debía efectuar mediante la Caja de Resarcimiento».

«En julio del 2007 reclamé a la Caja, sita en calle E, Vedado, el pago de la indemnización, y solo fue en el 2009 cuando se me liquidó una parte ($2 173.33), tras reiteradas visitas y llamadas telefónicas en procura de información», evoca la remitente.

«En el 2011, solicité nuevamente el pago pendiente que se hizo efectivo en 2014, aunque otra vez en parte ($2 716.66), y después, igualmente, de varias visitas a la Caja y de persistentes llamadas telefónicas, incluyendo entrevistas con funcionarios de la entidad y con la directora, ante lo infructuoso de mis gestiones», comenta.

Pasaron dos años de ese segundo pago fragmentario, y cuando se preparaba para la próxima reclamación, leyó la profesora, en el periódico Granma del jueves 28 de abril del 2016, que «el director de la Caja de Resarcimiento, Serapio Guerra Morales, anunciaba se pagaría “(…) a todas las personas pendientes de causas del 2007 o anteriores” y avisaba a estas que se presentaran en las oficinas provinciales de la entidad».

Esperanzada porque, al fin, tras casi una década de espera podría cobrar definitivamente el adeudo, se presentó la afectada en la Caja, exactamente el 4 de mayo último. «Y, en efecto, ya mi cheque estaba listo… pero, oh, sorpresa, cuando me lo iban a entregar notaron que le faltaba un cuño a un dato, y se atribuyó el error al Banco, según me informaron. Muy amablemente, me dijeron que me llamarían en breve para entregarme el cheque…», rememora.

Volvió la capitalina a llamar el 14 de mayo y la respuesta fue que, por lo menos demorarían 15 días más porque «el documento (el cheque) tenía que recorrer el camino inicial», explicación enigmática como solo puede elaborar la burocracia».

Sacando fuerzas y ecuanimidad de donde casi no le quedaban, volvió la maestra a la Caja, el 31 de mayo, y «tan amablemente como siempre, me dijeron que todavía no estaba enmendado el error (¿?) y que, en breve, me llamarían para entregarme el cheque. Y hasta ahí llegué, por lo que me he decidido a exponerles esta situación», refiere.

«Las explicaciones sobre las demoras —precisa Miriam— han sido siempre las mismas: la falta de pago a la Caja por el deudor, es decir, por la persona que robó mi auto, quien, con su trabajo en la prisión, donde cumple condena por este delito y otros similares, debe abonar la indemnización fijada por el Tribunal. (Es este el mecanismo establecido para casos como este acerca del cual, por cierto, me asalta una duda casi existencial: si el deudor se enferma o muere, ¿quién resarce al acreedor? ¿La Caja, el Ministerio de Justicia, el Estado? Si hubiera una respuesta para esto, que no demorara tanto, desde luego, mucho me gustaría saberla)».

Poco habría que comentar tras una misiva como esta. Cada gestión, cada viaje o llamada telefónica para un trámite de esta naturaleza representa tiempo, dinero y malestares para quien debe asumirlo. En este caso, para una profesora universitaria que entregó más de 40 años a la docencia. ¿Cómo es posible que la Caja de Resarcimiento y las demás instituciones estatales implicadas en el pago a los afectados, ya hiperatrasadas en sus deudas —por las razones que fuere, comprensibles o no—, cómo es posible, digo, que se den el lujo, además, de que existan errores y se les siga alargando la espera a los afectados?

Urge, sin más dilación, sin más cuños, ni firmas, ni llamadas, una respuesta transparente y, sobre todo, el pago de marras. Esperemos.