Acuse de recibo
A la angustia grande de ver a su nieto de tres años con padecimiento de pie varo equino y sometido por dos veces a operaciones quirúrgicas, el santiaguero Carlos Rafael Lovelle Grave de Peralta unía el malestar por los múltiples trámites en busca de las adecuadas botas ortopédicas para el niño.
Así lo contaba el lector (calle D, No. 109, Palmarito de Cauto, Mella) en esta página el 8 de noviembre de 2014 y detallaba la espera de tres meses para obtener las referidas botas, lo poco que duraron por la calidad del material y cómo la familia tuvo que pagar a particulares primero 400, y luego 500 pesos, por otros zapatos con estos requerimientos para el pequeño.
Las botas, con las condiciones de durabilidad adecuadas, no son un capricho, sino la garantía de que las intervenciones quirúrgicas tengan el positivo efecto que se espera de ellas, según expresaron los médicos y refería el abuelo.
Y se preguntaba el veterano qué costaba más al país: si complejas operaciones quirúrgicas o garantizar el calzado correspondiente.
A propósito, responde Guillermo Rodríguez Nápoles, director general del Centro Nacional de Ortopedia Técnica. En su carta —fechada el 14 de enero, pero que entró a nuestra redacción el 25 de mayo—, indica el funcionario que los familiares del infante se presentaron en el mencionado taller a fines de mayo de 2013. La unidad estaba recién inaugurada tras tres años de cierre luego de un incendio.
Se le hizo toma de medidas como está establecido y se le entregó el par de botas a los tres meses. Este prolongado lapso se debe —asegura el funcionario— a la demanda acumulada por el tiempo en que estuvo cerrada la institución.
«Se constató que los materiales utilizados para la confección del calzado son de importación, con toda la calidad requerida. Se evidenció que el Laboratorio de Calzado Ortopédico Especializado nunca ha estado desabastecido de materias primas (…), existiendo recursos para un año», sostiene el directivo.
Asimismo, apunta que la abuela del paciente visitó nuevamente el laboratorio en septiembre de 2014; fue atendida por la recepcionista, «quien le explicó que la receta presentada no estaba confeccionada por el personal autorizado a emitirlas para la confección de calzado ortopédico en esa entidad (la habían dado en La Habana)».
Al no estar conforme con esa respuesta, la abuela se entrevistó con el Director del centro, y este coordinó con la Directora del Hospital para la prescripción por los especialistas en ortopedia de la provincia. Posteriormente indicó «que le tomaran las medidas al paciente para que no tuviera que volver y solo acudiera el familiar con la receta dada por un facultativo».
Este proceder —manifiesta Guillermo— lo estableció organizativamente el territorio para garantizar el uso racional de los recursos. La familia no se personó nuevamente al laboratorio, señala.
Aun cuando la provincia tiene sus mecanismos organizados, se les ratificó a los compañeros de allá, por parte de la comisión del Centro Nacional de Ortopedia Técnica, que «no existe normativa, ni resolución, que limite la atención a pacientes que presenten recetas emitidas por profesionales de la Salud, por lo que se le hizo toma de medidas al paciente para la confección de dos pares de zapatos ortopédicos, además de coordinar la recogida en el laboratorio (…) y hacer toma de medidas para la confección del cáliper, lo que se materializó en el mes de noviembre».
La queja de Carlos Rafael fue calificada con razón. Así se le hizo saber al promovente, quien mostró satisfacción por las acciones desencadenadas. Se le hizo un señalamiento crítico al Director del Laboratorio santiaguero y se presentó el caso en el balance anual del Centro Nacional de Ortopedia Técnica para que no se repita, expresa Guillermo Rodríguez Nápoles.
Agradezco la respuesta. Ojalá sea suficiente con señalar de forma crítica los procederes errados, y que otros niños y familiares no atraviesen los mismos percances. Cofiemos.
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