Acuse de recibo
Qué trabajo nos cuesta convivir. Habitar, desenvolvernos y saber que cada exceso nuestro puede constituir una limitación al otro, un perjuicio al otro, que no tiene por qué tener lugar ni soportarse...
La idea viene a cuento por la misiva de la veterana capitalina Zeyda Hernández Rodríguez, de 78 años, residente en calle 6 No. 604 entre 25 y 27, Plaza de la Revolución. Escribe Zeyda para denunciar las violaciones urbanísticas cometidas por la propietaria de la vivienda marcada con el número 606, que causan considerables daños a la privacidad de su hogar.
Los días 10 y 11 de febrero de este año, el esposo e hijo de la remitente se dirigieron al Departamento de enfrentamiento a las ilegalidades de la Dirección Municipal de la Vivienda (sita en 15 y A) y a la Oficina de enfrentamiento a las ilegalidades, subordinada a aquella (en Zapata entre Paseo y A) para formular su denuncia, narra Zeyda.
De dichas denuncias los demandantes poseen copias firmadas y grabaciones como constancia del trámite, apunta la lectora. Y señala que la carta «dejaba ver nuestra preocupación al observar el replanteo de dos ventanas frente a frente a nuestro baño y comedor, que inhabilitan la privacidad de estas dos habitaciones, que se suman a dos cuartos nuestros que tienen que permanecer cerrados desde el año 2004 cuando la vecina violó la ley inconsultamente».
Tras la demanda, el inspector que atendió el caso quedó en enviar a una funcionaria a visitar a la familia demandante, pero eso nunca sucedió, a pesar de que ellos dejaron hasta teléfono de localización, sostiene la capitalina.
El 1ro. de marzo —evoca— Eduardo González Hernández, delegado de la circunscripción, convocó a las funcionarias María Luisa Reyes Téllez, jefa del Departamento de enfrentamiento a las ilegalidades de la Dirección Municipal de la Vivienda; y a Esther Peña, inspectora de la Oficina de enfrentamiento a las ilegalidades, a una reunión con factores del barrio y la comunidad —secretario del núcleo zonal del Partido, vigilancia, presidentes de los CDR, coordinadora de zona, prevención, etc., hasta llegar a 13 compañeros— para analizar, entre otras cosas, lo relacionado con la dejadez institucional ante las violaciones de marras.
Concluida la reunión con los factores, que la familia de Zeyda grabó, «las compañeras María Luisa y Esther determinaron visitar las dos viviendas, y estando en la nuestra constataron que tenemos que vivir encerrados en dos de nuestros cuartos por la cantidad de ventanas abiertas por la infractora», quien además «tiene replanteado dos cuartos más y otro baño —en la parte superior trasera—, y a partir del 27 de mayo del año en curso reinició la ampliación en su patio (...), lo cual no sería de nuestra incumbencia si no fuera porque (…) nos afectan directamente».
«Al término de la visita María Luisa y Esther nos dijeron —sin mediar documento— que le habían dado un plazo de 15 días a la vecina para cerrar la ventana, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Esta parte de la obra permaneció paralizada hasta el 20 de agosto, en que prosiguió su construcción durante días alternos, sin cerrarse la ventana. Como ya dijimos no ha habido un seguimiento por parte de las autoridades, (…) a pesar de que en varias ocasiones el delegado Eduardo, durante reuniones de trabajo, ha recordado el caso a estas funcionarias», relata la veterana capitalina.
Simultáneamente a las referidas gestiones, la familia de Zeyda se comunicó con Planificación Física Provincial desde el 14 de febrero de este año. Allí, al no hallarse la persona que tiene a su cargo el Departamento de Atención a la Población, le entregaron su queja a la secretaria de la directora, quien les firmó copia de la demanda. Hasta ahora ese órgano provincial tampoco se ha pronunciado.
Tras siete meses en este embrollo, en el que están involucradas varias instituciones, a las que se les ha cursado la denuncia, Zeyda y su familia se preguntan cómo puede subsistir la impunidad… ¿Quién responde?
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