Acuse de recibo
El 11 de diciembre de 2013, y desde Cienfuegos, Islay García contaba que el domingo 17 de noviembre adquirió en la tienda Casa Mimbre de esa ciudad una plancha eléctrica. Aunque el equipo fue probado por el dependiente, cuando la lectora llegó a su casa, a solo cien metros del establecimiento, ya no calentaba lo suficiente.
Unos 30 minutos después de la compra, Islay retornó a la tienda a reclamar su derecho. Pero, como ni sábados ni domingos se hacen devoluciones, y para tal fin tenía que ver a la jefa de piso o a la gerente, ella volvió el lunes. En el lugar le comunicaron que para devolverle el dinero tenía que llevar la plancha a Servicios Técnicos de Garantía de Cimex, para que allí emitieran un documento de baja técnica.
Islay insistió en que le cambiaran la plancha por otra, algo elemental. Y le dijeron que la misma ya tenía un código en máquina y no había manera de cambiarlo. La clienta tuvo que caminar hasta el taller de marras, y allí le informaron que no le podían dar baja técnica al equipo «porque solo era un problema de regulación del termostato, y ello tiene solución».
También le explicaron que nada podían hacer, pues en la tienda no le habían dado a ella el certificado de garantía. En eso Islay recordó que, al adquirir la plancha, el dependiente había dicho que no tenía modelos de garantía, que debía pasar a reclamarlo en los días siguientes.
Sin otra opción, caminó Islay de regreso a la tienda para reclamar la garantía. Y de allí volvió al taller, donde fue rápido el arreglo. Increíblemente, todas esas gestiones fueron por causas ajenas a su deseo, aun cuando se supone que el cliente debe tener siempre la razón y la prioridad.
Al respecto, responde Jorge Luis Álvarez, gerente general de la Sucursal Cienfuegos de Cimex, que se visitó a Islay en su hogar para escuchar sus opiniones. Y esta reiteró que su deseo era que le cambiaran el equipo —algo que no hicieron—, por lo cual se debe revisar el sistema de protección al consumidor.
Precisa Álvarez que se analizó el suceso con la administración de la unidad, y se determinó aplicar varias medidas disciplinarias. Al dependiente se le separó definitivamente de la entidad, por incumplir con lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para la actividad minorista de Cimex en la venta de un equipo con modelo de garantía, y por el maltrato al cliente. A la jefa de piso se le aplicó democión temporal del cargo por seis meses, al no tratar dicha queja con la administradora de la tienda ni darle curso ni el tratamiento debido a la misma.
Califica el gerente general «con razón» la queja formulada. Y considera positivo que hechos de tal gravedad se denuncien por los clientes, lo cual les permite continuar mejorando la protección al consumidor.
Al final, la historia muestra a todas luces que los responsables máximos de cualquier unidad comercial deben estar más cerca del mostrador, y menos en sus oficinas, para verificar la calidad del servicio que se brinda.
Araceli de la Caridad Muné escribe desde calle Patricio Lumumba, No. 580, entre B y C, reparto Jiménez, en la ciudad de Santiago de Cuba, para reconocer que, a pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa el país, el Estado les proporciona sillas de rueda eléctricas a personas con discapacidad.
Sin embargo —apunta Araceli—, dichas sillas requieren para funcionar de unas baterías especiales que tienen un período de vida de tres años. Vencido ese plazo, ya no son útiles y de no reponerse paralizan para siempre esos aparatos de locomoción.
Araceli sabe que no es fácil, pero sugiere a las autoridades competentes que se valore la posibilidad de crear un mecanismo para comercializar esas baterías en el país.
«Estoy convencida de que nuestro Estado tiene un verdadero interés en trabajar por el bienestar de las personas con discapacidad», concluye la lectora, quien aboga porque se garantice dicha venta aun cuando los interesados deban pagar de su bolsillo por las baterías.
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