Acuse de recibo
La vivienda en Cuba clasifica como uno de los principales problemas aún no resuelto. Por eso cada vez resulta mayor el número de personas que se deciden al arduo empeño de la construcción. Y para ello, ante los precios de los materiales y la mano de obra especializada, se hacen imprescindibles los créditos.
De esos pesares sabe Rafael Espinosa Manso (calle 19 A, No. 15, entre Mártires y Libertad, reparto El Valle, Bayamo, Granma), quien labora en el Departamento de Ejecución de Obras de la Región Oriental de Etecsa, entidad que radica en su provincia.
Como cualquier trabajador del país, Rafael buscó en el Banco correspondiente de su territorio las planillas para solicitar un crédito. En gestiones con el personal de economía de la institución donde labora, le informaron que «no es posible tramitar mi solicitud (…) por la razón de que la entidad de Etecsa a la que pertenezco tiene su dirección en La Habana y allá ellos operan con otro Banco distinto al que existe en mi lugar de residencia; sencillamente me fue devuelta la planilla de solicitud».
Igualmente le explicaron al granmense en su institución, que solo se aceptan los trámites para codeudor, pero para adquirir créditos no. Por esa misma razón, tampoco los trabajadores de allí pueden tener descuentos por nómina ni cualquier otra facilidad que implique tramitaciones entre el Banco y el centro laboral.
Rafael no entiende cómo si el país está dando pasos para destrabar los mecanismos y vías por las cuales las personas pueden agenciarse su bienestar, existan muros como este. De hecho, varios compañeros de trabajo suyos se encuentran en el mismo estancamiento.
«Tengo a mi esposa y una pequeña niña de tres meses con las cuales quisiera tener nuestro propio espacio para vivir», se duele el remitente. ¿Cómo y quién le explica la negativa, y los posibles caminos para resolverla?
Otro Rafael, pero apellidado Cantero Pérez, nos escribe desde calle 22, No. 249, entre 9 y 11, reparto Emilio Bárcenas, Holguín, para relatar las dificultades de su familia con la olla arrocera y la reina, inhabilitadas desde hace más de seis meses.
La misiva de Cantero Pérez parte de reconocer el paso de avance que constituyó la venta masiva de estos módulos de cocción, pero se queja de que ante el desgaste de los equipos no se haya previsto o no funcione con eficiencia la reparación.
A pesar de cumplir con todos «los requisitos» exigidos en el taller de su comunidad, el remitente no ha podido lograr el arreglo debido a un mecanismo que no duda en calificar como «diabólico para la población trabajadora».
«Usted se apunta, le dan un papelito con las piezas y repuestos necesarios, para que después, constantemente, deba pasar por el taller para saber cuándo hay piezas. Entonces, en ese caso, dejar de trabajar (no importa que su trabajo quede a kilómetros de distancia e incluso en otros municipios) y presentarse con el equipo para que se lo reparen», narra el holguinero.
En su familia, él y su esposa trabajan y su hijo estudia en la Universidad de Oriente, a más de 200 kilómetros. ¿De qué forma pueden estar a la caza del posible momento de reparación? ¿Y si dejan pasar ese instante, cómo garantizan el arreglo de los equipos? ¿Qué se ha concebido como alternativas para una situación como la descrita?
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