Acuse de recibo
Ya la ansiada papa comenzó a llegar a la capital. Y solo están autorizados a comercializarla los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE), según informó al diario Granma el director de la Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios, Jorge Gómez Trujillo.
Aclaró también el funcionario que en una primera etapa, hasta tanto no se alcancen mayores niveles de abastecimiento, el Consejo de la Administración Provincial determinó establecer un tope de venta de hasta diez libras por cliente, para evitar acaparamientos del producto.
Y precisó el funcionario que la medida es temporal, pues el documento rector para la cosecha, distribución y comercialización de papa establece que sea liberada. El límite de libras establecido desaparecerá con el incremento paulatino del suministro.
Sin embargo, la lectora Iris Rodríguez, residente en Manrique, entre Neptuno y San Miguel, en Centro Habana, plantea una inquietud que debe ser atendida urgentemente por la dirección de la Empresa de Mercados Agropecuarios y demás autoridades de la provincia:
«La papa está en la calle. La venden particulares, y la pregonan, a 30 pesos una jabita de nailon que no envasa ni cinco libras. Si todavía no ha comenzado la distribución en todos los mercados estatales, ¿cómo es posible que se venda así? ¿No existe ningún control al respecto?»
No han faltado en esta columna los juicios y críticas acerca de la escasa o deficitaria protección al consumidor en entidades comercializadoras estatales, y específicamente en cuanto a los complicados y poco efectivos mecanismos de garantía que ofrecen.
Pero hoy Cecilia María Aguilera (Máximo Gómez No. 248, entre Arias y Aguilera, Holguín) aborda el asunto desde una perspectiva casi inédita, diría que virginal: la de los productos que comercializan los trabajadores por cuenta propia.
Cecilia es trabajadora de una escuela especial, y con su salario tuvo que ahorrar durante varios meses para comprarse un par de sandalias, a 20 CUC, en un establecimiento comercial no estatal. Y cuando se las estrenó, se rompieron de inmediato.
Fue al día siguiente a reclamar su dinero, y el vendedor le dijo que debía esperar por el dueño del negocio. A la tercera vez que insistió, el vendedor le comunicó que decía el dueño que se pusiera los zapatos hasta que se acabaran de romper y que entonces volviera para darle otros similares, o ver qué otra cosa se hacía.
La afectada se mantuvo en sus trece, con dignidad y exigencia de cliente. Y el vendedor le dijo que volviera a las cinco de la tarde, cuando el dueño estuviera. Así lo hizo y ni siquiera tuvo que hablar. Le devolvieron el dinero.
Cecilia resolvió su problema, pero apunta en sus preguntas a incertidumbres provocadas por vacíos y lagunas normativas en nuestras nuevas y cambiantes realidades económicas:
«¿No existen leyes que protejan al consumidor que recibe servicios en un establecimiento por cuenta propia? ¿No es mi derecho como consumidora que, como en los establecimientos estatales, se muestren en lugares visibles las garantías que ofrece el cuentapropista? ¿Adónde se debe dirigir una persona maltratada o inconforme cuando no recibe una respuesta o tratos apropiados por un cuentapropista? ¿Me hicieron un favor cuando me devolvieron el importe de mis zapatos rotos?».
Ella cuenta asombrada que lo comentó entre personas preparadas e informadas, y ninguna sabía qué debía hacer en este caso. Lo peor es que la mayoría consideraba que debía pedir como un favor la devolución del dinero.
Lo que más la entristece —afirma— es que, cuando dijo que escribiría a esta sección, muchos opinaron que si ya había resuelto para qué iba a perder su tiempo. Ha habido tanto maltrato en establecimientos comerciales estatales como particulares, que ya lo vemos como algo natural. «Somos ciudadanos con deberes y derechos, y reclamar y luchar por lo justo es uno de los primeros».
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