Acuse de recibo
Con nostalgia crítica, escribe desde Ciudad Sandino, Pinar del Río, Rolando Grau, un jubilado que laboró 25 años en la empresa citrícola de esa localidad, y reside en la Zona P-4, apto. 4, Edificio 20. Él recuerda que, con la creación de esa comunidad por la Revolución, se fundó la empresa, «con una victoriosa campaña de cítricos y frutales».
Rolando alerta que la empresa citrícola Sandino, con grandes extensiones, ha ido desapareciendo. El poco cítrico que queda, las escasas hectáreas en producción, son víctimas de la sustracción ilegal y el desvío: Gente sin vínculo laboral que esquilma las plantaciones durante la cosecha, de octubre a febrero. «Personajes que tal vez jamás hayan sembrado una mata de cítrico», luego van por ahí, vendiendo la naranja.
Lo más frustrante es que sucede con soberana impunidad. «Dan deseos de llorar, a quien conoció esta empresa hace 40 años atrás», sentencia; «nadie tiene ni puede arrogarse el derecho de robar ni negociar por debajo del telón con los bienes del Estado cubano».
Juan Francisco Méndez (Cocos 52, entre Rabí y San Indalecio, Santos Suárez, La Habana) posee dos cuentas bancarias a plazo fijo por dos años en la sucursal 299 del Banco Metropolitano (BM). El 20 de enero pasado, fue a esa sucursal a cobrar el interés bancario de una de las cuentas y se sorprendió; porque el contrato firmado con el BM fijaba una tasa de interés anual del 7 por ciento. Ahora, le comunican que fue modificada al 6 por ciento.
«Firmé un contrato, y en sus cláusulas no decía que puede ser modificado sin previo aviso cuando la entidad lo entienda. Comprendo que las cuentas nuevas puedan sufrir esa modificación, ya que es un contrato de acuerdo, usted acepta o no; pero, ¿por qué las que están firmadas?».
«¿Para qué son las firmas o los acuerdos? No tengo respuesta por parte de la sucursal, solo que “es así”. Consulté en dos sucursales más, y solo tuve una sonrisa comercial. Planteo mi inquietud, para que alguien al fin la aclare, a ver si yo estoy equivocado», concluye.
El 29 de octubre de 2010, la santiaguera Maritza Pozo contaba que en agosto de ese año, su cuenta telefónica indicó llamadas que no había hecho, al Aeropuerto José Martí, y a una empresa del Petróleo, en la capital. También, que debió pagar llamadas de larga distancia, cuando ella siempre usa para ese tipo de comunicación su tarjeta propia. Además, vive sola y posee candado electrónico.
En septiembre y octubre de 2010 vuelven a aparecer en su recibo extrañas llamadas; a más de que el importe de las locales era sobredimensionado, pues nunca ha sobrepasado los 300 minutos. «Me siento engañada», señalaba Maritza.
Responde Hilda Arias, vicepresidenta de ETECSA: La investigación hecha confirmó que los importes reflejados en la factura de los meses reclamados están en total correspondencia con el tráfico realizado desde su servicio telefónico hacia los destinos facturados.
Se visitó la casa de Maritza, se revisó la instalación desde el terminal exterior hasta el interior, sin detectarse anomalías técnicas. Se comprobó que, aunque el servicio pasa por las azoteas de dos edificios, no presenta ilegalidad alguna. Se practicaron pruebas técnicas y mediciones a la planta exterior e interior del servicio, sin hallarse desperfectos técnicos.
Se ratificó que durante el período de pruebas al que fue sometido el servicio, no hubo llamadas hacia los números reclamados ni otros destinos, que pudieran demostrar el uso indebido por terceros. Se verificó la total correspondencia entre fechas y horas de activación y desactivación del candado electrónico y las llamadas facturadas.
Ello le fue informado a Maritza, y aunque no le satisface, constituye por el momento lo único que técnicamente invalida sus argumentos. Es imposible ajustar los importes facturados, ya que no es posible que, desde otro lugar, alguien active y desactive el candado electrónico, con excepción de quien conoce el código personal del mismo.
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