Acuse de recibo
Dicen los pobladores de Floridano, en el municipio villaclareño de Camajuaní, que en épocas diferentes se recrearon en aquellos paisajes las pupilas de dos emblemáticos pintores cubanos: Carlos Enríquez y Zaida del Río. Quién sabe si algún que otro motivo de aquella comarca haya sido eternizado por esos pinceles.
Lo que sí no debe perpetuarse es la absurda situación con la electricidad que viven los vecinos de la periferia del batey: Reinaldo Hernández, Luis Alberto Acevedo, Eloy José Alejandro de la Rosa, Juan Cabrera, Manuel C. Rodríguez, Gustavo Quintana, Antolín María González y Julio Mesa.
Cuentan ellos que desde 1998 pagaban una tarifa fija a la Empresa Eléctrica, dado que se servían de una tendedera. El problema comenzó al instalarse un metrocontador único para la colectividad, mediante el cual el abono de lo consumido se hace a partes iguales. Es que entre los clientes hay una persona «con un extenso currículo antisocial», según ellos, que se niega a pagar su parte.
La situación empeora con el reciente aumento de la tarifa. Cierto es que antes, con la fija, se protegía el despilfarro por igual; pero hoy, con el metrocontador único, quien ahorra paga por quien derrocha. Para colmo, el evasor se niega a abonar su parte.
La afrenta es conocida por el delegado del Poder Popular, y otras autoridades municipales, sin que se le preste la atención requerida. Lo que les han respondido a los afectados es: «La solución está en sus manos, por tanto, son ustedes quienes deben actuar».
Ellos consideran, con razón, que es peligroso incitar a que en situaciones como estas la gente tome iniciativas para hacer valer lo justo por sus manos, y le corten el servicio al evasor. Para eso hay leyes, y las autoridades deben hacerlas cumplir.
El país hace serios esfuerzos por eliminar las tendederas eléctricas, y que cada quien abone lo que gaste. Ya de por sí, mientras haya un solo metrocontador en Floridano, pagarán los ahorrativos por los derrochadores. Pero mientras no se sustituyan esos colgajos, la Empresa Eléctrica debía cortar por lo sano y ejercer su autoridad con quien la desafía.
En mayo de 2010, Fidel Antonio Labrada (Plácido 446-A, entre A y B, Manzanillo) hizo una reservación para disfrutar de varios días en la base de campismo El Salto de Jibacoa, en el mes de agosto.
El 9 de junio fue a cancelarla en el propio buró de reservaciones de esa ciudad, donde la realizó. Allí, la compañera Margarita le dijo que esos 78 pesos se los devolverían, pero demoraban, por los trámites requeridos.
Desde julio y hasta el 10 de diciembre de 2010, Labrada fue por gusto más de 30 veces al buró de reservaciones. Primero Margarita le decía que no había llegado el dinero. Después, el saludo era: «Todavía nada». Más tarde, Margarita se operó y continuó de certificado médico. Entonces Ana, aunque preocupada por su caso, en cuatro ocasiones le dijo que nada, aunque ella estaba siguiendo el caso. Luego, tres veces tuvo que ver a un joven, quien le dijo que él no atendía eso, había que esperar por Margarita.
El 27 de diciembre —¡al fin!— fue a ver a Margarita. Y al preguntarle por su dinero: nada, hay que esperar a que comience a trabajar el jefe del Departamento Económico, que está de vacaciones.
Ya a inicios de 2011 vuelve a comunicarse con Margarita, quien lo sorprende con una respuesta inesperada: le informaron que el dinero no se va a pagar porque los papeles entraron tarde. Y ya ella no puede hacer nada. Labrada se comunica con Claribel, del Departamento Económico de la base de campismo, quien le reitera que el dinero no se le pagaría y ella nada podía hacer, que la carpetera era la responsable. Varias veces intentó el afectado comunicarse con el Director de la base, pero le fue imposible.
Con toda razón Labrada exige sus 78 pesos y cuestiona: «Estoy sorprendido de que esto haya ocurrido en una unidad del turismo. En mi situación se encontraban también dos personas más. No sé si a ellos se les devolvió su dinero… En esa base de campismo, ¿no se tiene control de lo que ocurre?».
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