Acuse de recibo
Cuando provienen de una institución, las ilegalidades e indisciplinas sociales dejan un sabor más amargo y una sensación de indefensión en las víctimas.
Aidé Velázquez (Calle 5 No. 14, bajos, entre 306 y 308, Santa Fe, Playa, Ciudad de La Habana) tendría muchas razones para celebrar la adquisición de su nueva casa en un país con tantos problemas de vivienda, si no fuera porque desde que se la confirieron, hace más de ocho meses, por su condición de caso social, aún es una ocupante ilegal de la misma.
De vez en cuando irrumpe aquí un caso típico de esas morosidades burocráticas: todavía a Aidé no se le ha entregado la propiedad del inmueble ni el habitable. Por ello, debe trasladarse hasta el barrio de Buenavista, donde vivía antes, para adquirir sus productos alimenticios normados por la libreta, pues mientras no tenga la propiedad no puede hacer el traslado de aquella. De Santa Fe a Buenavista es imposible viajar diariamente, por lo cual Aidé ha perdido muchos alimentos, como carnes y huevos.
Como corolario de este desfase en la «ilegalidad», no tiene asignación de ningún tipo de combustible para cocinar: ni gas, ni queroseno, como tampoco el módulo de cocción eléctrico. Y la Empresa Eléctrica sí les hizo el contrato para pagar ese servicio, aun cuando no tienen todavía la propiedad de la casa.
Todo se agrava para Aidé, porque tiene a su esposo postrado en un sillón de ruedas y un hijo muy enfermo.
No es solo el caso de esa familia: hay en condiciones habitacionales similares, en Santa Fe, un centenar de vecinos, según le informó la delegada del Poder Popular.
Ningún funcionario, señala, ha ido a explicarles la razón de la tardanza y a darles la información necesaria para que al menos tengan una esperanza y no se sientan como parias en sus propias casas. «¿Tengo o no derecho a decir que somos legalmente ilegales?», cuestiona. Por más excusas que porte la respuesta, no se justificará que en ocho meses Vivienda no haya sido capaz de «legalizar» a esos vecinos.
Elier Acosta (Salvador Cisneros 15, entre Maceo y Garay, Vueltas) es el secretario general de la sección sindical en la Casa de Cultura de esa localidad villaclareña, y escribe en nombre de todos sus trabajadores.
Refiere Elier que ese colectivo tiene resultados satisfactorios en el trabajo con la comunidad, al punto de ser Vanguardia Nacional del Sindicato de la Cultura. Por eso duele mucho, afirma, que se haya desviado de su ruta un equipo de audio asignado a esa institución.
No precisa las gestiones hechas y qué puertas han tocado, pero asegura que algún funcionario de un nivel superior dio la firma para que el equipo, ya destinado a ese colectivo, tomara otro rumbo. Tampoco se les ha informado nada, y todo ha quedado en una nebulosa.
Y contrasta la necesidad que tiene la Casa de Cultura de Vueltas de un equipo de audio para desarrollar sus actividades, con la holgura de su vecino Camajuaní, que posee tres o cuatro de esos dispositivos funcionando y en óptimas condiciones.
Marta Domínguez (Calle 47 No. 7404, entre 74 y 76, Marianao, Ciudad de La Habana) también alude al silencio ante las denuncias de los vecinos de su cuadra, en torno a un consultorio del médico de la familia abandonado y convertido en baño público por los transeúntes.
Precisa ella que los vecinos han accionado con la higienización del mismo, y alguna protección mínima, pero vuelven personas que hacen sus necesidades allí, como una burla.
Punto permanente en las asambleas de rendición de cuentas, ha concitado informes al policlínico del área, a Higiene y Epidemiología del MINSAP. Pero todo sigue igual. «¿Será que conviviremos con este foco de enfermedades para siempre? ¿A alguien le importa que la salud de los vecinos esté en riesgo? ¿Cuán difícil será enfrentar y resolver esto por las autoridades facultadas?».
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