Acuse de recibo
EL pasado 16 de mayo, el doctor Salvatore Augello contaba que el edificio donde vive, en Máximo Gómez 260, entre Frexes y Aguilera, en Holguín, en 2008, por el huracán Ike, sufrió derrumbe parcial de dos apartamentos en la azotea. Un dictamen del arquitecto de la comunidad los declaró inhabitables, con peligro de derrumbe. Se sugirió demolerlos por riesgo para las viviendas inferiores.
Tras gestiones del delegado del Poder Popular, les otorgaron casas a esas familias. Y quedó en manos de la Dirección Municipal de la Vivienda emitir la orden de demolición.
Pasaron meses y nada, aunque el asunto lo conocía el Gobierno municipal. En noviembre de 2009, ante la asamblea de rendición de cuentas del delegado, la Directora de Vivienda en el municipio prometió la demolición en breve. Pero, según Salvatore, la propietaria de una de las casas había hecho una donación de la misma a su hijo «en franca ilegalidad», luego de declarada oficialmente inhabitable la morada, y de concedida otra. Cuando Salvatore escribió, habían pasado impunemente cinco meses, y estaban sin respuesta los de abajo, que sufrían las filtraciones.
Responde Archy Lam, director de Vivienda en la provincia, que era cierta la no habitabilidad de los dos apartamentos, así como la asignación de nuevas casas a esas familias. Pero no hubo tal donación, aclara, sino una solicitud de Ravel Anderson Cruz, hijo de la antigua arrendataria Carmen Guillermina Cruz, para hacer el traspaso de arrendamiento de la casa a su nombre. Y a esa solicitud se accedió por Vivienda municipal.
Precisa que, ante la investigación hecha a raíz de lo publicado, no procedió tal autorización, motivo por el cual se solicitó a la Fiscalía declarara la lesividad del acto jurídico realizado. Se emitió una resolución restableciendo la legalidad y cancelando el derecho otorgado a Ravel.
Cuando Archy respondió, el 7 de junio, había una orden de demolición que debía ejecutarse lo antes posible. Sobre la autoría de la violación, especifica que participaron cuatro funcionarias, a las cuales se les aplicaron medidas disciplinarias. A Yaimara Pupo, técnica investigadora de la Vivienda, se le demovió por seis meses a un cargo inferior y sin derecho a recibir estímulos adicionales. Y se les aplicó amonestación ante el colectivo a Nereyda Riverón y Yudenia Torres, especialistas principales del Departamento Jurídico, y a Alberta Santiesteban, técnica en Derecho.
Agradezco la respuesta de Lam, y solo pregunto por qué, si la Directora de la Vivienda ordenó la demolición, se incumplió por tanto tiempo, para afectación de los vecinos. Y cómo ante algo ilegal —la solicitud de arrendamiento de un inmueble ya declarado inhabitable y para demoler— hubo tal pasividad, al punto de que la publicación lo reveló.
Habrá que ver hasta cuándo se aplicarán demociones temporales y amonestaciones ante tales transgresiones.
Margarita Reynoso (San José 856, Centro Habana) cuenta que el 9 de agosto pasado, en el inmueble contiguo, de tres pisos y pésimas condiciones, hubo un derrumbe en la vivienda del último piso. Por ello, parte de la pared que colinda con su casa amenaza con caer sobre su placa.
Margarita se dirigió a Arquitectura y el dictamen fue de demolición. Según el arquitecto, de caer la pared sobre la placa de la reclamante, la partirá y podría cobrar la vida de alguna persona.
Los de Demoliciones fueron enseguida y mandaron a apuntalar todas las viviendas. Hay dos familias a merced de los vecinos. Y ya han transcurrido dos meses y todo ha empeorado por las inclemencias del tiempo. La pared continúa abriéndose, y a cada rato se sienten caer pedazos de piedras.
Margarita comprende que la situación del país es difícil, y muy crítica la de la vivienda, pero lo único imperdonable sería esperar a que ocurra una desgracia, y haya que lamentar pérdida de vidas humanas.
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