Acuse de recibo
El pasado 3 de julio reflejé la queja de María Elena Díaz Peribáñez, directora de la empresa Tecnoazúcar en la ciudad de Matanzas, quien refería que el 16 de junio la Empresa Eléctrica le retiró el servicio a ciertas entidades por determinados incumplimientos.
Pero como al banco de transformadores del que reciben electricidad esos clientes también está asociado Tecnoazúcar, señalaba, dicha empresa fue desconectada. Y no fue hasta varios días después que se normalizó la situación. Para entonces, esa entidad ya había dejado de captar cuantiosos ingresos. María Elena esgrimía que entre Tecnoazúcar y la Empresa Eléctrica hay un contrato, por el cual ella haría una reclamación comercial, y enfatizaba en «el perjuicio social y político que, día a día, y por actitudes esquemáticas y burocráticas como esta, se le inflinge a la economía nacional».
Al respecto responde Frank Emilio Falcón, director general de la Empresa Eléctrica Matanzas, que como parte de la política de controlar el consumo de energía eléctrica, la Unión Eléctrica determinó iniciar la recontratación de ese servicio en todo el país. Y en la provincia de Matanzas, de conjunto con el Gobierno, durante abril y mayo se desarrolló un proceso de información y preparación previas.
Muy cercano al cierre del plazo para la contratación y teniendo en cuenta que existían morosos, se decidió el corte del servicio eléctrico a las entidades que no se habían presentado en todo ese tiempo a coordinar, al menos, la conciliación y la firma del nuevo contrato.
Así, en ese territorio se realizaron cortes del servicio a varios organismos y entidades, los cuales no hicieron reclamación alguna porque reconocían haber incumplido con el acuerdo del Consejo de la Administración Provincial en tal sentido.
En el caso de Tecnoazúcar, aclara Frank Emilio, se indicó un corte, junto a otros tres servicios que se sirven del mismo banco de transformadores, por no haberse presentado ninguno de ellos a la conciliación y contratación. Pero, con excepción de Tecnoazúcar, los otros reaccionaron de inmediato y cumplieron la tarea. «Esas entidades también contaban con contrato vigente. De seguro tuvieron sus afectaciones, pero reconocieron el incumplimiento de lo orientado», apunta el funcionario, y agrega: «Sin dudas, pudo y debió evitarse este perjuicio al que hace alusión la dirección de la entidad.
«El 6 de julio, cuando nos entrevistamos con la compañera directora en persona —afirma—, pudimos una vez más explicar el proceso íntegramente y el porqué de la decisión de recurrir al corte y qué nos amparaba legalmente para hacerlo, aun cuando existía un contrato previo al proceso. Las secuelas no tuvieron como protagonistas al error, ni al abuso de poder y a la indolencia de la entidad que represento».
Con tantas carencias de transporte público que tiene el país, causa estupor el testimonio del lector Juan Ramón Guerra, residente en Calle 9 No. 725, reparto Puerto Príncipe, en la ciudad de Camagüey.
Refiere él que en esa ciudad muchos equipos de transporte estatales, aun cuando viajen con capacidades vacías, incumplen con la obligatoriedad de parar ante la señal de los inspectores conocidos como «amarillos».
Juan Ramón confiesa que uno de esos inspectores le manifestó que ellos anotan el número de chapa del transgresor, pero «eso queda en el papel anotado, y nadie se ocupa de sancionarlos».
Juan Ramón considera que «se deben tomar medidas fuertes con esos individuos que andan en carros al servicio del Estado, y no miran la necesidad que tienen los demás».
Oportuna alerta, porque no es solo en Camagüey donde, cuando se baja la guardia un tilín y se comienza a legitimar la insolidaridad, muchas transgresiones de ese tipo quedan impunes. Está por conocerse todavía el chofer estatal que, por reiterados incumplimientos de una disposición gubernamental como esa, reciba una sanción ejemplarizante en su centro de trabajo.
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