Acuse de recibo
Si quienes afectan al prójimo tuvieran que indemnizarlo de su propio bolsillo, al menos los insensibles se medirían un tanto más para desatender y desconocer los daños que ocasionan.
Ariel Reinaldo Colón (Edificio 2, apto. 4, reparto Tito González, Sagua la Grande, Villa Clara) cuenta que la Empresa Presupuestada de Servicios Comunales de ese municipio contrató con la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Raúl Valencia los servicios de dos tractores con carreta para la recogida de desechos sólidos en Sagua y el poblado de Isabela de Sagua.
El contrato facilitó que, por parte de la CCS, Ariel comenzara a prestar ese servicio como operador en junio de 2008. El pago de Comunales a la cooperativa fue puntual, hasta que en abril de 2009 comenzó a deberle; a pesar de que el contrato se actualizara el 1ro. de enero de 2009, con validez por tres años. «Nadie lo canceló —señala Ariel—, nadie me comunicó que no siguiera trabajando».
El afectado se dirigió al económico de la cooperativa, y este le dijo que Comunales no les estaba pagando, razón por la cual Ariel no podía cobrar. Fue a ver entonces al económico de Servicios Comunales, y este argumentó que el dinero sí existe, pero el Banco no autorizaba el pago.
Entonces fue a ver al jefe de Despacho del Gobierno municipal, quien le prometió que se resolvería el problema. Se entrevistó tres veces con ese funcionario, quien le afirmó que se había enviado el caso al Gobierno provincial.
Pero pasaban los meses y no aparecía la solución. Se dirigió a múltiples instancias y autoridades en el municipio, y le aconsejaban que esperara respuesta.
Lo cierto es que Ariel siguió naufragando en su empeño, preguntándose cuándo le harían justicia, asombrándose de que un documento de estricto cumplimiento, como lo es un contrato entre dos entidades, haya quedado en letra muerta, en apenas un papel ignorado.
El pasado 18 de septiembre, reflejé aquí el disgusto de Ricardo Pons (Martí 47, en la localidad Máximo Gómez, municipio matancero de Perico). No era para menos: se sentía invadido en su propia casa por una piquera de autos de alquiler.
Las columnas de su portal estaban ennegrecidas de suciedad porque las personas que allí se agrupaban se recostaban con los pies, al igual que sobre las barandas. Siempre había alguien sentado a la entrada de la casa. Escándalos, palabras obscenas…
Ricardo lo planteó en la asamblea de rendición de cuentas del delegado de junio de 2009, se quejó con el director municipal de Transporte, gestionó en el Gobierno municipal, y le aseguraron que se reunirían con los «boteros»y la Policía para solucionar el asunto. Finalmente le dijeron que se estaba analizando hacia dónde trasladar la piquera. Pero todo seguía igual. «Me pregunto hasta dónde tengo que seguir quejándome para que se tome con seriedad mi inquietud y se respete mi tranquilidad», manifestaba.
Al respecto, responde Abelardo Zuaznábar, presidente del Gobierno municipal, quien asegura que a Ariel se le respondió que se buscaría una solución, pero debía lograrse con el consenso de todos los implicados: Tránsito, PNR, inspectores, electores y los propios porteadores privados. Luego de varios análisis, se decidió trasladar la piquera para un área aledaña a la Agencia de Pasajes de la localidad, donde ha estado funcionando desde el 28 de septiembre de 2009.
Y reconoce el presidente que desde el momento en que conocieron de la información por el periódico, «incrementamos la agilidad del proceso que ya se venía desarrollando con prontitud».
Agradezco la respuesta y la solución definitiva. Ojalá se hubiera resuelto a tiempo allí mismo, sin que Ariel, ya desgastado de esperar y gestionar, acudiera a un periódico nacional, para algo que era sencillo de dirimir localmente, como después se demostró.
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