Acuse de recibo
El pasado 20 de septiembre reflejé aquí la historia de Elva Rosa Darias (Agramonte 22, Florencia, Ciego de Ávila), una mujer que aguarda pacientemente por que le restituyan lo que le pertenece: la planta baja de su casa.
Contaba Elva Rosa que en 1974 su esposo accedió generosamente, ante dirigentes de la localidad, a prestar esa planta de su vivienda para que habilitaran un policlínico. Él falleció en enero de 2002, y mucho antes había reclamado a las autoridades locales lo prestado, y siempre le solicitaban tiempo.
Cuando Elva Rosa intentó poner a su nombre la casa, la notaria le dijo que solo podía adjudicarse la planta alta, pues la de abajo la ocupa Salud Pública. Ella entonces habló con el presidente del Gobierno municipal, quien le aconsejó hiciera una reclamación judicial.
En 2004 comenzó el proceso, y concluyó nada menos que el 31 de enero de 2007 con una sentencia a su favor dictada por el Tribunal provincial Popular de Ciego de Ávila, para que se le devuelva la planta baja del inmueble.
Pero la sentencia permaneció en el buró de la jurídica de la Dirección Provincial de Vivienda, hasta que la afectada tuvo que hacer reclamación en Fiscalía Provincial. Diez meses después llegó el fallo. Y fue cuando Vivienda dictó resolución para la entrega. Pero la demandante tuvo que soportar, mucho más tiempo, yendo al Gobierno municipal y sin solución.
Desesperada, reclamó ante el Tribunal Supremo Popular (TSP) por no ejecución de sentencia. El 20 de enero de 2009 llegó el fallo del TSP, reafirmando el obligatorio cumplimiento de lo dispuesto. Y, sin embargo, no se ha cumplido.
Hasta aquí los antecedentes de lo denunciado entonces. Ahora responde Juan Alberto Muiño, director de la Vivienda en la provincia Ciego de Ávila, quien señala que esa parte del inmueble fue utilizada por concepto de préstamo por más de una entidad, hasta recibirlo Salud Pública en 1974. Entonces se acometieron acciones constructivas que lo convirtieron en el único policlínico de la localidad.
«Tal como se colige de lo expuesto —manifiesta—, las autoridades del municipio deben decidir lo pertinente, pues se requiere disponer de una instalación que permita la ubicación de ese centro, y que necesariamente requiere de una inversión, situación que hasta el momento no ha sido resuelta, a partir de la paralización de la citada inversión que con ese fin se ejecutaba».
Agradezco la respuesta, pero lamentablemente ella nos deja con la inquietud intacta.
La solidaridad de una familia para con las autoridades locales y la comunidad no puede pagarse así. Elva Rosa ha esperado muchísimo tiempo, y hasta tuvo que llevar el asunto a los Tribunales. El colmo fue el engavetamiento por parte de Vivienda del fallo, de lo cual la respuesta no da explicaciones.
Tampoco se ha hecho valer ese fallo del Tribunal Provincial. Y ya el extremo es que la decisión del Tribunal Supremo no ha sido acatada. ¿Cómo es posible tal impunidad?
¿Por qué se paralizó la inversión que se ejecutaba? ¿Hasta cuándo esa señora deberá esperar por lo que le pertenece? ¿Qué hubiera sucedido si los roles estuvieran invertidos? En todos esos años, ¿no se ha podido priorizar la construcción de un policlínico para cumplir con Elva Rosa, con tantas inversiones que se han realizado en tal sentido?
Evidentemente, hay muchas preguntas gravitando en esta historia. Y alguien deberá dar respuesta diáfana de por qué una familia que prestó un servicio a la comunidad debe soportar esta permanente postergación de sus derechos.
Al final, la legalidad está quebrantada. Y Elva Rosa se encuentra desarmada, en una batalla muy desigual. Quizá son muchos los que tienen que ponerse de acuerdo y decidir, pero ella está sola, con su problema. Al menos esa es la sensación que deja la carta de respuesta.
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