Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Mucha razón tenía Rolando Aleaga, quien el 17 de septiembre de 2008 denunciara el proceder con él de la Dirección Municipal de Vivienda de Nuevitas, Camagüey. Ojalá que tales historias no se reeditaran en este 2009, pienso cuando leo la respuesta al respecto enviada por Leonel del Risco Franco, director de Vivienda en esa provincia.

Aleaga contaba entonces que en 1980 por su centro de trabajo se le había otorgado la vivienda donde reside, la cual concluyó de pagar con los años. Y por negligencia de alguien, él pagó 4 000 pesos más de lo indicado en el contrato.

Al presentarse en la Dirección Municipal de Vivienda de Nuevitas, se le dijo que presentara la solicitud para otorgarle el Título de Propiedad. Eso había ocurrido hacía más de dos años, cuando Aleaga escribió a esta columna. Y aún no había recibido ni el título de propietario ni los 4 000 pesos de más. No es fácil...

A propósito, señala Del Risco que se realizó la investigación de rigor y el contrato correspondiente expiraba a los 20 años, el 31 de mayo de 2005. Así, se encontró en el expediente una carta de Aleaga, solicitando su Título de Propiedad, con fecha 3 de abril de 2007, y se entrevistaron con él.

Se confirmó así que la jefa del Departamento de Administración de la Vivienda archivó la carta de solicitud en el expediente, y no le explicó al demandante el procedimiento que debía seguir, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 619 de 2003, en su artículo 29; y en los artículos 12 y 17 de la resolución 58/87, incisos a y b.

A la funcionaria se le aplicó una medida disciplinaria interna, precisa, por no orientar lo establecido. Y a Aleaga se le reconoció su derecho a que se le transfiera la vivienda.

Agradezco la respuesta, solo que no se aclara si por fin se le devolvieron los 4 000 pesos de más a Aleaga; ni se define cuál medida disciplinaria se aplicó a una funcionaria que, archivando una solicitud, y violando un procedimiento, dejó durante mucho tiempo sin solución ni atención a un ciudadano que había cumplido sus deberes con la Ley General de la Vivienda.

El 5 de agosto de 2008 José Luis Pérez Hurtado denunciaba aquí el tiempo que llevaba cerrado el Círculo Social de la localidad de Zulueta, en el municipio villaclareño de Remedios, con el pretexto de que iba a ser reparado debido a los serios problemas constructivos que presenta.

Pero la ansiada reparación no se ha concretado, y una parte del local se otorgó para una vivienda particular. Mientras, el antiguo edificio, patrimonio histórico y cultural de la localidad, sigue mostrando su abandono y destrucción.

A propósito responde Jorge Luis Valdés Llerena, director de Comercio Municipal en Remedios, quien confirma los serios problemas constructivos del inmueble, por lo cual los servicios que ofrecía el mismo se trasladaron para otros sitios.

Aclara que lo que fue entregado en carácter provisional, a una trabajadora del Comercio con una grave situación habitacional y familiar, es un área adjunta al Círculo.

Precisa que la reparación requerida en el Círculo Social solo podrá realizarse cuando se apruebe la inversión correspondiente, la cual ha sido solicitada, y no aprobada, en 2007 y 2008, por existir otras prioridades en el territorio.

Aun así, insiste en que no han renunciado a ese propósito, convencidos de que urge incrementar las opciones de recreación de los jóvenes y los no tan jóvenes en Zulueta.

También hormas mentales

Blas Anzardo Pupo sí que no «cojea» mentalmente y va derechito a los asuntos, cuando condena la desatención que tienen impedidos físico-motores de Camagüey en algo tan elemental y necesario como el calzado especial que ellos requieren usar.

El remitente, quien reside en Avenida Quiñones 101, entre B y C, reparto Saratoga de la ciudad de Camagüey, relata que para poder caminar debe tener un zapato 12 centímetros más alto que el otro.

«Teníamos —señala— una tienda-taller en la céntrica calle República, con teléfono para llamar y saber cuándo había materiales. Pero hicieron allí una tienda en divisas, y llevaron el taller fuera de la ciudad, sin teléfono, adonde para ir hay que coger una difícil guagua o un bicitaxi que te cobra 50 pesos».

Merece todo el respeto su argumento: «Cualquier persona que no tenga discapacidad, va a la shopping o al mercado artesanal y se compra un par de zapatos. En el caso nuestro, nos hacen —de muy mala calidad— un par de zapatos al año, cuando hay materiales».

Blas pregunta por qué no tienen garantizado el material para al menos ese par de zapatos al año. Y cuestiona más: «¿Quién dijo que un par de zapatos mal hechos duran un año? Después ellos no los reparan porque dicen que no tienen materiales».

Significa el remitente que ese taller es provincial, por lo cual deduce que su situación es la de muchos limitados físico-motores en la provincia. Y algo que le disgusta mucho es que «el administrador de ese taller no les da la cara a los usuarios».

Comprendo perfectamente a Blas. Es inconcebible que, si hemos alcanzado objetivos más difíciles y complejos, no puede entenderse que ni siquiera podamos garantizarles a esas personas, que tanto se crecen por sobre sus impedimentos, al menos un digno par de zapatos al año. ¿Con qué hormas mentales se proyecta el calzado de los limitados físico-motores en Camagüey?