Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Alfonso León tiene 87 años, pero le sobran aún tiempo y agallas para reivindicar a su fallecido hijo Daniel León Medina, ante la Empresa del Seguro Estatal Nacional (ESEN). Hay dinero de por medio en el litigio, pero más sagradas aún son la memoria y la voluntad de Daniel. Y cuando un padre lo apuesta todo por su hijo, no hay quien lo detenga.

El anciano, que reside en Floro Pérez, municipio holguinero de Gibara, me cuenta en una carta muy lúcida y consistente que su hijo llevaba varios años pagando un seguro de vida cuando falleció en 2002. Y la beneficiaria del mismo era la madre, esposa de Alfonso.

Al hacerse la reclamación entonces, el Seguro les entregó una tarjeta con el número de expediente 02/962, que aún conserva el viejo. Extrae de vez en cuando el cartoncito de una gaveta, y llora de tanto recordar, pero también de rabia e impotencia. Luego se aprieta el cinto y jura seguir adelante.

El monto es de 20 mil pesos, les informaron el día en que les dieron la tarjeta. Pero entonces no se pudo cobrar, porque lamentablemente la beneficiaria había fallecido tres meses antes que el asegurado. Se imponía hacer entonces una Declaratoria de herederos.

Y hacer una Declaratoria de herederos no es silbar y ya. Pero se pone tan fatal, que esos trámites imprescindibles se dilatan por lo de siempre: esa desgracia de que en los documentos oficiales aparezcan pifias, erratas, gazapos o como quiera llamársele al sesgo de la imperfección humana. Hubo que corregir errores en el nombre de Adolfo...

Y los documentos viajaron a la capital, en una especie de exilio interminable por esos vericuetos de la burocracia, que Alfonso identifica como «tortuoso camino». Así, se le fueron cinco años al veterano.

Ya en 2007, al presentar la tarjeta con el número de expediente y la dichosa Declaratoria de herederos, fue cuando Alfonso estuvo al borde del infarto: el expediente no aparecía. Así, sin más ni más.

A los tres meses de estar visitando las oficinas del Seguro y reclamando, entonces le plantearon a Alfonso que habían designado un detective para que reuniera las pruebas necesarias y conformara de nuevo el expediente perdido.

El investigador lo concluyó todo en dos meses. Pero en la respuesta que le dio el Seguro a Alfonso, «aunque parezca increíble, no hace referencias al resultado de la investigación, razón por la cual tuvimos que esperar largo tiempo». Eso sí: le comunica que no hay derecho al beneficio «por haber realizado la reclamación después de un año».

Ahora Alfonso acopia paciencia y se pregunta: «Para dar respuesta, ¿tenían que esperar a la culminación de la investigación del detective?» Y se responde: «Eso solo demuestra que estaban perdidos y no sabían qué respuesta dar en este caso».

Acusa cuando se cuestiona: «¿Qué culpa tiene la familia del asegurado de que al presentarse de nuevo con los documentos solicitados, no se encontrara ninguno de los especialistas que les habían atendido anteriormente? ¿Qué culpa de que en dicha oficina hayan botado el expediente abierto en el año 2002?»

Alfonso increpa con la prueba en la mano: la tarjeta, emitida por el Seguro, de puño y letra de la especialista. Y va más al fondo: «¿Cómo es posible que en la investigación del detective no se tuvieran en cuenta ni a la compañera que atendía reclamaciones, ni a los compañeros de trabajo de su hijo, que estaban asegurados junto con él, elementos claves para llegar a la verdad?».

Alfonso le pone flores a la imagen de su hijo y le promete que no cejará, porque ya es un asunto de honor y de justicia, más allá de los 20 mil pesos que, considera, le deben.

Su sentencia es rotunda: «La respuesta del Seguro es injusta y arbitraria. Tengo la esperanza de que así quede demostrado ante los Tribunales».

Seguro que sí, exclama el anciano.