Acuse de recibo
Ricardo Hernández Arencibia es un septuagenario jubilado que aguarda porque se le haga justicia bancaria con respecto al pago de su vivienda. Y se pregunta cuándo va a suceder.
El remitente, quien reside en Arroyo 152, entre Monte y Mercado, en el municipio capitalino de Centro Habana, manifiesta que la casa donde vive está a nombre de su esposa María Nila Borrego, pero ha sido él quien la ha ido amortizando, de acuerdo con un contrato con fecha 20 de febrero de 1989. El documento rezaba que el pago se haría en 180 mensualidades de 7,75 pesos, en 15 años.
Asegura Ricardo que durante diez años desembolsó la mensualidad en la agencia bancaria de Galiano y Reina, y en 1998 lo trasladaron para la de Monte y Carmen. Pero en esta, cuando ya se cumplían los 15 años estipulados en 2002, y se suponía que hubiera liquidado su deuda, le dijeron que, de acuerdo con los datos de la computadora, él había pagado solo desde 1998 hasta 2002. Sucedía que la de Galiano y Reina no había reportado lo desembolsado diez años.
Ricardo se personó en la agencia de Galiano y Reina a reclamar el pago de esos diez años. «Y con sorpresa —manifiesta— recibí como explicación que entre 1989 y 1998 en esa instalación aún no había computadoras, y por lo tanto esos documentos no existían».
Así, Monte y Carmen continuó cobrándole las mensualidades hasta septiembre de 2006 «por lo que he pagado de más un total de mensualidades correspondientes a tres años y nueve meses, por encima del contrato firmado».
Plantea que ese dinero se lo deben reintegrar, pero en la agencia bancaria de Infanta y Manglar, donde le entregaron el Título de Propiedad, la gerente le explicó que él debía solicitar la cantidad pagada por el sub-mayor de su cuenta.
«Y la gerente de la agencia de Galiano y Reina, quien, por cierto me atendió con suma amabilidad, tuvo la gentileza de buscar en las libretas o libros de pago los diez años que él había pagado allí», afirma. Pero le explicó que ella no le podía entregar a él personalmente esa documentación, pues es la agencia bancaria de Infanta y Manglar la que debe solicitarlos a través de la computadora.
«En fin —apunta—, hasta hoy sigue el peloteo, que ya se está convirtiendo en una falta de respeto, pues se trata de un asunto que deben resolver las agencias bancarias involucradas en el mismo, y no yo a título personal, aunque soy el interesado».
La segunda carta la envía Gilda Ramos, vecina de Guasabacoa 458, entre Pérez y Rodríguez, en el barrio capitalino de Luyanó. Ya Gilda es conocida aquí por su denuncia —publicada el 22 junio de 2006— acerca de un bulto postal que le habían enviado desde Sagua de Tánamo con cuatro libras de café que nunca llegaron. Lo que encontró Gilda al recibir el paquete en el correo de la Zona Postal 7, fueron 35 recortes de metal y cuatro periódicos españoles que habían sido enviados vía postal a distintos destinatarios del municipio de 10 de Octubre.
A propósito de esa denuncia, el 15 de agosto de 2006 esta columna reflejó y elogió la respuesta de la Presidencia de Correos de Cuba, que daba cuenta del proceso judicial iniciado contra un grupo de trabajadores de la Gerencia Internacional de esa empresa —por donde pasan todos los bultos que llegan del exterior o van de una a otra parte del país— y que tenían relación con ese y otros casos denunciados aquí.
Pero también Acuse reflejó la promesa de Correos de Cuba: «La documentación referente a cada investigación realizada, se está remitiendo a cada cliente con el objetivo de proceder a indemnizar cada caso, según corresponda, antes del 20 de agosto de 2006».
Gilda me escribe, con fecha 13 de diciembre de 2006, para contar que en lo referente a ella, hasta ese día nadie se había personado por allí, luego de casi cuatro meses. «Yo lo tomo como un engaño y una falta de respeto a mi persona particularmente. No es solamente que indemnicen a uno, sino ver la preocupación y que le den a uno la respuesta adecuada».
¿Se habrá extraviado también el desagravio hacia esta clienta?
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