Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 4 de octubre, esta columna reflejó la queja del lector Ricardo Zulueta Savigne, acerca de lo que él consideraba «la desatención y el maltrato» de Cubana de Aviación para con los pasajeros del vuelo 984 Ciudad de La Habana-Santiago de Cuba del 23 de agosto de 2006.

Entonces, Ricardo relataba que, con el pasaje reservado previamente para ese vuelo, arribó ese día al aeropuerto José Martí de Rancho Boyeros mucho antes de las 5 de la mañana, con vistas a chequear a esa hora.

Cuando fue a hacerlo, informaron que el vuelo estaba retrasado, pero no especificaron qué tiempo sería. A las 8 y 35 de la mañana, ante las solicitudes de varios pasajeros, la representante de Cubana de Aviación explicó que la demora era por causa de dificultades técnicas en el avión, por lo cual la compañía asumiría los gastos de alimentación de los pasajeros. A las seis de la tarde se anunció la salida del vuelo, pero luego les comunicaron que el mismo demoraba. Al fin, a las 7 y 40 de la noche partió la nave. Pero Ricardo se cuestionaba quién iba a resarcir a los pasajeros por la demora, la falta de atención y las incomodidades por la espera de más de 14 horas.

Al respecto, responde el ingeniero Juan Daniel Vidal Batista, vicepresidente comercial de Cubana de Aviación S.A., quien comienza su carta ofreciéndoles disculpas a los pasajeros por las molestias ocasionadas, y señala que se analizaron todos los detalles de la demora.

En consecuencia, precisa que, de acuerdo con las normas internacionales de seguridad del transporte aéreo, cuando se va a realizar un vuelo toda aerolínea está en la obligación de certificar el estado técnico de la aeronave correspondiente. Si existe alguna premisa técnica que pudiera poner en peligro la seguridad del vuelo y la vida de los pasajeros, afirma, se toman, por parte del personal técnico, las medidas en cuanto a la operación o no de la nave. Ello implica que si la falla puede ser resuelta, se demora el vuelo; y si no fuera posible, se cancela el mismo.

En este caso, argumenta, «por razones técnicas lamentablemente el vuelo se canceló. Cumpliendo con la responsabilidad contraída con los pasajeros de llevarlos a su destino lo más pronto posible, y teniendo en cuenta la disponibilidad de aeronaves, se les ofreció servicios de alimentación, y se preparó un vuelo como está establecido».

El Vicepresidente considera que «se cumplieron todas las normativas establecidas, siempre teniendo en cuenta que la vida de los pasajeros que transportamos es para nosotros el tesoro más valioso, y nunca la pondríamos en riesgo».

Agradezco la respuesta y el esclarecimiento del caso. Eso dice de la confiabilidad y seguridad de la aerolínea, más que probada a lo largo de muchos años. Solo que, de no existir indemnizaciones por las demoras, al menos en este caso, según el testimonio del pasajero, se requiere una información minuciosa y a tiempo, y no cuando los pasajeros la soliciten. De habérsele transmitido a los viajeros el espíritu de la carta que hoy reseñamos, quizá todo hubiera sido distinto.

La segunda carta la envía Yanelis Pierre Téllez, de calle 51 número 1446, reparto Abel Santa María en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Ella relata que su abuelo comenzó a pagar su vivienda en 1971. Y cuando se jubiló en 1992, la misma pasa a régimen de propiedad, para continuar pagándola en el Banco Popular de Ahorro.

Pero entonces, al propietario le exigen pagar desde cero. «Es decir, argumenta, se pasó 20 años pagando la mensualidad de la casa, y nunca le reconocieron todo ese tiempo que estuvo haciéndolo».

Yanelis cuestiona: «¿Ese dinero que pagó todo ese tiempo perdió su valor? Hoy mi abuelo tiene 76 años y llevaba 35 pagando su casa. Y todavía le faltan por pagar 2 567 pesos, no sé si por el Banco o la Dirección de la Vivienda».

Una vez más, irrumpe el problema de la información transparente en algo tan sensible como lo es la propiedad de la vivienda. ¿Es que aún le quedaba por pagar? ¿O realmente se está desconociendo lo ya tributado? Ante la duda y la ambigüedad, bien merece el ciudadano un esclarecimiento responsable.