Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Vibraban los vasos de cristal y las lágrimas de la antigua lámpara de la sala. No era nada sobrenatural ni movimientos telúricos, sino la vibración provocada por explosiones en las canteras. Esa fue la primera alerta, para Roberto Cano, de que peligraba su casa, en Callejuela 1ra. número 4, reparto La Gloria, en la ciudad camagüeyana de Nuevitas.

Hace más de ocho años que Roberto viene denunciando en las asambleas de rendición de cuentas del delegado lo que califica como «la forma irracional» en que la fábrica de cemento de esa localidad realizaba tales explosiones para extraer materia prima y así garantizar su producción.

Y alertó mucho antes de que aparecieran grietas en su vivienda y en otras del reparto, que está a unos dos kilómetros de las canteras. Ya a estas alturas su casa «está en peligro de derrumbe, según dictamen de Vivienda del 24 de agosto de 2004». Lo peor es que hay otras 44 casas, todas de placa, afectadas en sus estructuras por similar causa.

Tal fue el impacto, que Sismología tuvo que realizar un estudio, del cual los vecinos nunca tuvieron los resultados. Y a partir de entonces, la explotación de las canteras cambió, pero ya el daño a las viviendas estaba hecho.

Roberto ha denunciado el caso en el municipio, la provincia, y hasta con autoridades nacionales. Han ido funcionarios a entrevistarse con él. «Se han preocupado, pero no se han ocupado», advierte con propiedad.

La cuestión es que su casa es una reliquia familiar, y tiene un gran patio con árboles frutales donde él cultiva la afición del bonsai. Le han ofrecido otras viviendas en tres ocasiones, pero ninguna tiene las condiciones de la suya, que existía mucho antes de que comenzaran los trabajos de las canteras. «¿Por qué tengo que renunciar a mis raíces y mis valores?», señala.

Él considera que en ese conflicto no se ha aplicado el principio de responsabilidad material de una entidad estatal para con los ciudadanos, pues la otra salida ha sido proporcionarles los materiales a los afectados para que arreglen lo que ellos no deterioraron.

Roberto considera que quien dañó el patrimonio familiar debe asumir las consecuencias, y se pregunta: «¿Qué sucedería si yo le afectara un motor o un molino a la fábrica de cemento?».

La segunda carta es también la denuncia de un daño ocasionado por una entidad a una vivienda, y que no ha sido restañado aún. La queja la hace Amelia Porras Castro, quien reside en Manuel Pruna 623, entre Infanzón y Pedro Perna, en el barrio capitalino de Luyanó.

Manifiesta Amelia que el 9 de octubre pasado una brigada de ETECSA trabajaba en su cuadra. Habían llegado en un auto Hyundai con chapa BSJ-047 y cambiaban las líneas y las cajas de teléfonos, cuando un operario se subió al techo de la vivienda de Amelia sin su consentimiento, y al caminar por él provocó un derrumbe parcial en la sala-saleta. El orificio mide 6x4 metros.

Amelia reconoce que su techo, de vigueta y tablazón propio de una construcción de principios del siglo XIX, estaba apuntalado hacía unos tres meses. Pero su saleta no se mojaba, ni tenía cercano el peligro de que algún intruso se internara en su casa.

A partir de plantear su queja en Atención a la Población, en la propia presidencia de ETECSA, se ha entrevistado con numerosos funcionarios, ha recibido visitas de la entidad a su casa, le han prometido que emprenderán los trabajos, pero hasta el momento todo ha quedado en promesas...