Viviendas en Cienfuegos. Autor: Julio Martínez Molina Publicado: 21/09/2017 | 04:51 pm
La posibilidad de conservar la vivienda al emigrar, el acceso a créditos hipotecarios y la regulación de las construcciones en zonas rurales, son algunas de las novedosas aristas que aborda el Proyecto de Ley «De la Vivienda», que se someterá al análisis de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el encuentro previsto para mañana miércoles.
El nuevo articulado pretende modificar la Ley General de 1988, y propone un ordenamiento que abarca desde la producción de nuevos inmuebles hasta la conservación de los existentes, pasando por el financiamiento, la gestión y el reconocimiento de diversas formas de tenencia, todo con un enfoque que integra criterios socioculturales, económicos y de resiliencia climática.
¿Qué novedades propone?
El Proyecto de Ley pretende eliminar la confiscación de viviendas por salida definitiva del país, de modo que quienes emigren podrán conservar sus propiedades, heredarlas y transmitirlas, sin que el cambio de residencia suponga la pérdida del patrimonio.
Esta medida reconocerá la movilidad como un rasgo del presente cubano, y despeja una de las angustias más recurrentes entre las familias con miembros en el extranjero.
En materia de propiedad, el texto propone fijar un límite de hasta dos viviendas por persona natural, aunque la llamada vivienda de descanso —esa que muchas familias poseen en zonas de playa, campo o montaña para el esparcimiento— queda fuera de ese cómputo y puede tenerse de manera independiente.
Las transmisiones por compraventa, donación, permuta o herencia encontrarán procedimientos más ágiles, con una reducción de los márgenes de discrecionalidad de los órganos locales y trámites menos engorrosos.
A ello se añade el financiamiento hipotecario, una herramienta inédita que permitirá a las familias acceder a créditos a largo plazo con garantía del propio inmueble, facilitando la compra o construcción sin depender de ahorros previos inalcanzables.
La norma dedicará atención prioritaria a los sectores más vulnerables. Damnificados por desastres naturales, familias hacinadas, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia doméstica, ahora contarán con mecanismos específicos de protección.
Por ejemplo, la vivienda de residencia familiar se declara inembargable, un blindaje que impedirá que el techo propio pueda ser ejecutado por deudas.
Se incorporará una mirada sensible hacia los jóvenes en edades productivas y reproductivas, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a una casa propia, y en lo adelante serán favorecidos con mecanismos para su emancipación.
El proyecto también aborda la regularización de viviendas construidas sin permisos en zonas rurales, así como de cuartos ocupados sin documento legal, y ofrecerá a muchas personas un camino para salir de la informalidad obteniendo seguridad jurídica sobre su vivienda.
Un terreno que hasta ahora generaba conflictos vecinales de difícil solución es la propiedad horizontal, que en lo adelante quedará regulada con obligaciones de mantenimiento y conservación para edificios de pisos y apartamentos.
Sin duda, el examen y la aprobación que tendrá a su cargo nuestro Parlamento trae consigo la oportunidad de que este robusto andamiaje jurídico sobre la vivienda se traduzca en menos familias hacinadas, menos expedientes enquistados y más certezas para quienes buscan un lugar donde echar raíces dentro de nuestro país.
