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El Presidente del Tribunal Supremo Popular destacó los intercambios sostenidos para corregir distorsiones de la norma jurídica. Autor: Maykel Espinosa Rodríguez Publicado: 22/12/2023 | 01:29 am
La implementación de la Ley No. 143 Del Proceso Penal ha generado una intensa etapa preparatoria que abarcó a magistrados, jueces, fiscales, abogados, instructores y también la Policía Nacional Revolucionaria, según se conoció este jueves en el 2do. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su 10ma. Legislatura.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, señaló que resultaron muy provechosos los intercambios en los protocolos de trabajo con la Fiscalía, los ministerios del Interior y de Justicia, así como con la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, como vía para encauzar los sistemas de trabajo y corregir distorsiones.
De esos diálogos han surgido 143 criterios de perfeccionamiento de la Ley, argumentó, un número dirigido a mejorar la redacción y otros que guardan relación con problemas resueltos por disposiciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Remigio Ferro aseguró que los tribunales en el presente año radicaron 16 762 asuntos en materia penal y al cierre de octubre se habían resuelto 12 219.
Desde el 1ro. de enero de 2022, fecha en que entró en vigor la Ley, y hasta octubre de este año, también se han tramitado los casos de 14 117 víctimas o perjudicados.
Se han juzgado, además, según aclaró, a 15 452 personas, y de ellas fue sancionada el 95 por ciento. En cuanto a los delitos de mayor impacto, informó, estuvieron los daños por sacrificio ilegal de ganado mayor, el tráfico de drogas, malversación, robo con fuerza y los atentados, entre otros.
En todos estos casos el peso de la ley ha caído sobre los ejecutores, al tiempo que los tribunales cumplen y exigen el cumplimiento del debido proceso establecido por la Constitución de la República y las leyes. La reforma judicial no ha implicado el menoscabo al enfrentamiento al delito, aclaró.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, expuso el dictamen elaborado, en el que significó que es una ley adecuada con los requerimientos de un sistema moderno de justicia penal, que responde a las exigencias de un Estado socialista de derecho y que garantiza la preservación de la seguridad ciudadana en el país.
«Ha requerido de la actuación equilibrada entre seguridad y garantía, y exige un salto cualitativo en cuanto al actuar y la capacitación de policías, abogados, jueces, fiscales y todos los operadores de la ley», señaló Toledo Santander, y enfatizó entre las recomendaciones la necesidad de incorporar esta normativa jurídica en planes de estudios de la carrera de Derecho.
«Su aplicación permite enfrentar con rigor el fenómeno delictivo en el país y, por ello, debe analizarse el actuar en la aplicación de la ley para que sea siempre de manera profesional y con la adecuada orientación a los ciudadanos», apuntó.
Sugirió que los tribunales, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y los bufetes colectivos deben seguir el estudio exhaustivo de la norma jurídica para garantizar la capacitación permanente de los operadores de la ley y presentar al Parlamento las propuestas de perfeccionamiento. «Estos órganos deben incrementar su participación en los protocolos de coordinación de sus trabajos», subrayó.
