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7mo. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular desde el Palacio de Convenciones Autor: Maykel Espinosa Rodríguez Publicado: 28/10/2021 | 10:55 am
Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzó este miércoles el 7mo. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su 9na. Legislatura, el cual se desarrolla de forma semipresencial desde el Palacio de Convenciones de La Habana.
La jornada de este jueves incluye el análisis y discusión de los cuatro proyectos de leyes en materia de judicial y sus respectivos dictámenes, así como la presentación y discusión de los resultados de la alta fiscalización del Parlamento al Ministerio de la Construcción y la ratificación de los acuerdos del Consejo de Estado.
Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento. Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Al comenzar la sesión de trabajo, Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, informó de la reunión sostenida en la tarde noche de este miércoles con los gobernadores de todas las provincias y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud, con la participación de todos los diputados y Díaz-Canel en la cual se trataron importantes temas de la agenda nacional, entre ellos el de la vivienda.
Señaló que también se profundizó en el concepto de «poder popular», que abarca un sistema de órganos que van a la base, el delegado, la población. En tal sentido, informó que los días 6 y 7 de noviembre deben reunir todas las asambleas municipales del Poder Popular del país para analizar cómo se ha ido implementando este concepto y el proceso de rendición de cuenta. Además, se examinarán los diferentes temas debatidos durante estos días en el período ordinario y la intervención que realizó el pasado 30 de septiembre Díaz-Canel en la reunión con los presidentes de esa instancia territorial.
Igualmente, se llevará la presentación que realizó el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, sobre la marcha de la economía hasta el 30 de septiembre último, en la cual ratificó que Cuba inicia un proceso de recuperación gradual de esta. «No se trata de una tarea fácil, pero con el empuje de los cubanos dignos y la permanente decisión de resistir y de vencer, más temprano que tarde saldremos adelante».
En Fotos | Con la participación del Presidente y del Vicepresidente de la República de #Cuba????????, @DiazCanelB y @SalvadorValdesM, respectivamente; de Dirección de @AsambleaCuba; inició segunda jornada del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de Asamblea Nacional del #PoderPopular pic.twitter.com/JbrDhBjMZ2
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) October 28, 2021
En la jornada participan el Presidente y del Vicepresidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Salvador Valdés Mesa, respectivamente. Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
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Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del #PoderPopular de #Cuba, en su IX Legislatura. #CubaLegisla #PoderPopular45Años https://t.co/bY2LUBtEdx
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Análisis de los proyectos de leyes en materia judicial
Al iniciar los análisis de los proyectos de leyes, Lazo Hernández dijo que estos fueron sometidos a proceso de discusión previo con juristas del país y consultados con la población en los sitios web de nuestra Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo Popular (TSP). Además, recordó el amplio y enriquecedor debate sostenido el pasado lunes, donde se produjeron unas 60 intervenciones de los diputados que contribuyeron a perfeccionar estas normas y esclarecer dudas y criterios.
Tras esta presentación tomó la palabra Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, quien también se refirió al proceso previo donde se recibieron 3 295 criterios. De ellos fueron incorporados a los textos más de 1 200 propuestas, lo cual demuestra el proceso democrático que ha acompañado este proceso.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular. Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Por su parte José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, significó que estos cuatro proyectos de leyes tienen una importancia fundamental para el desarrollo jurídico del país. «Estas normas desarrollan aspectos esenciales establecidos en la Constitución de la República en el orden de los derechos y garantías que la misma establece e implican por sí mismas una profunda reforma en el orden procesal y judicial en el país.
«Mediante estas leyes, y como desarrollo de los preceptos constitucionales, se precisan y consolidan las garantías al ejercicio de los derechos de nuestros ciudadanos, expresados hoy en leyes vigentes, alcanzándose un notable avance en el perfeccionamiento de la protección de los derechos humanos en nuestra sociedad», significó.
El diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Tribunales imparciales y más cercanos a la población
Al presentar ante los diputados el dictamen elaborado por la Comisión de la norma de los Tribunales de Justicia, afirmó Toledo Santander que, es digno destacar los importantes cambios que la misma realiza a la organización de los tribunales en el país, en coherencia con los principios que se establecen en el Capítulo V de la Constitución, los cuales han sido pormenorizados en la presentación que de esta norma se nos ha realizado.
«Sin lugar a dudas la parcela más fuerte del poder de un Estado lo es el derecho sancionador de que está dotado y el mismo lo ejerce delegando esta función en los tribunales de justicia, a los que encarga además resolver los diferentes litigios en los asuntos que son sometidos a sus juicios», subrayó.
También expresa el documento que ese proyecto de ley va a identificar los principios en que se sustenta la función judicial, así como destaca el principio de imparcialidad y obediencia a la ley de los jueces, permitiendo su actuación libre de restricciones, influencia, presión o intromisión alguna.
Además, destacó que la norma precisa la competencia de los tribunales en todas las cuestiones de índole judicial y su autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que la ley le atribuye.
«Es de significar las formas de elección de los jueces y magistrados que establece su inamovilidad y procedimientos para ser corregidos disciplinariamente, suspendidos o revocados en sus cargos se dotan de las garantías exigibles para ello.
Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
«La nueva estructura que se propone para los tribunales de justicia facilitará un adecuado acceso de las personas a los mismos, un uso más racional de sus recursos humanos y materiales y una mayor calidad y celeridad en la tramitación de los casos», detalló.
Varios diputados pidieron la palabra para expresar sus opiniones sobre la Ley de los tribunales de justicia. La guantanamera Dalia Expósito aseguró que esta ha sido el resultado de un gran ejercicio de pensamiento y de creación colectiva. Lo calificó como un proyecto amplio, superior a la actual Ley 82 que rige el sistema de tribunales del país.
«Es una expresión genuina de los aspectos más contemporáneos de la impartición de justicia —dijo Dalia Expósito—. Incorpora aspectos como la política de calidad de los procesos judiciales, la transparencia judicial apegada al debido proceso y los valores institucionales del sistema judicial cubano».
«El personal que labora en los tribunales se encuentra en condiciones de enfrentar su trabajo con estos nuevos aspectos», opinó.
Por su parte, la diputada Julia Dolores Cabrera, de La Habana, expresó su duda acerca de la elección, desde los municipios, de los jueces legos y preguntó si que se elijan para las instancias municipales y provinciales desde la base no constituirían una contradicción de intereses.
7mo. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular desde el Palacio de Convenciones. Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
En ese sentido, el diputado Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, recordó que los jueces legos constituyen una forma de participación directa del pueblo en la impartición de justicia, lo cual caracteriza a nuestro sistema. Por ese motivo, y como parte de su participación ciudadana se dispone que sean electos desde los municipios.
El secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta Álvarez, explicó que, en Cuba, el hecho de que participe el juez lego es una garantía de nuestro sistema porque significa la participación popular, junto al juez profesional.
«Esa es la trascendencia de lo que estamos aprobando aquí, por eso Cuba se pone a la vanguardia de la administración popular de justicia, con respecto al mundo», aseguró Acosta Álvarez.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, respondió a la diputada que no hay contradicción en ese sentido, y se acude a la Asamblea Municipal porque de lo que se trata es de que el juez que se elige en el municipio conocerá detalles de la instancia en particular donde se desempeñará.
En tanto, el diputado Joaquín Miguel Bernal Rodríguez se refirió a la proactividad de los jueces. «El juez revolucionario cubano hace todo lo que deba hacer en busca de la justicia; no es un juez pasivo, y ahora la ley lo refleja con mayor fuerza», expresó.
En cuanto a la gestión de la calidad judicial, Bernal Rodríguez aseveró que los tribunales cubanos tienen oficinas de atención a la población donde se escuchan opiniones, denuncias, inquietudes, y se hacen análisis para ver cómo está la gestión. Recordó que el tribunal se preocupa por las decisiones que dicta, pues existe el juez encargado del control de la ejecución de las sentencias penales.
Ante la duda de la diputada granmense Caridad Molina acerca de si una ama de casa puede ser juez lego, Remigio Ferro respondió que hay una presencia tremenda de amas de casa y jubilados que son jueces legos. «Lo que hace falta es que tenga prestigio social para que pueda participar con transparencia», expresó.
Procesos penales más dinámicos y transparentes
Al presentar el proyecto de Ley de proceso penal, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, comunicó que a partir de su entrada en vigencia a partir del 1ro. de enero de 2022, se introducirán importantes modificaciones en la tramitación y solución de los procesos penales haciéndolos más dinámicos y transparentes en total sincronía con nuestra constitución y con los instrumentos internacionales.
También explicó que sobre este proyecto de ley, se formularon 1 802 propuestas, de las cuales 1 159 fueron aceptadas. Se tuvieron en cuenta también 138 recomendaciones de 121 investigaciones científicas, así como 23 convenciones y otros instrumentos internacionales.
El diputado indicó entre las novedades que propone, el fortalecimiento del respeto de los derechos y garantías de los acusados y víctimas, la existencia de procesos judiciales más garantistas e inclusivos y la ratificación de la robustez de Cuba como Estado Socialista de derecho y justicia social.
Al dar lectura al dictamen, José Luis Toledo Santander alertó que lo más trascendente resulta el establecimiento del juicio oral como un acto público y contradictorio que se desarrolla de manera concentrada e ininterrumpida, para luego de una libre apreciación de las pruebas, arribar a la sentencia.
7mo. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular desde el Palacio de Convenciones. Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Igualmente, agregó que estas leyes van a estar informadas pro tres principios cardinales: ofrecer las garantías necesarias tanto a los inculpados como a la sociedad, de modo que las sentencias resulten justas, eficaces y educativas, también, concretar las actuaciones y el juicio oral para el logro de una justicia pronta, sin merma de ninguna garantía, así como simplificar los recursos de modo que sus sustanciación y resolución no fueran obstaculizados por requisitos puramente formales.
«La ley de proceso penal que se nos presenta regula elementos relacionados con la legalidad de la privación de libertad, la asistencia letrada desde el inicio del proceso, la pretensión de inocencia, el trato digno y la prohibición de la violencia o coacción en el desarrollo del proceso.
«Además, establece el derecho a lo autoincriminación, la información sobre la imputación en su contra, el juzgamiento por tribunal preestablecido legalmente y mediante leyes penales previas, también el juzgamiento por tribunal preestablecido legalmente y mediante leyes penales previas, la garantía a la no incomunicación, la protección a las víctimas», acotó.
«En armonía con el texto constitucional y como garantía al derecho a la libertad de las personas, perfecciona el procedimiento de Habeas Corpus hoy vigente», indicó Toledo Santander, a la vez que expresó que esta ley instaura un procedimiento que se orienta a la búsqueda de la verdad material de los hechos y mantiene y refuerzas las garantías del sistema acusatorio, todo ello en el justo objetivo de que se revele la realidad del hecho incriminado», puntualizó.
Una ley humanista
A partir de la lectura del dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, acerca de la ley del Proceso Penal, varios diputados expresaron sus criterios en los cuales se reconoció que la nueva norma está a la altura de la ética que requieren estos tiempos. También destacaron que se trata de una norma jurídica que coloca al ser humano en el centro, sobre todo en la protección de la víctima y la exigencia por la realización del debido proceso.
María Armenia Yi Reina, diputada por la provincia de Holguín, significó que la nueva norma da continuidad al espíritu de la Carta Magna, donde se destaca el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la seguridad y la paz. Mientras, la diputada por Santiago de Cuba, Marta del Carmen Mesa, significó que es un paso más hacia ese estado de derecho y justicia social al que se aspira.
Por su parte, Jorge González Pérez, diputado por La Habana, ponderó la extraordinaria labor científica aplicada para la elaboración de esta ley, con las cual se actualiza el sistema judicial, pero con la característica cubana.
También opinó respecto a la norma el diputado Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, quien destacó que es mucho lo que deberá explicarse al pueblo por parte de todos los que tienen que ver con el sistema jurídico en el país, para que se conozca los postulados de esta norma y puedan exigir que se aplique adecuadamente.
En este mismo sentido, Yumil Rodríguez, diputado por Las Tunas, argumentó que se trata de una verdadera reforma del proceso penal, pero ahora es fundamental que se aplique adecuadamente e instó a la Asamblea Nacional a velar porque así sea
Las garantías judiciales frente a la actuación administrativa
Fruto de la elaboración colectiva, colegiada desde la base, al tener en cuenta no solo el criterio de especialistas del sector, sino también de los diputados y ciudadanía, donde se recibieron 240 consideraciones y se aceptó el 55 por ciento, es también la ley del Proceso Administrativo, significó Rubén Remigio Feirro, quien precisó que por su alcance se decidió sacarla como una norma independiente.
Igualmente, detalló el propósito de esta norma jurídica en regular los procedimientos para tramitar y resolver las reclamaciones que se presenten ante los tribunales en relación con los actos, actuaciones materiales y omisiones inapropiadas de la administración pública, así como la responsabilidad de esta por los presuntos daños o perjuicios.
«La norma propuesta introducirá importantes modificaciones en esta materia, al hacerlo más accesible e inclusivo; a la vez, su alusión propiciará un fortalecimiento de la calidad y responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas», expresó.
Por su parte, José Luis Toledo Santander destacó que nunca antes en Cuba un proyecto de legislación procesal administrativa había contemplado las garantías judiciales, frente a la actuación administrativa, de la forma que lo hace esta regulación para los derechos de las personas, el interés público y la propia gestión administrativa del Estado.
Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Apuntó que con esta norma jurídica se instaura un proceso que se ajusta a las exigencias actuales de la justicia a tenor de nuestro texto constitucional vigente, resultado una disposición normativa pertinente, novedosa y ajustada a los reclamos de nuestra sociedad.
Toledo Santander señaló como en ella se regula el proceso administrativo de forma autóctona, en una norma independiente lo cual corresponde a las peculiaridades procesales que lo distinguen y a los derechos e intereses legítimos que, a través de él, se protegen.
Significó que esta autonomía normativa que adquiere el proceso administrativo facilitara el conocimiento y manejo de su contenido, su mejor aplicación por los tribunales y una delimitación más precisa del régimen procesal que ampara, en contrate con otras vías procesales.
El diputado señaló que la norma que se propone posiciona el proceso administrativo como un instrumento jurídico para conocer con mayor amplitud y diversidad, las controversias en relación con el funcionamiento administrativo público y se amplía la competencia de los tribunales en materia administrativa.
Entre las recomendaciones que se propusieron fue encargar a los ministerios de Educación y de Educación Superior adoptar las medidas requeridas para incorporar a los planes de estudios de la carrera de Derecho en lo que a cada cual corresponda según lo establecido en esta ley.
Igualmente, solicitó al Ministerio de Justicia con las facultades o departamentos de Derecho de las universidades del país, trabajar para elaborar una propuesta de ley de procedimiento en el ámbito de la Administración Pública; y al Ministerio de Finanzas y Precios otra sobre las cuestiones no procesales inherentes a la expropiación forzosa.
El diputado de La Habana, Ariel Mantecón Ramos considera que esta «es la ley más retadora que vamos a poner en práctica, porque implica a todas las personas pues de alguna manera todos interactuamos con la administración. La ley tiene un impacto sustancial en la manera en que interactuamos con las administraciones, y constituye un reto saldar esa deuda en los servicios públicos en atención a la ciudadanía».
Por su parte, Oscar Silvera Martínez, ministro de justicia, agregó que esta es una ley que fortalece nuestro estado socialista de derecho y de justicia social, fomentando un ambiente de legalidad y control. «Consideramos que es imprescindible cumplir bien las normas jurídicas establecidas y lograr mayor efectividad en el asesoramiento jurídico de nuestras instituciones. Es imprescindible no admitir nunca lo mal hecho, por ello, nuestros abogados deben lograr mayor disciplina ante los tribunales». Dijo además que quienes dirigen y administran tendrán ahora otra motivación para actuar y decidir bien todos los días.
Dinamizar los procesos judiciales
Al presentar el proyecto de Código de Procesos ante los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, destacó que en su elaboración tuvieron una participación protagónica la fiscalía, las instituciones de justicia, el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, los bufetes colectivos, profesores de la Universidad de La Habana y expertos de la Central de Trabajadores de Cuba y la Federación de Mujeres Cubana.
«De igual forma durante el proceso de elaboración fueron consultados jueces, fiscales y abogados que actúan cotidianamente en esa materia y profesores de la carrera de derecho de varias universidades que aportaron experiencias», argumentó.
Remigio Ferro precisó que, de las 512 propuestas de modificaciones presentadas por los especialistas, se aceptaron 402, lo que representa el 78 por ciento de esas recomendaciones. Además, destacó que la nueva norma se basa en el capítulo referido a los derechos y deberes de las personas que están presentes en la Constitución de la República, así como fueron también referentes las recomendaciones realizadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular al Tribunal Supremo Popular durante su rendición de cuentas al máximo órgano de gobierno del país.
Detalló que la norma propone tipos estandarizados de procedimientos para el derecho civil, de las familias, mercantil y del trabajo y seguridad social, lo cual permite hacer más fácil el trabajo pues, aunque se operan en diversos procesos pueden tener una dinámica operacional común.
Otra novedad es que se incrementan las posibilidades de acceder a procesos legales a situaciones que no tenían antes esa posibilidad. De esta manera temas vinculados a la disciplina laboral, en materia mercantil y otros referidos a la convivencia, pueden llevarse a los tribunales por parte de las personas naturales y jurídicas para buscar una salida a sus problemas.
Por su parte, José Luis Toledo Santander, al presentar el dictamen del proyecto del Código de Procesos, elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, significó que se trata de una norma jurídica que desarrolla las garantías constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y debido proceso contenidas en la Carta Magna.
«El proyecto propone unificar la forma de proceder para los asuntos civiles, familiares, mercantiles y del trabajo y la seguridad social, estableciendo dos modalidades básicas similares para la tramitación de todos los asuntos de estas materias, el proceso ordinario y el proceso sumario, eliminando así la diversidad de tipos procesales que prevalecía con anterioridad y facilitando el trabajo de las partes y del tribunal en el manejo de los asuntos, con lo cual se agiliza la impartición de justicia», destacó.
Igualmente destaca el dictamen que, entre los cambios sustanciales de la ley se favorece que una cantidad considerable de asuntos sean resueltos por los tribunales municipales, con derecho a un recurso de apelación ante el tribunal provincial, y si bien con ello se logra una mayor aproximación al pueblo en la tramitación de los asuntos, impone a los directivos de los tribunales una especial atención a la actividad que se desarrolla en esa instancia.
Además, dijo, merece destacarse el tratamiento prioritario que el proyecto de Código de Procesos ofrece a la ejecución de las sentencias judiciales, en respuesta a las insatisfacciones que la población manifiesta en esa materia.
Toledo Santander precisó que resalta el nuevo tratamiento que se propone para el recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular, el cual amplía las razones por las cuales una sentencia puede ser impugnada ante el máximo órgano de justicia, favoreciendo el control ante violaciones de las garantías esenciales consagradas en la Constitución.
Al intervenir en el debate, José Alexis Guinarte, presidente de la Unión Nacional de Juristas, manifestó que en los contenidos de este código se ofrece una respuesta adecuada para la resolución de los conflictos en la vía legal, a la vez que refuerza la seguridad jurídica y la protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad. «Continuaremos trabajando en pos de elevar la cultura no solo en los juristas sino en el pueblo en general», dijo.
Mientras, Juan Mendoza, profesor de la Universidad de La Habana, resaltó el papel de la ciencia en este proceso y cómo las investigaciones realizadas han sido aspecto clave en su construcción.
Aprobadas cuatro nuevas leyes en el ámbito jurídico
Cuba cuenta con cuatro nuevas leyes en el ámbito jurídico tras su aprobación por la Asamblea Nacional. Sobre ello, Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, afirmó que el país se adentra en una transformación de su sistema procesal, con énfasis en la garantía de los derechos de los ciudadanos.
«Todos estos cambios suponen un reto para el conjunto de los operadores del derecho y los tribunales de justicia. El cumplimiento de estas leyes será objeto de control por la asamblea nacional y por los órganos encargados de ello», señaló
Aprobadas cuatro nuevas leyes en el ámbito jurídico
Cuba cuenta con cuatro nuevas leyes en el ámbito jurídico tras su aprobación por la Asamblea Nacional. Sobre ello, Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, afirmó que el país se adentra en una transformación de su sistema procesal, con énfasis en la garantía de los derechos de los ciudadanos.
«Todos estos cambios suponen un reto para el conjunto de los operadores del derecho y los tribunales de justicia. El cumplimiento de estas leyes será objeto de control por la asamblea nacional y por los órganos encargados de ello», señaló.
#EstebanLazo: Con la aprobación de estas cuatro leyes se va dando cumplimiento al Cronograma Legislativo aprobado, se implementan contenidos normativos de gran trascendencia para el desarrollo de nuestro texto constitucional. #PoderPopular #CubaLegisla pic.twitter.com/vefCYYw8sw
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) October 28, 2021
Presenta los resultados del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción
Priorizar el cumplimiento del Programa de la Vivienda, incluida la atención a la actividad de los subsidios, fue una de las recomendaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular al Ministerio de la Construcción (Micons), según consta en el informe de la más alta fiscalización del órgano legislativo a esa entidad, presentado por Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión de Industrias, Construcciones y Energía.
Igualmente, se recordó que la Política de la Vivienda aprobada en 2018 e implementada en 2019 prioriza las afectaciones climatológicas, las condiciones precarias, la dinámica demográfica y las personas con escasos recursos. Con ese fin se plantea un programa de diez años para la recuperación del déficit habitacional en el país, que al cierre de 2020 ascendió a 862 879 viviendas.
Al finalizar el año pasado, el fondo habitacional creció en 62 681 viviendas con respecto al 2019. De ellas, el 63 por ciento se encuentra en buen estado técnico y el 37 por ciento entre regular y malo.
Desde la implementación de la Política hasta mayo de 2021, en el país se han terminado 99 252 viviendas; de ellas, 32 575 por la vía estatal, 19 786 células básicas habitacionales y 46 891 por esfuerzo propio, con una tendencia al decrecimiento e incumplimiento del plan estatal y los subsidios, que se manifiesta desde finales de 2020.
En la atención a las madres con tres o más hijos menores de 17 años, de las 42 512 viviendas identificadas, 29 417 demandan acciones constructivas. Ya se han beneficiado 5 841, por las diferentes vías (financiamiento asignado, subsidios y plan estatal).
La rehabilitación continúa siendo la ruta crítica para detener el deterioro del fondo habitacional. Persiste insatisfacción con tal programa porque las acciones realizadas no son, en su gran mayoría, las que más impactan en la solución de los problemas que aquejan al pueblo. Algunas de estas dificultades son: rehabilitación integral de edificios y de viviendas, reducción de vulnerabilidades, rehabilitación de ciudadelas, entre otras.
Según se declara en el Informe, en las visitas realizadas por los diputados, estos recogieron opiniones referidas a irregularidades en la atención a los subsidiados, viviendas declaradas como terminadas cuando les faltaban acciones constructivas y con problemas de calidad. En 16 municipios se comprobó que los subsidiados no siempre logran la adquisición de los recursos.
Asimismo, en 38 territorios se detectaron limitaciones por desabastecimiento de recursos como cemento, acero y combustible, lo cual no permitió garantizar una secuencia constructiva. Se encontraron violaciones de proyectos en la ejecución de las células básicas habitacionales.
En la fiscalización realizada se detalla que el sistema aplicado para la supervisión y control de las acciones constructivas es ineficiente, con problemas organizativos, insuficientes y no sistemáticos controles; además de falta de preparación de los técnicos de la vivienda. También sobresalió la falta de asesoramiento técnico-metodológico al sistema de la vivienda y al programa inversionista, y la necesidad de mayor vinculación de las direcciones provinciales de la Vivienda con la base.
Se encontró falta de interés y compromiso de algunos subsidiados para ejecutar acciones constructivas, así como de una estrategia adecuada para la producción local de materiales de la construcción, y falta de vinculación de algunos directivos con las principales obras que acometen, tanto en la industria como en los programas de la vivienda.
Igualmente, se señala la no incorporación del sector no estatal a la construcción de viviendas, además de que no se garantizan los recursos para las urbanizaciones, como establece la política, por la no asignación del presupuesto.
La población expresó insatisfacción con respecto al Programa de la Vivienda a causa de la morosidad en los trámites, carencias de recursos materiales, subsidios sin terminar acumulados de años anteriores y recursos financieros inmovilizados en los bancos por este concepto.
Al terminar la lectura del informa, una decena de diputados expresaron sus opiniones y sugerencias acerca de las principales dificultades señaladas en el texto. Entre ellas destacan la necesidad de aprovechar las potencialidades productivas instaladas en los territorios y que se vinculen a los nuevos actores económicos que se incorporan en el contexto económico actual.
El diputado René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, aseguró que las visitas realizadas para la conformación del informe han generado planes de acción para responder a las deficiencias detectadas, las cuales se revisan no solo en los territorios objeto de análisis, sino en el cien por ciento de las obras del país.
Al finalizar, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, reconoció la transparencia con que se trabajó en la más alta fiscalización al ministerio de la Construcción y precisó que toca implementar un plan de medidas y su evaluación con la comisión correspondiente.
Asimismo, reconoció, en nombre de la Asamblea Nacional, a los trabajadores de este importante sector y a sus directivos, unido a la exhortación de trabajar cada día mejor por su incidencia en la economía del país.
Asamblea Nacional del Poder Popular respalda documentos adoptados por el 8vo. Congreso del Partido
Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), tras analizar desde el martes en sesiones previas la Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026 y la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, aprobados en el 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, tomaron este jueves el acuerdo de respaldarlos y controlarlos por tratarse de documentos cruciales para el devenir futuro de la nación.
Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros, al hablar ante el plenario reunido en el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura del Parlamento cubano, afirmó que en la medida en que sumemos a los militantes, los trabajadores y a toda la población a participar con entusiasmo en las tareas cruciales del país, estaremos reactivando las esencias del Partido.
Dijo, además, que desde la organización política se trabaja para avanzar hacia un mejor bienestar social, ratificando su aspiración de resistir creativamente sin renunciar a nuestros proyectos de desarrollo, en constante perfeccionamiento, actualización y modernización de las formas de hacer y participar.
Al referirse a la importancia de ambos documentos, apuntó que la Conceptualización estipula que la sociedad cubana se encuentra en un periodo histórico de construcción del Socialismo y fundamenta los principios transformacionales para la consolidación y continuidad de la Revolución.
En tanto, los Lineamientos trazan las direcciones principales de trabajo, encauzan las prioridades de la economía y la conformación del modelo; prevalecen el fortalecimiento de la gestión de la empresa estatal socialista y demás actores económicos, a la vez que se pronuncia por consolidar la implantación de la Tarea Ordenamiento e impulsar la justicia social.
Morales Ojeda expresó que el respaldo y seguimiento de la ANPP al cumplimiento de estos documentos contribuirá a garantizar la irreversibilidad y continuidad de nuestro Socialismo, afianzado en los principios que lo sustenta, movilizando las energías del país hacia los objetivos de desarrollo, convencidos que la batalla es de todos.
En el 8vo. Congreso del Partido se encargó a la Asamblea Nacional el control de estos documentos, por lo que Esteban Lazo, presidente de la ANPP, comunicó que serán analizados en cada uno de los periodos ordinarios de sesiones como parte de la evaluación de la marcha de la economía. También se incluirá en el informe de la economía lo relativo a la implementación de la Tarea Ordenamiento, tomando en consideración las opiniones, dudas, sugerencias y críticas que nuestro pueblo ha hecho a los resultados de la tarea.
«Será una de las tareas más importantes que en el orden de control corresponderá a nuestro Parlamento, y por lo tanto, ya en el mes de diciembre debemos hacer aquí una información de esas medidas y las actividades que se vienen desarrollando en relación a esa importante Tarea de Ordenamiento», concluyó el titular del legislativo cubano.
Ratifican acuerdos y decretos-leyes adoptados por el Consejo de Estado
Al cierre de este jueves, en cumplimiento del artículo 120 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional ratificó en la tarde de hoy 25 decretos-leyes aprobados por el Consejo de Estado entre el 16 de febrero y el 6 de agosto de 2021. Como se dijo en el plenario, esta etapa aunque coincidió con la más compleja en el enfrentamiento a la COVID-19 fue muy activa para el órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna y las leyes.
Sobre este particular, Homero Acosta Alvarez, secretario del Parlamento, significó que tanto los decretos-leyes como los acuerdos aprobados en el periodo inciden de manera especial en importantes aspectos imprescindibles para la vida del país en el orden económico y social.
Extienden actual mandato de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular
El máximo órgano legislativo cubano también acordó ayer la extensión del actual mandato de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular por cinco, dada la situación que nos impuso la llegada de la pandemia. También aprobó que el compañero Manuel Marrero Cruz, en su condición de Primer Ministro, rinda cuenta de su gestión en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.
Díaz-Canel: Tenemos Patria y defendemos la vida
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, clausuró el VII Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), jornada que contó con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, refiere Cubadebate.
Al iniciar su intervención ante el plenario, destacó el complejo contexto mundial en estos dos duros años de pandemia y contabilizó que hace menos de una semana la cifra de fallecidos por COVID-19 en el mundo rondaba los cinco millones.
«Pero el real impacto en todos los órdenes de la vida está por conocerse», dijo y resaltó el elevado coste para la economía mundial de la situación generada por la pandemia.
A pesar de que Cuba cuenta con un sistema sanitario universal y gratuito, que permitió rápidamente ponerla a la vanguardia en la producción de vacunas, no ha podido escapar del golpe pandémico, argumentó el mandatario.
Desde 2019, recordó, la economía nacional ha transitado por condiciones excepcionales: el bloqueo y la pandemia provocaron que el país dejara de recibir más de tres mil millones de dólares, lo cual, entre otras cosas, ha limitado la capacidad de oferta estatal de medicamentos y alimentos y del sistema energético, que provoca insatisfacción y malestar en la población.
Solo en servicios de salud y material gastable en la atención a los enfermos y convalecientes a la COVID-19 se invirtieron unos 300 millones de dólares en la batalla de la COVID-19, ejemplificó.
El presidente dijo que el hecho de no haber ejecutado oportunamente los mantenimientos, ni adquirir los recursos para mantener el sistema eléctrico provocaron los molestos apagones ocurridos en el país.
Díaz-Canel abundó que, en muy difíciles condiciones, se destinó un nivel de financiamiento que permitirá recuperar 608 Megawatts de potencia de la generación eléctrica al país, para mejorar gradualmente la situación.
Por otro lado, reconoció la existencia de condiciones que han generado la inflación, con una demanda muy superior a la oferta, lo que constituye la principal prioridad en el trabajo del Gobierno, dijo y explicó que una de las soluciones a este problema es el crecimiento de la oferta a partir de una mayor partición de los productores nacionales en el mercado interno.
Gracias al control que se ha ido alcanzado de la covid-19, se ha comenzado una recuperación gradual de la actividad económica y social, a lo cual debe contribuir las medidas aprobadas para una mayor autonomía a la empresa estatal socialista y el perfeccionamiento de los actores económicos.
El plan de la economía y del presupuesto del Estado para 2022 estará orientado a proyectar la recuperación de las actividades fundamentales, alcanzar una mayor autonomía en la gestión administrativa de los territorios, potenciar las medidas compensatorias para la atención a los más vulnerables y consolidar la implantación de la Tarea Ordenamiento, entre otras prioridades.
Díaz-Canel: Tenemos Patria y defendemos la vida
Por otro lado, el presidente se refirió al «oportunismo del adversario». «Justo en los meses en que escaló la pandemia en el país, se hicieron frecuentes los cortes de electricidad y se contrajo la oferta de servicio, creando un clima favorable a la irritación y el descontento».
Díaz-Canel señaló que en franca contradicción con las declaraciones del presidente Biden en la Asamblea General de las Naciones Unidas de favorecer el multilateralismo y cooperar en la lucha contra la pandemia a nivel global, «hacia Cuba se arreció el bloqueo, se dictaron nuevas sanciones y se activó un nuevo programa de desestabilización que cumple al pie de la letra el manual del golpe blando».
Nunca, dijo, «nos hemos sentado a esperar el cambio de una política que durante 62 años ha variado solo para aumentar el cerco. La fórmula del enemigo ha sido apostar a que nuestras grandes dificultades materiales debiliten las fuerzas del pueblo y que este se ponga de rodillas frente a ellos».
Consideró que contra un proyecto socialista como cubano no se descartan las acciones bélicas, la invasión y ocupación. «Pero se apuesta en primer lugar por la desmoralización y la rendición. Por eso el mensaje de odio hacia los comunistas y la persecución de cada salida económica».
«Ya no valen las hipócritas tapaderas sobre una supuesta revisión de una política, ya no valen los pretextos sobre la supuesta intención de favorecer al pueblo cubano y negar beneficios al gobierno. Las evidencias están ante los ojos de todos para comprobar que el objetivo ha sido, desde el comienzo, provocar escasez económica, perjudicar el nivel de vida del pueblo y dañar los servicios sociales de los que depende su bienestar y necesidades más elementales».
El presidente resaltó que «cada vacuna creada y aplicada, cada compatriota inmunizado, cada contagio evitado y cada vida salvada son triunfos de la causa nacional y derrotas de la agresión imperialista contra nuestro país».
Díaz-Canel denunció que la embajada de EE.UU. ha venido desempeñando un papel creciente en los esfuerzos de subversión política. «En contraste, puedo afirmar que nuestra embajada en Washington no ha realizado nunca actividad alguna dirigida a la subversión del orden en Estados Unidos».
Dijo que la misión diplomática cubana en ese país se limita a una intensa labor en favor de las relaciones bilaterales y en función del levantamiento del bloqueo.
El gobierno de los Estados Unidos, amplió, utiliza los privilegios de los que disfruta su embajada en Cuba. «Funcionarios diplomáticos estadounidenses se reúnen con los cabecillas contrarrevolucionarios, les brindan orientación, apoyo logístico y de manera directa o indirecta le brindan financiación».
En las redes, prosiguió, emiten a diario pronunciamientos subversivos que constituyen entretenimientos en los asuntos internos del país.
El presidente cubano preguntó cómo respondería el gobierno norteamericano ante una embajada acreditada en su territorio que públicamente se dedicara a promover la desobediencia civil, manifestaciones políticas y marchas masivas en contra de la legalidad establecida.
»Queda claro que está en curso contra el país una operación subversiva que involucra fondos millonarios para afianzar la imagen de que Cuba es un estado fallido».
Ese plan, continuó, incluye el propósito de que otros países se sumen a las medidas de agresión económica.
Manifestó que la verdad siempre se impone por muy poderosa que sean las herramientas para distorsionarla. La mentira podrá propagarse y tendrá el poder de confundir, pero no será capaz de doblegar la voluntad tantas veces probadas de este heroico pueblo, dijo.
En contra de los planes del imperialismo, aseguró, estamos venciendo la pandemia, como hemos vencido y venceremos los planes del imperialismo.
Díaz-Canel reiteró que el bloqueo seguirá siendo un obstáculo para el desarrollo del país, pero no es un impedimento insuperable. «Nuestro desarrollo y el bienestar del pueblo tendrán que depender del esfuerzo que hagamos, conscientes de que la cruel política de los Estados Unidos persistirá, mientras persista en ese país el anhelo criminal de adueñarse del destino de Cuba». «Solo de nosotros depende la respuesta digna a ese inmerecido castigo. Nuestra originalidad está llamada a ser tan grande como su maldad. La Revolución está y estará permanentemente desafiada a ser excepcional por la capacidad de su pueblo de resistir y crear».
Díaz-Canel subrayó que la estrategia socioeconómica impulsa el desarrollo de un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, al tiempo que recordó la aprobación de más de 60 medidas para el estímulo de la producción y comercialización de alimentos y otras que buscan elevar la eficiencia de la empresa estatal y estimular la acción de los nuevos actores económicos.
Paralelamente, prosiguió, este año, de tantas restricciones, se ha desarrollado una intensa actividad de diálogo e intercambio y cooperación con otras naciones y sus líderes, participando en cumbres y eventos que permiten mantener una sólida relación con la comunidad internacional y, en particular, con naciones amigas.
Díaz-Canel insistió en los factores externos que intentan debilitar al país bajo los fuegos artificiales de la guerra no convencional, y alertó que ante esto «podríamos caer en el error de no apreciar nuestros indiscutibles avances en dos años plagados de desafíos e incertidumbres a nivel mundial».
Destacó la aprobación hoy de las cuatro importantes leyes que marcan una trascendente reforma en el orden judicial y procesal del país, y planteó la necesidad de seguir perfeccionando la práctica del ejercicio legislativo, «de modo que cada norma que aprobemos sea el resultado del aporte de todos y no falte la consulta al pueblo por diversas vías».
Igualmente, hizo alusión a los debates y orientaciones dejadas por el 8vo. Congreso del Partido, donde «se abordaron los problemas más relevantes de nuestra realidad, las fallas en la comunicación y la necesidad de buscar el diálogo, la participación y el control popular».
En otro momento se refirió a la aplicación de la Tarea Ordenamiento, «indispensable para elevar la eficiencia empresarial, pero con efectos indeseados sobre la vida de los ciudadanos que hoy se expresan sobre todo en la dañina inflación».
Estos problemas, dijo, no se resolverán de un plumazo. La Revolución nunca hará nada al margen de los intereses y demandas del pueblo. Este reto será vencido, aseguró.
Díaz-Canel anunció la decisión de que el Ministerio de Economía y Planificación se encargue de conducir la implementación de los lineamientos actualizados en el 8vo. Congreso del Partido, desactivando la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo que durante 10 años asumió esa responsabilidad.
Díaz-Canel dijo que con el avance de la vacunación masiva se muestra el compromiso con la protección de los derechos de la infancia y adolescencia en Cuba, al tiempo que se apuesta por reconocer y avanzar en la garantía de los derechos de las familias, apegados a los principios de pluralidad familiar, igualdad y no discriminación.
Agradeció particularmente a la comunidad científica y destacó la visionaria política de Fidel y la continuidad que le dio Raúl.
«Hoy somos el primer país en América Latina con tres vacunas y dos candidatos vacunales en desarrollo, y el primero del mundo en comenzar la vacunación masiva infantil de dos a 18 años».
«El país se prepara para abrir fronteras y reanudar el curso escolar. Dan ganas de celebrar por nuestros niños, médicos, científicos, nuestras vacunas y nuestro pueblo. Por Fidel que vuelve una y otra vez en cada obra suya de legítima fe en los seres humanos que salvan vidas e iluminan el horizonte».
Hay más de una razón para que la celebración sea responsable y contenida, agregó. «En muchas partes del mundo se producen rebrotes. En ese mundo vivimos y nos toca enfrentar el riesgo. Hagamos el éxito perdurable».
«El 15 de noviembre Cuba reabrirá sus fronteras y los estudiantes volverán a la escuela. La Habana esperará su aniversario. La vida irá retomando su curso, con la mayor alegría, pero alertas. Nadie va a aguarnos la fiesta».
