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Desde cada una de sus provincias los diputados estudiaron las leyes propuestas e hicieron importantes sugerencias. Autor: Maykel Espinosa Rodríguez Publicado: 26/10/2021 | 12:02 am
Tras la presentación de los cuatro proyectos de leyes relativos a la esfera judicial, los cuales se someterán aprobación durante el 7mo. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su 9na. Legislatura, previsto entre el 27 y 28 próximos, Juventud Rebelde converso con Farah Maritza Saucedo Pérez y Maricela Sosa Ravelo, vicepresidentas del Tribunal Supremo Popular, quienes valoraron la importancia de estas normas jurídicas.
Ley de Tribunales de Justicia
Regula la organización y funcionamiento de los tribunales, como órganos el estado a los que la Constitución encarga la impartición de justicia, es decir, la solución de los diferentes tipos de conflictos que se producen en la sociedad, en sus distintos ámbitos: familiar, laboral, mercantil, civil, penal, en correspondencia con el contexto económico y social actual del país, y la nueva Carta Magna promulgada en 2019.
Entre sus principales novedades, se fortalece el acceso a la justicia, al establecer que la mayoría d ellos conflictos se resuelven en los tribunales municipales populares, que son los más cercanos a las personas, en correspondencia con la política del país de fortalecimiento de los municipios.
Se consolida la institucionalidad consagrada en la Constitución, a partir de las funciones de los tribunales, como garantes de los derechos reconocidos a las personas y de la estabilidad del sistema político.
Se perfecciona la participación y control popular en la impartición de justicia, mediante la intervención de los jueces legos en los actos de justicia, la rendición e cuenta del Tribunal Supremo Popular ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, y la responsabilidad de magistrados y jueces.
Ley de Proceso Penal
En general, regulan los procedimientos mediante los cuales se tramitan y resuelven las reclamaciones relacionadas con los conflictos con causa en la comisión de un hecho delictivo (penal); los derechos patrimoniales, hereditarios u otros (civil), familiares, del trabajo y de la seguridad social, de las personas frente a la administración pública, y de las relaciones mercantiles entre los actores de la economía (empresas, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, entre otros).
Refuerza las garantías de las personas que sean acusadas de la comisión de delitos (en cuanto a nombrar defensor, limitación de los casos en los que impone prisión provisional con el mayor control de esa medida cautelar, protección especial para las personas menores de edad y en situación de discapacidad). Se reconoce la participación de la víctima o el perjudicado en el proceso, con amplias garantías para la protección de sus derechos.
Ley del proceso administrativo
Amplía la posibilidad de reclamar contra las actuaciones indebidas de la administración pública, lo que contribuye a una gestión más eficiente y efectiva de esta, y refuerza los mecanismos de control popular sobre los órganos, organismos y entidades que la integran
Código de procesos
Establece tipos estandarizados de procesos más accesibles, sencillos, desprovistos de trámites innecesarios, Además, refuerza las garantías de las personas, en especial la defensa de sus derechos e intereses.
Establece medidas para la protección procesal de las personas en situación vulnerabilidad y amplía el acceso a la justicia al abrir la posibilidad de reclamación para determinados asuntos que, hasta este momento no l atenían, por ejemplo, la impugnación de la medida disciplinaria e separación del sector o actividad.
