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En El Jiquí, Magalis Santovenia López aún esera por el acabado de su vivienda Autor: Yahily Hernández Porto Publicado: 21/08/2021 | 07:47 pm
Tras la publicación de la primera parte de este reportaje, varias personas contactaron con JR para expresar dudas por los «muros fracturados» que entorpecen el buen desempeño de un programa que estimula a construir o reparar viviendas con subsidio estatal, implementado desde 2012 y reajustado al escenario de la Tarea Ordenamiento en mayo pasado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. (Acuerdo 9072/21)
Sostener esa política no solo demanda una incuestionable voluntad gubernamental, financiamiento y recursos, sino también mucho compromiso para eliminar trabas, no siempre objetivas, que impiden reducir el déficit habitacional.
Varios lectores decían no tener claro a quién beneficia la ayuda para construir una célula básica habitacional (CBH) o qué diferencia a la nueva norma de la modificada en 2017. Otros se quejaban de falta de ética de algunos funcionarios, del poco tiempo para culminar la obra y de la complejidad de los pasos en un programa pensado para personas con poca comprensión de términos técnicos y legales.
Con esas inquietudes dialogamos con especialistas vinculados con el tema en Camagüey y la capital, quienes aseguran que el citado acuerdo toma en cuenta demandas surgidas en casi una década de vigencia del programa, además de elevar el monto cedido a las familias, no solo para contratar mano de obra y pagar los materiales y su transportación, sino también para cubrir los gastos por toda la documentación técnica que exige el proceso.
Historias inconclusas
Un sondeo realizado entre junio y julio en la cabecera provincial de Camagüey y los municipios de Esmeralda, Florida y Guáimaro reafirma la necesidad de transformar y atemperar este programa nacional en cada territorio.
En el poblado rural de El Jiquí (Esmeralda) vive Magalis Santovenia López, de 65 años, a quien el ciclón Irma dejó sin casa en 2017, por lo que el Consejo de Administración Municipal (CAM) decidió otorgarle un subsidio: «Me dieron casi 90 000 pesos y desde entonces estoy construyendo. Aún faltan algunos detallitos para concluir», dijo mientras mostraba su vivienda de 25 metros cuadrados.
En similar situación se encuentra Isela González, del reparto esmeraldense 8 de Octubre, quien recibió en 2018 la noticia de ser una de las beneficiadas: «Si no fuera por la demora de los materiales ya hubiera terminado. Falta el herraje del baño, las puertas y elementos eléctricos e hidráulicos».
En el mismo reparto vive Yanisleydi Rodríguez de la Cruz, joven madre con tres hijos, para quien las cosas no han marchado bien. Ya consumió todo el material y aun así la calidad del repello no es la mejor: «Como no sé nada de construcción, lo dejé todo en manos del albañil», expresó angustiada tras más de tres años de contrariedades.
Aleida Valdés Durán, de 58 años, vecina de la cooperativa Abel Santamaría, también en Florida, señaló que la demora de los materiales y su dispersión en varios puntos de venta atrasan: «Tuve que esperar 11 meses para iniciar. Ahora espero los bombillos y otros detalles para mudarme».
Su coterránea Lisandra Alfaro González, de 35 años y representante de su papá (que es el beneficiario, pero no puede encargarse personalmente), opina que se impone revisar la lista de materiales para que se ajusten a cada proyecto: «Mi casa requiere arena de resistencia y no está incluida en el módulo».
Martha Elena Vargas Vargas, de 81 años, opina: «Estoy agradecida por ver mi casita casi lista, pero creo que hay que mejorar el tiempo de los trámites. Me pasé más de un año para tenerlos en orden. También hacen falta albañiles confiables, alguien que no te robe y les puedas exigir hasta en los tribunales», propuso a partir de su experiencia. «Los constructores deben ser personas de buena trayectoria u obreros de entidades estatales, alguien que nos permita sentir tranquilidad, porque estamos muy viejos para estos problemas».
¿Uno para todo?
El programa de subsidios se concibió para avanzar por esfuerzo propio, pero en las visitas de comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular se confirma que muchos de los beneficiados que no cumplen los plazos no tenían conocimiento o condiciones físicas para asumir la obra y están a merced del albañil.
Esos casos requieren más atención de los técnicos integrales de Vivienda (TIV) a cargo de dar seguimiento sistemático al proceso y aclarar dudas. Pero todo no puede quedar en sus manos: «Diariamente surgen problemas a pie de obra que no son solo responsabilidad de quienes debemos controlar, sino también del subsidiado, y algunos no cuidan bien sus recursos materiales», apunta Naima Vázquez Otero, subdirectora técnica de Vivienda en Esmeralda.
El ingeniero civil Nelson García Pérez, TIV en la localidad de Florida, explica que está previsto tener un técnico en cada consejo popular para atender a cientos de familias con problemáticas diferentes. «Se impone analizar si esa plantilla responde a este gran encargo social», asegura.
Camagüey tiene 120 TIV y cien consejos populares con 871 circunscripciones, más otras 15 muy distantes. Y no solo trabajan con las CBH: deben velar por la calidad y control de recursos en obras del plan estatal de construcción de viviendas, las del plan de afectaciones meteorológicas y las de la Política demográfica, puntualiza Kirenia Peralta Díaz, directora de Vivienda en Esmeralda.
Su homólogo en Florida, Yosvany Hernández Acevedo, comenta: «Esta política de las CBH ha crecido como ninguna otra. Al inicio en esta ciudad se otorgaban entren diez y 15 al año. Ahora llegamos hasta 200, y seguimos con los mismos profesionales de cuando surgió la estrategia».
También en La Habana hay TIV que atienden más de un consejo popular porque no tienen completa la plantilla, reconoce el licenciado Elder Nápoles Ávila, jefe del Grupo de trámites y subsidios de la Dirección Provincial de la Vivienda en la capital. Esta ciudad contabilizaba hasta diciembre de 2020 unos 9 252 subsidios entregados sin terminación de la obra, mil de ellos de CBH, distribuidos en todos los municipios.
De cara al futuro, toca a los consejos de la administración municipal (CAM) ser más rigurosos al elegir los núcleos a favorecer y pensar alternativas para velar por los más vulnerables, no solo en el sentido económico; pero ahora hay que cerrar esos casos pendientes en el más breve plazo antes de destinar fondos a nuevas ayudas.
Ese es el propósito de la disposición especial única del acuerdo 9072/21: limpiar los listados de las obras aún en distintas fases constructivas o por empezar. Por eso este año no se adjudicarán nuevos subsidios, sino que se visitan todos los pendientes para recalcular cuánto más necesitan en función de lo que les falta por hacer, y recabar el compromiso de sellar la obra en el menor plazo posible.
La esmeraldense Isela González afirma: "Si no fuera por la demora de los materiales hubiera terminado hace rato".FOTO: Yahily Hernández Porto.
De principio a fin
Es innegable que de 2012 a la fecha las carreras para el papeleo se han simplificado, en lo cual influyen, al menos en La Habana, las 17 oficinas de trámites, donde confluyen TIV, arquitectos de la comunidad, juristas y técnicos de las direcciones municipales de Planificación Física (DMPF).
Pero hay pasos que no deben obviarse antes de iniciar la obra, como ha sucedido: obtener el Derecho perpetuo de superficie (para quienes construyen en terreno estatal), ajustarse a regulaciones urbanísticas y sacar licencia de construcción, una vez que se apruebe el proyecto.
Las DMPF también demandan más personal para agilizar la elaboración y entrega de documentación. José Julio Soler Espinosa, especialista en el Área de Inversión y Trámites de esa entidad en Camagüey, tiene cerca de 20 años en ese sector y es consciente de las quejas de la población por las demoras… y de los esfuerzos para minimizarlas.
Por ley, la persona subsidiada es responsable de solicitar y tramitar todo en la sede de esa entidad, pero en Camagüey se decidió implementar un método más acorde con las características de la población beneficiada: desde hace más de un año se visitan todos los casos, por muy distantes que estén, para orientar los pormenores de cada trámite.
Para la joven ingeniera Yadira Martínez Torres, jefa del Departamento de Inversiones y Trámites, reducir la cantidad de CBH ya terminadas sin Licencia sanitaria (certificado de habitable), demanda mayor esfuerzo colectivo: «No está reglamentada la visita, pero no podemos seguir pasivos si queremos reducir la cifra: 157 al cierre de julio».
Leonel del Risco Franco, director de Planificación Física en Camagüey, aseguró a JR que se trabaja para facilitar trámites a toda la población, no solo a beneficiados con una CBH, pero es necesario valorar cuánta fuerza de trabajo se requeriría para responder a ese propósito: la provincia tiene 494 asentamientos humanos y, como nunca antes, la gente está interesada en legalizar sus viviendas. Llegar a todos implicaría una nueva estructura.
«Este es un tema que se debe revisar en todo el país. Se requiere de un técnico nuestro por consejo popular que garantice celeridad y calidad en el seguimiento de casos». Un reciente diagnóstico corroboró que solo existe esa representación en 48 consejos populares.
En el municipio de Florida, Aleida Valdés Durán señaló que la dispersión en múltiples puntos de venta atrasa la construcción.
Futuro sostenible
Otro asunto preocupante es el plazo para terminar la obra. Antes era de 18 meses y la nueva norma lo reduce a seis para los nuevos subsidios a entregar. En el informe del Programa Nacional de la Vivienda con cierre de mayo último queda claro que todas las provincias incumplen su plan de construcción de CBH. Un acercamiento a ese complejo escenario lo ofrece Nadiezda Guerra Avello, directora de Vivienda en Camagüey.
«No todas las personas a las que se aprueba un subsidio llegan con el terreno identificado y la documentación necesaria, incluida la licencia de construcción. En ese proceso interviene el factor económico: los documentos se pagan en el banco, y si hablamos de personas de bajos ingresos, no tienen capacidad económica ni para legalizar el terreno que ocupan o adquirir uno nuevo. Ahí inicia el cuello de botella».
Parte de los beneficiados tienen que gestionar en la DMPF una parcela para levantar su vivienda, acuerdo que también depende del CAM. Cuando se les aprueba el subsidio, el valor de ese terreno está incluido, así como el pago del proyecto y la licencia constructiva.
Nápoles Ávila explica que la unidad de servicios del Arquitecto de la Comunidad tiene formalmente 30 días para entregar sus proyectos, pero está llamada a ser más ágil cuando se trata de un subsidio. Además aclara que el proyecto a pagar puede tener hasta 60 metros cuadrados, siempre que se señale el área de 25 metros cuadrados por los que empieza la acción constructiva, únicos que financia el Estado.
Esos pasos demoran, y si hay contratiempos atentan contra los seis meses de ejecución, admite la directiva agramontina. Las CBH necesitan dos meses efectivos por cada etapa constructiva: cimentación, estructura y terminación. Suponiendo que aparezca el obrero capaz de hacerlo todo y rápido, que los materiales estén disponibles en la medida en que se necesiten y el clima no tense el cronograma, levantar una casa en pocos meses es difícil, y si se les apura no hay garantía de calidad.
Por eso considera que sobre el programa gravitan disposiciones que en su momento fueron oportunas, pero deben ser revisadas para replantear estilos de trabajo que resten dígitos al incumplimiento e impacten positivamente en miles de familias.
«No hablo de ser radicales y que desaparezca el trabajador por cuenta propia (TCP), sino de involucrar a más empresas estatales. Tenemos algunas apoyando tareas constructivas, pero no son responsables directas de esa ejecución», explica Guerra Avello.
«La práctica demuestra que eso garantiza mano de obra calificada, transportación de materiales y más organización del proceso productivo. A través del sistema económico empresarial se pudiera controlar el destino de los recursos y ayudar al cumplimiento de los cronogramas de ejecución. Además, si fallan se les puede establecer reclamaciones.
«El aparato económico administrativo de la entidad estaría en la obligación de velar, de conjunto con nuestros técnicos, por la obra que se edifica, y a esos beneficios se suma que el dinero ingresa a una entidad estatal.
«Donde las empresas no puedan asumir esa demanda habrá que buscar alternativas. Tal vez sea oportuno crear, dada la apertura de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), una que agrupe a albañiles privados para transformar la dinámica constructiva en las localidades», pondera la directiva.
—¿Qué ha ocurrido con el sector privado?
—Existen contradicciones a pie de obra. Hubo que aplicar la estrategia de pagar por etapa terminada para evitar estafas y desvío de recursos. En algunos casos el beneficiado participó de esos actos irresponsables, al pagar todo por adelantado, sin ejecutarse la tarea.
«A veces un TCP era responsable de hasta diez subsidios en un territorio. Así era imposible avanzar y se afectaba la calidad, porque esta figura por lo general no posee una especialización, lo cual perjudica la calidad final. Estos albañiles en su mayoría poseen una formación empírica. Son útiles en la construcción civil, pero no en el acabado de la vivienda, por ejemplo, ni en la instalación hidráulica, sanitaria o eléctrica. Hay que acudir a otros obreros con conocimiento para la terminación», insiste la directiva.
En la capital, la mayoría de los municipios han optado por apadrinamiento del sector estatal, confirma Nápoles Ávila, y destaca el avance en Arroyo Naranjo y Regla, por ejemplo. Otros consideran que sus beneficiados pueden salir solos del bache, como Guanabacoa.
El jefe de grupo de trámites de la capital remarca la urgencia de que cada organismo haga lo que le corresponde para evitar manchas en este sensible programa. Si el banco detecta que un cuentapropista tiene demasiados contratos, es su deber alertar, y las direcciones de Trabajo pueden identificar a albañiles y obreros especializados que estén disponibles y proponerles entre sus ofertas el trabajo con los subsidiados.
Las personas que no han sido aún visitadas por el TIV de su consejo popular pueden acudir a las oficinas de trámites para actualizar su situación, confirma el entrevistado. Y si por razones justificadas un subsidiado necesita pedir prórroga, debe saber que esa es una decisión del CAM, no debe parar la obra por su cuenta.
Y enfatiza: «Quien gastó el dinero fuera de lo que estaba previsto no puede esperar que se le reponga. El Estado es benévolo, pero el beneficiado debe velar por sus intereses y actuar responsablemente».
Este programa busca estabilidad en la protección de personas vulnerables, y como los recursos que se destinan a mejorar el fondo habitacional no son infinitos, también se vela por los intereses colectivos. Por eso en los primeros 15 años de uso, las CBH no se deben vender, permutar o donar. Quien lo haga, devolverá al Estado el dinero empleado en la obra. Cuando ese freno no existía, muchas personas volvían a quedar sin vivienda y a pedir ayuda. «Como todo lo que inicia, esta política también ha tenido desaciertos que se han ido rectificando. El país no está estático y mucho menos de espaldas a las problemáticas», asegura Guerra Avello.
Puntos claves del otorgamiento de subsidios
El programa de subsidios está previsto para núcleos de bajos ingresos, protegidos o no por programas de la Asistencia Social, carentes de vivienda o necesitados de ampliar, reparar o rehabilitar la que poseen.
Se priorizan los afectados por catástrofes naturales; los que reporten obstrucciones y fugas hidrosanitarias; casos sociales críticos, y madres, padres o tutores con tres o más hijos menores de 17 años.
El Consejo de la Administración Municipal cuenta con una oficina de Atención a la Población en la que se puede pedir explicaciones y denunciar irregularidades.
