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Desvíos Autor: LAZ Publicado: 04/07/2019 | 10:32 pm
Es tarde en la noche. El chofer va camino a la terminal a cerrar su turno. En el tanque de combustible del ómnibus quedan cerca de 600 litros. Se supone que entregue el vehículo pero (siempre lo hay), si nadie se lo exige, él se limpia las manos. Al día siguiente, llega de nuevo con su guagua, pero ya no puede regresar a la calle. El tanque está casi vacío ¿Una mera negligencia en el control de entrada y salida del vehículo? Quizá no.
Casos como el de este chofer aparecen entre los más comunes que terminan en los Tribunales Municipales Populares de La Habana, órganos que son fundamentales en el enfrentamiento al delito y la corrupción, en especial a hechos asociados con el desvío de combustible o materiales de construcción.
Debido a las cuantiosas y frecuentes pérdidas económicas ocasionadas al país por la gestión incorrecta de los recursos, la erradicación de estas ilegalidades constituye una política pública del Estado y del Gobierno. Al abordaje de este sensible tema desde la visión judicial se dedica Juventud Rebelde a partir de un intercambio con funcionarios del Tribunal Provincial Popular de La Habana (TPP).
Incidencias recientes
Según datos ofrecidos por el TPP, en los últimos tres meses, 19 personas fueron sancionadas en la capital por delitos relacionados con el control del combustible, y a la distribución y venta de materiales de la construcción. Además, existen otros procesos aún en sede judicial para su investigación, lo cual podría hacer que la cifra aumente.
Las terminales de ómnibus urbanos del Diezmero (San Miguel del Padrón), La Fortuna (Boyeros) y Bahía (Habana del Este), junto a la Refinería Ñico López (Regla), son los escenarios de los casos ya procesados y concluidos, relacionados con el combustible. En lo referido a los materiales de la construcción, las incidencias se concentran en las tiendas de comercialización de esos productos del municipio de La Lisa.
Al analizar los factores que facilitan esos actos ilícitos, Yojanier Sierra Infante, presidente del TPP de La Habana, insistió en que están relacionados con el incumplimiento de las normas para su almacenaje, uso, distribución y control, por lo que no pueden considerarse simples negligencias.
Basados en esta conclusión los jueces distinguen cuatro entre las principales faltas delictivas en las que se incurre. Primero aparece la receptación, por la que mayormente son juzgados choferes particulares y boteros que no pueden acreditar la procedencia legal del combustible. También está el delito de apropiación indebida, con una marcada carga de irresponsabilidad laboral, pues los medios quedan a su cargo sin que esa sea su función.
«A estos se suma el grave incumplimiento del deber de preservar bienes de entidades económicas, falta en la que suelen incurrir los directivos implicados en este tipo de hechos. Además, está la infracción de las normas de protección al consumidor, en que se incurre al alterar los precios de los materiales de construcción», explicó Sierra Infante.
Sin embargo, todos estos datos no tienen mucho valor si las personas no conocen qué ocurre con quienes cometen este tipo de violación. Es misión de los Tribunales impartir justicia de forma rigurosa, dado el impacto que estas ilegalidades tienen no solo en la economía del país, sino en la propia cotidianidad de la población.
Justicia tardía no es justicia
El Presidente del TPP de La Habana confirmó que los órganos judiciales ejercen su labor a partir de las pruebas entregadas por la Fiscalía y los instructores. «Esto implica que, a la hora de juzgar, nosotros atendamos fielmente el debido proceso, las garantías, el respeto a los principios y los recursos defensivos de las personas sospechosas.
«Cuando se declara culpable al acusado, a través de un material probatorio que demuestre la comisión del delito, los jueces estamos actuando de una forma enérgica. Damos una respuesta contextualizada y ágil, pues la justicia demorada no es justicia», agregó.
En la muestra del TPP, de las 19 personas juzgadas, la mayoría cumple la pena de encierro. No obstante, se observa también que dos personas fueron absueltas por no registrarse evidencias de su implicación en los hechos investigados. Esto demuestra el apego del TPP a las leyes y lo establecido en la Constitución de la República de Cuba.
Sierra Infante explicó que entre las sanciones aplicables en estos casos están las penas principales, entre las que se incluyen las privativas de libertad, cuyo marco sancionador comprende de tres meses a un año según lo establece el Código Penal.
«En caso de que el Tribunal sancionara a una pena que no conlleve internamiento —que de hecho así ha sido— el sancionado queda bajo la custodia de un juez de ejecución. De ser así, los culpables no deben laborar en las instituciones que tengan bajo su custodia estos bienes que con anterioridad han afectado», añadió.
Entre las sanciones accesorias mencionó el confisco o la privación de los bienes relacionados con el delito, y el pago de la responsabilidad civil derivada del delito. Además, en el caso de los choferes el Tribunal puede disponer la prohibición de ejercer esa actividad hasta por diez años.
El verdadero valor del desvío
Daylín Gozá, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal que se encarga de los delitos de corrupción administrativa y delitos económicos del TPP de La Habana, explicó que los casos más complejos tienen términos de tramitación más extensos. «Para los directivos que tienen funciones de especial cuidado y disponibilidad sobre los recursos y se apropian de estos o consienten que otros se apropien, el marco penal es de ocho a 20 años de privación de libertad. No admite multas y no admite subsidiar esa pena.
«Igualmente, cuando el valor de lo apropiado supera los 10 000 CUP, el caso es competencia directamente de nuestra Sala en el Tribunal Provincial. Sin embargo, muchos casos no llegan a la instancia provincial porque hay que desfalcar bastante combustible para llegar a ese monto de dinero, debido al subsidio que tienen estos productos en el sector estatal», dijo.
Isabel Rojas Sanjudo, vicepresidenta en funciones del TPP en La Habana refirió que «en el proceso investigativo la Fiscalía nos aporta un documento a través del cual el Banco Nacional de Cuba certifica que la afectación a personas jurídicas, en este caso entidades estatales, presenta un cambio monetario de un CUP por un CUC.
«Es por dicha razón que muchas veces es ínfimo el valor monetario que legalmente tiene el producto. Por ejemplo, si se llegan a desviar 200 litros de petróleo, eso equivale a solo 200 CUP. Para algunos infractores es más fácil hacer el pago de responsabilidad material, por lo cual hoy los jueces, al imponer la pena, más allá de esa cuantía, sopesan el costo social que tienen estos delitos en momentos tan complejos para el país», analizó.
Según Rojas Sanjudo, de ahí que debamos hacer justicia en contexto: es lógico que esos valores son irrisorios, y que, por tanto, a la hora de definir y juzgar nos debemos concentrar en la gravedad del hecho, el nivel de organización del acto delictivo, la alarma social que pueda provocar y el modo de vida de los implicados.
Gretchen Amaya Linares, presidenta del Tribunal Municipal Popular de Playa, destacó que se evalúa y se hace constar en la sentencia la transgresión de los derechos de la población. «Es la gente quien sufre las mayores consecuencias tanto en el transporte público, por ejemplo, como en la obtención de materiales de la construcción, necesarios en muchos casos para personas afectadas por fenómenos naturales o que han solicitado un subsidio», dijo.
¿Cómo tirar el freno?
«Se impone que los directivos entiendan y cumplan su función en la preservación de los recursos. Deben ponerse en práctica todas las medidas de control interno establecidas. Como en la justicia, para ello no existen recetas únicas, sino que cada entidad tiene que establecer su sistema de control propio que le permita prevenir estas ilegalidades», manifestó Lilian Pérez Castillo, vicepresidenta en funciones del TPP.
Actualmente, añadió, existe una indicación a nivel de las terminales de ómnibus, mediante la cual los directivos tienen la imposición de regular con el rigor necesario la llegada y salida de los vehículos. «Los Tribunales tenemos constancia de que en los centros en los que se aplica ya se han frenado los hechos delictivos. Nuevas medidas debían implementarse también para la venta de materiales de la construcción», apuntó.
Pérez Castillo patentizó que los Tribunales continuarán ejerciendo su labor para mejorar la calidad de vida de las personas y mantener la legalidad en nuestro país. Sin embargo, ofreció gran valor a evitar llegar a los órganos judiciales.
El presidente del TPP de La Habana concluyó expresando que «la economía no solo se repone al ser más productivos. Cuando existe descontrol, parte de lo que va a donde no está destinado contribuye a que perdamos potencialidades. Como país, siguiendo la política del Estado y el Gobierno, lo más importante es gestionar y conservar nuestros recursos».
