Cuando se hiere la inocencia…

—Esto es un secreto entre tú y yo, no puedes decírselo a nadie— le dijo él, mientras cerraba la puerta.

Quedaron en la sala, rodeados únicamente por las muñecas y peluches que le hacían guiños desde el suelo, esperando ser elegidos para jugar.

—Vamos a divertirnos mucho los dos, y después te regalaré un juguete que te gustará mucho, le aseguró él.

Mi mamá y mi papá no pueden hacerme tantos regalos. ¡Es tan bueno conmigo!, pensó ella.

—Y si jugamos todos los días, te daré una sorpresa muy grande en tu cumpleaños, le prometió después.

Así pudo ella imaginarse soplando las ocho velitas del cake con una Barbie Rapunzel en sus manos, igual a la de la película, con el pelo muy largo. Para tenerla, no podía decirle nada a nadie, porque «los secretos se guardan para que luego los deseos se hagan realidad».

Y así, cada vez que sus padres confiaban en él para que la cuidara, ella «jugaba» a guardar los secretos...

Un niño es lo primero

No han sido pocos los casos conocidos en el mundo de actos de violencia y maltrato infantil, de abuso lascivo y sexual e incluso de amenazas. Aunque en Cuba, donde un niño es lo primero, se registran cifras ínfimas en comparación con otros países, también ocurren esos actos, considerados como un delito grave, que debe ser procesado.

Así advierte la coronel Idais Borges Barrios, jefa de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior (Minint), quien insiste en que el Gobierno cubano mantiene una política de tolerancia cero ante los delitos que se cometen contra menores, pues estamos conscientes de que se les generan daños irreversibles desde el punto de vista físico, psíquico y social.

El Estado cubano, añade Borges Barrios, dispone de los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar una efectiva protección a los menores de edad, en consonancia con principios internacionales, adoptados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

«En el artículo 40 de la Constitución de la República está establecido que la niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad, y a su formación integral también deben contribuir la familia, la escuela, los organismos estatales y las organizaciones de masas y sociales.

«Contamos también con los códigos de la Familia y de la Niñez y la Juventud, así como con el Decreto Ley 76/84 sobre la adopción y familias sustitutas, el Decreto Ley 64/82 y la Ley 62/87 o Código Penal».

Precisamente en el Código Penal Cubano, detalla la Coronel, se tipifican los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud, entre los que se incluye, en el Capítulo I, el ultraje sexual, abusos lascivos, la violación y la pederastia con violencia, así como el incesto, el estupro (Capítulo II) y lo relacionado con la corrupción, venta y tráfico de menores y otros actos contrarios al normal desarrollo del menor.

«La legislación penal cubana admite además la penalización de hechos delictivos cometidos en grado de tentativa y el agravamiento de la sanción a quienes utilicen a menores para la ejecución de un delito.

Por otra parte, explica, «las autoridades migratorias del Ministerio del Interior pueden decretar el reembarque o la expulsión del territorio nacional de aquellos extranjeros que sean declarados indeseables en virtud de la Ley de Extranjería y su Reglamento, siempre que su conducta contravenga los principios e intereses de la sociedad, el Estado y el pueblo cubanos. Si se involucrara a un menor en alguna situación de este tipo, el marco legal está establecido».

Sin embargo, no solo las leyes, decretos y resoluciones nos garantizan la protección a la población infanto-juvenil (menor de 16 años) que hoy es de 2 260 751, insiste Borges Barrios, sino también la existencia de un Sistema de Prevención y Atención a la Niñez y la Adolescencia, en el que comparten responsabilidades además los ministerios de Educación, Salud Pública, Justicia, Cultura y el de Trabajo y Seguridad Social, así como el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, en trabajo conjunto con las organizaciones de masas, la Organización de Pioneros y la UJC, entre otras.

Confianza en las autoridades

Según estudios recientes en el ámbito de las Ciencias Sociales realizados en el Minint y otros centros, apunta la Jefa de la Dirección de Menores, se ha elevado la percepción de riesgo en torno a este tipo de delitos y se registra una mayor confianza en la actuación de las autoridades.

«En cuanto al comportamiento de las actividades delictivas que afectan a los menores, el 54 por ciento corresponde a los abusos lascivos; un 25 por ciento se relaciona con la corrupción de menores, violaciones y ultrajes sexuales, y un 21 por ciento registra casos de estupro, incesto y pederastia».

Tiene una extraordinaria misión la Dirección de Menores del Minint, afirma Borges Barrios, en la protección de los menores que resulten víctimas de delitos y en el seguimiento a las medidas y sanciones que se tomen con los victimarios, aunque también es deber de esta Dirección trabajar en la prevención y detección de los hechos delictivos cometidos por los menores y en su evaluación y tratamiento educativo.

Para el esclarecimiento de un caso, a partir de la comisión de un delito en el que un menor es la víctima, se necesita del testimonio del pequeño o del adolescente para desarrollar el proceso penal, pero deben ser atendidos de manera especial.

Esa es la razón por la que se crearon tres centros de Protección a niñas, niños y adolescentes en el país, en las provincias de Santiago de Cuba, Villa Clara y La Habana, este último fundado el 8 de febrero de 2005.

El propósito de estos centros es, en primer lugar, reducir la victimización secundaria de los menores que han sido objeto del hecho violento; es decir, que no lo sean también del proceso penal. Son estos los lugares establecidos para que se trabaje con ellos mediante la exploración, explica Borges Barrios.

Se brindan, además, servicios especializados de psicología, psiquiatría y de asesoría a los menores víctimas y su familia, acota la Coronel, y se acompaña a las niñas y niños que excepcionalmente son citados a la vista del juicio oral.

Explica la teniente coronel Niurka Fernández Ronda, directora del Centro de protección a niñas, niños y adolescentes de La Habana, que luego de que se realiza la denuncia en la estación de Policía, en la que no tiene que presentarse el niño, el oficial de prevención de la Dirección de Menores se encarga inmediatamente de protegerlo y es quien coordina con el Centro, para la atención y resolución del caso.

«En estos centros recibimos a menores de 16 años o a mayores de esta edad, en caso de que el hecho haya acontecido antes o de que la edad cronológica no se corresponda con la edad mental», explica Ronda Fernández.

Lo novedoso de este proceder, añade, es que esa «conversación» con el instructor se graba con nuestros medios técnicos y se utiliza como una prueba documental en el juicio, lo que exime al menor de comparecer en este.

—¿Cuáles son algunas de las dificultades que pueden entorpecer el proceso de esclarecimiento del caso?

—Cuando el maltrato o el abuso sexual es de origen intrafamiliar, es decir, por parte de algún miembro de la familia o muy allegado a esta, resulta más difícil que el menor hable, pero siempre se logra. También inciden otros factores como la edad, pues los niños más pequeños no se sienten víctimas del hecho y lo cuentan como parte de un juego; así no ocurre con los adolescentes, por ejemplo, que sienten más pena y temor.

«El maltrato infantil es fácil de corroborar, porque además de las huellas físicas que puede dejar, pueden existir testigos, pero el diálogo con el menor en casos de abuso lascivo o sexual, amenazas o corrupción es vital para la resolución del caso, aunque a la vez es más delicado y complejo», afirma la también Máster en Sexualidad.

—¿Qué variables son comunes en este tipo de hechos?

—Pueden existir mujeres agresoras, de manera indirecta, en casos de corrupción de menores, por ejemplo, pero generalmente estos están pautados por la violencia de género. La mayoría de los agresores son hombres y sus víctimas son niñas, aunque también aparecen incidentes contra niños.

«Es importante señalar que cualquier acto de violencia que atente contra el normal desarrollo del niño, entiéndase, abuso sexual o cualquier otra forma de maltrato infantil, no es privativo de un hogar disfuncional o de personas con bajo nivel cultural. Estos casos pueden darse en el seno de cualquier familia y los agresores no llevan carteles en la frente que los identifiquen como tales», agregó.

Fernández Ronda insiste en que es un equipo multidisciplinario, conformado por psicólogos, sociólogos, médicos, juristas, sexólogos e instructores penales, el que tiene la misión de colegiar el procedimiento que se seguirá con el niño, qué tipo de preguntas se le realizarán —no inductivas— en correspondencia con su edad y desarrollo mental y con el caso del que fue víctima.

Refiere la joven teniente y psicóloga Alina Mena Aniento, quien ha participado en el esclarecimiento de varios casos en sus dos meses de desempeño en el Centro, que el trabajo directo de un psicólogo con el menor, antes de realizarse la exploración, es muy importante porque brinda elementos indispensables. «En caso de que el niño o el adolescente no esté en condiciones de expresarse en ese momento, puede remitirse a una consulta de Psiquiatría, por ejemplo, en el mismo centro, para esperar a que esté listo».

El ambiente es esencial para crear un clima de empatía y confianza, añade la especialista. «Por ello trabajamos con el menor en los salones de juego, y empleamos técnicas proyectivas como el dibujo libre y de la familia, lo cual resulta muy viable, pues generalmente los niños reflejan sus deseos y temores en lo que pintan, y en los colores que emplean, las dimensiones y los trazados».

El diálogo con un niño pequeño requiere paciencia, y muchas veces es muy complejo, pero con un adolescente es mayor el desafío, insiste Mena Aniento. «Los adolescentes pueden describir los sucesos y el diálogo puede fluir mejor, pero puede ser muy difícil, teniendo en cuenta que ellos sí tienen mayor percepción de riesgo. Conocen las consecuencias legales de los procesos, y en ocasiones quieren proteger a sus familiares o conocidos. El psicólogo debe estar muy bien preparado, y aunque no esté presente en la exploración, sí debe estar al tanto del otro lado del monitor, pues también se dan casos de adolescentes que mienten u ocultan datos relevantes».

El material audiovisual que se obtiene, refiere la técnica de grabación Ana Mercedes García, no solo recoge lo que el niño o el adolescente dice, con palabras, sino también lo que refleja su estado de ansiedad: su rostro, sus gestos. «Su lenguaje extraverbal es también una prueba reveladora; nada de eso es manipulado ni provocado. Tenemos su reacción espontánea en medio de una conversación en la que cuenta lo sucedido, durante la cual siempre está presente, del otro lado de los medios técnicos, un fiscal para velar por el interés superior del niño».

Como parte del equipo de especialistas, puntualiza la Directora del Centro, también se encuentran defectólogos, para la atención y supervisión de casos con niños discapacitados o menores de cuatro años.

La mayor Noemí Morales Guirola, defectóloga del Centro desde 2008, reconoce que su labor es un eslabón esencial en el proceso de trabajo con el menor que ha sido víctima de algún delito, pero que al mismo tiempo resulta muy difícil.

Cuando se tienen hijos, añade, es casi imposible dejar de sensibilizarse con las situaciones que trabajamos aquí, pero lo hacemos conscientes de que el desarrollo pleno de un niño es lo más importante.

«La interdisciplinariedad es vital en el trabajo previo a la exploración, y antes de realizarla coordinamos de conjunto las preguntas que se le realizarán al menor; y prevemos si es necesario que alguna figura familiar con la que tenga mayor afinidad esté presente, entre otras cuestiones.

«Cuando el caso queda esclarecido y las medidas legales se aplican, el Centro mantiene un seguimiento en torno a ese menor, pues aunque no es lo más frecuente, pueden darse casos de reincidencia, sobre todo si se trata de familias o entornos disfuncionales. Por ello brindamos servicios de consultas de Psiquiatría y Psicología, trabajamos en las áreas de salud de la comunidad, y nos vinculamos con el Centro Nacional de Educación Sexual en caso de que el menor necesite orientación sexual».

Al mismo tiempo de nuestro trabajo directo con el niño, explica la Directora del Centro, los sociólogos del equipo realizan trabajo de campo, es decir, hablan con la familia y vecinos, en busca de toda la información necesaria para la resolución y verificación del caso.

—En las provincias donde no existen centros de protección a niñas, niños y adolescentes, ¿a dónde acudir?

—Siempre el primer paso, incluso en las provincias donde sí existen centros como este, es efectuar la denuncia en una estación de Policía a la que, repito, no debe presentarse el menor.

«Se efectúan las coordinaciones con el grupo de especialistas y se realiza el mismo proceder del Centro en las casas de Orientación de la Mujer y la Familia, en las fiscalías provinciales o municipales, en los centros de salud mental o en la entidad u organismo del territorio que cuente con las condiciones necesarias y se haya destinado para estas funciones.

«En el caso de la capital, las personas pueden llamar a nuestro Centro, al 212-5416 al 18, pero acudir a la unidad policial para efectuar la denuncia debe ser siempre el primer paso.

«Es importante señalar que nuestro trabajo no se circunscribe a hallar las evidencias de confirmación del delito mediante el trabajo directo con los menores, como se ha explicado. Posteriormente les damos tratamiento y seguimiento durante un período de tiempo, teniendo en cuenta la repercusión psicológica que tienen en ellos estos hechos, y evitamos así la reproducción de estas conductas, como sucede en quienes fueron víctimas de estas y no fueron tratadas, según alertan algunas investigaciones», enfatizó Ronda Fernández.