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Con la nueva política, como regla, una entidad podrá prestar sus actividades a cualquier persona natural y jurídica. Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:34 pm
—Manolo Rodríguez Salas, Cubavisión Internacional: Si hace tantos meses que se aprobaron las 17 medidas para fortalecer el trabajo de las UBPC, si hace más meses se perfeccionó, con el Decreto-Ley 300, el trabajo de las cooperativas de crédito y servicios, ¿por qué se aprueba una cosa y a veces el productor en la base, cuando va a ejecutarla, se encuentra con tantas trabas y demoras? ¿No hay vías alternativas para ir autorizando y puntualizando casos focales que están frenando el trabajo y desarrollo de los productores en la base?
—Johana Odriozola Guitart: La economía es un sistema y los cambios que estamos dando son buenos, con un impacto esencial, pero no podemos hacerlos todos de golpe.
«Todavía hoy la asignación de los recursos, hasta que logremos ponerlos en una tienda, viene a través de determinados canales de empresas estatales. Como todo es una cadena, ciertamente hay cosas que se traban en alguno de los eslabones.
«Nosotros hoy en el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) tenemos la posibilidad de destrabar algunas cosas puntualmente, que se aprueban excepcionalmente y que tienen un nivel de perentoriedad. Por ejemplo, ayer nos llegó la solicitud del Ministerio de Cultura porque existían una serie de entidades que tenían que vender en el Cubadisco. Hoy se aprobaron excepcionalmente. Esa es una vía alternativa que tenemos. La otra es seguir el canal de distribución que hasta hoy existe, mientras tanto no haya una mayor apertura.
«No obstante, a partir de la nueva medida, hay que identificar si realmente una empresa tiene la capacidad para enfrentar lo que le vendrá encima, cuando su objeto ya no tenga destino. O sea, que pueda cumplir los encargos estatales, pero que además pueda satisfacer a otros.
«Tenemos que ver cómo conjugar que en esa apertura no se vaya a dejar de cumplir las tareas esenciales que tiene una entidad como encargo estatal, para luego cumplir con otros destinos.
«Ese es un problema que tenemos hoy en algunos sectores, que hay determinados compromisos con el Estado que no se están cumpliendo y que están llegando a otros destinos quizá más atractivos en términos económicos. Es una situación que se nos está dando hoy que tenemos que controlar y monitorear de otro modo».
—Rubén Toledo Díaz: Estamos en presencia de un escenario en el que los recursos son escasos. Tenemos que buscar que estas medidas contribuyan a utilizar mejor estos recursos, sin generar distorsiones que afecten que los insumos fundamentales sigan llegando a los lugares prioritarios.
—Cabrera Peinado, Radio Rebelde: En la nueva regulación se explica que las facultades que se les conceden a los directivos son a partir de actividades productivas no esenciales, secundarias. Cuando se cumplen los compromisos y hay un exceso de producción, por disponibilidad de materias primas, facilidades tecnológicas o por aprovechamiento de la jornada laboral, ¿no se autoriza que los directores puedan comercializar con otra persona natural o jurídica?
¿Hasta que no apruebe el Ministerio de Economía y Planificación el nuevo objeto social los directores no podrán aplicar estas resoluciones? ¿Cuánto podrá dilatar esto en el tiempo la aplicación de esta medida? ¿Cuánto podrá afectar esto la esfera productiva?
—Johana Odriozola Guitart: La actividad principal, como la tenemos concebida, no especificará el destino. Esos destinos van a estar previstos en otros mecanismos, que pueden ser el plan de la empresa.
«Yo puedo tener una empresa transportista, y mi actividad principal va a ser prestar servicio de transporte. Ahora, yo como directora puedo decidir, por ejemplo, hacer reparaciones menores, aunque no lo diga en mi actividad principal, pero es una actividad que se deriva de eso.
«Claro, tenemos que hacer un trabajo de revisar todos los objetos sociales del país. No podemos decir ahora de golpe “haga lo que usted quiera” porque, como ahora el objeto se aprobó tan puntualmente, queremos objetos diferentes para entidades que hacen prácticamente lo mismo. Tenemos que revisar las actividades que son comunes en los distintos organismos para que nos salga un objeto lo más general posible.
«No es tan sencillo como pretendemos. Porque hay cosas que pudieran parecer mínimas, pero que hoy son vitales para el país, que si nosotros no las ponemos en el objeto de la entidad después no las puede hacer.
«Ciertamente el proceso va a demorar. ¿Cuánto puede afectar esa demora? No más que hoy, si desde hace muchos años venimos con esa inflexibilidad. Pero creemos que la demora no vaya a ser mucha.
«La vida no se va a parar. Todo lo que sea excepcional, vital, trascendental, para encajar con otras medidas, o porque se dan situaciones excepcionales, el Ministerio de Economía y Planificación lo va a seguir aprobando.
«Los cambios no van tan apurados. Es una madeja bastante complicada. No se trata de un solo nudo sino de muchos, que en la medida en que desatamos uno nos encontramos con otro siguiente. Esa es una realidad.
«Aunque muchos de estos problemas tienen que ver no solo con objetos sociales, sino con diseños estructurales que nosotros tenemos en el sistema empresarial.
«Esto significa que tenemos que evaluar también la cadena de intermediarios que tiene el sistema. No hacemos nada con abrir de golpe el objeto social si no hemos evaluado cuál es la cadena empresarial por diseño que debe tener ese sistema. El objeto se queda pequeño cuando identificamos los problemas de diseño estructural y la cantidad de intermediarios que muchas veces tenemos».
—Rubén Toledo Díaz: No podemos pensar que con una sola medida se resuelve el entramado del tejido económico que tenemos en el país, sino que el sistema requiere una actualización gradual. La práctica es mucho más rica, por lo que hay que seguir muy atentos a lo que va sucediendo en la base productiva.
«Hay que decir que esta nueva medida no es una varita mágica que soluciona todo. Lo hacemos en un ambiente en el que hay restricción fuerte de recursos. Pero tenemos que hacerlo para que se incremente la eficiencia, sin perder el carácter de planificación».
—Lázaro de Jesús González, revista Bohemia: En Bayamo las cooperativas cañeras tienen hace varios años déficit de recursos para el programa del campesino para tracción animal. Sin embargo, en la provincia vecina, Holguín, están abarrotadas las fábricas de estos implementos, y no lo pueden comprar porque obligatoriamente tienen que hacerlo a través de Azumar que, como tiene problemas financieros, no les puede ofertar esos recursos. ¿Con qué prioridad el Ministerio de la Agricultura va a flexibilizar estos objetos sociales? ¿Se van a eliminar muchos intermediarios? ¿Cuánto va a demorar que muchas unidades presupuestadas con tratamiento especial pasen a ser autofinanciadas?
—Johana Odriozola Guitart: En ese caso puntual, la limitación probablemente no es de la cooperativa sino de la empresa, que tiene dicho que su destino es otra entidad estatal y no otras formas no estatales. Si fuera así, con la modificación del objeto social, que no especificará destino, esa comercialización se podría realizar.
«En ese ejemplo concreto habría que revisar si hay un problema de objeto social, administrativo, o de diseño estructural. Muchas veces por inercia hay cosas que son administrativas que son más fáciles de resolver. A veces es un problema de distribución y no de limitaciones de objeto social».
—Orlando Díaz Rodríguez, director jurídico del Ministerio de la Agricultura: Para el sector agropecuario este proceso de actualización de objetos sociales es trascendente, porque tiene que ver con la concreción de varias medidas que se han ido adoptando y que interactúan en sistema, como es el caso de las 17 medidas para las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) y del Decreto-Ley 300.
«Pero el objeto social en ocasiones se prevé, y lo que hay es una mala interpretación del mismo. El problema puede ser de diseño, pero algunos casos puntuales tienen que ver en ocasiones con la mala interpretación de lo legislado y con la resistencia al cambio».
—Johana Odriozola Guitart: En el caso de las unidades presupuestadas con tratamiento especial, puedo decir que hay un grupo de trabajo en el país haciendo una evaluación de todas. En algunas que son significativas, hay una valoración para que se conviertan en empresas.
«En otros casos, lo que ha hecho el Ministerio de Economía es darle un plazo a algunas entidades para que funcionen como empresa, para que vayan adquiriendo ingresos a partir de nuevas actividades y capacidades.
«Cuando no lo han hecho es porque todavía no pueden, con los ingresos que tienen, pagar todos sus gastos. Seguirían entonces dependiendo del presupuesto estatal».
—Manolo Rodríguez Salas, Cubavisión Internacional: Aunque el sector cuentapropista no tiene objeto social, sino licencias para determinadas actividades, ¿hay algo nuevo en cuanto al mismo, alguna revisión de las licencias para flexibilizarlas de manera similar a lo que está ocurriendo con los objetos sociales?
—Johana Odriozola Guitart: Como usted mencionó, los cuentapropistas no tienen objeto social, pues es solamente para personas jurídicas. Lo que tienen es una actividad sin destino.
«Lo que está ocurriendo hoy es que la entidad estatal normalmente presta sus servicios a otras entidades estatales y no a los cuentapropistas, porque por lo general no estaba contemplado en su objeto social.
«Con la nueva modificación del objeto social pretendemos cerrar el círculo para una mayor potenciación de la actividad del trabajo por cuenta propia y de la interrelación en los dos sentidos. O sea, de los cuentapropistas hacia el sector estatal, y viceversa».
