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Raúl Castro demandó el cese inmediato de los ataques, lo cual permitiría avanzar hacia una solución pacífica. Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:08 pm
Lo que aprobemos en el VI Congreso del Partido no puede sufrir la misma suerte que lo acordado en congresos anteriores, afirmó el Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros, quien confesó «caérsele la cara de vergüenza», por el hecho de que lo consensuado en anteriores citas partidistas pareció ser olvidado por no implementarse correctamente.
Indicó que lo acordado ahora en la magna cita de la vanguardia de la sociedad cubana constituirá una guía de los militantes, dirigentes y el pueblo. Advirtió que previamente a la implementación de cada medida sugerida deberá refrendarse por los órganos jurídicos de la Asamblea Nacional y otras instituciones estatales.
«No me cansaré de repetir que en este país, en esta Revolución, casi todo, por no decir todo, esta dicho, por eso hablo poco y seguiré hablando poco, pero exigiré que se cumpla lo que se ha ordenado y orientado», aseguró.
Significó que es saludable aclarar, para evitar interpretaciones erróneas, que los acuerdos de los congresos no se convierten por sí mismos en leyes, pues le compete al Gobierno, que es quien administra, regular su implementación. Los ajustes pertinentes para actualizar el modelo económico serán tenidos en cuenta en la propia Constitución de la República.
Raúl anunció que ya se encuentran en fase avanzada las leyes inherentes a la compraventa de casas y automóviles.
Raúl ponderó la labor del sistema de escuelas del Partido a nivel de provincia y nación. Dijo que juega un papel protagónico en la instrucción de los cuadros de la misma organización, así como de los dirigentes administrativos y empresariales.
Las escuelas del Partido, apoyadas por el Sistema de Educación y la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba han demostrado durante el debate de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución sus capacidades para ayudar a las masas a interpretar y proyectar la realidad del escenario social, económico y político del país, según reconoció.
Por lo tanto estas entidades deberán contribuir de manera activa a implementar y jerarquizar los cambios que se aprueben, al tiempo que una comisión permanente, subordinada al Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, coordinará y verificará el cumplimiento de cada acuerdo validado.
