21
Nuestro pueblo ha conocido con indignación que en horas de la tarde del día 8 de mayo, la jueza Kathleen Cardone dispuso la liberación definitiva del terrorista Luis Posada Carriles y desestimó todos los cargos que el gobierno de los Estados Unidos había interpuesto en su contra el pasado 11 de enero por fraude y por mentir en las entrevistas que realizara con el Servicio de Inmigración y Aduanas del gobierno de los Estados Unidos para obtener su naturalización en dicho país.
En esta ocasión, Cuba reafirma, con más fuerza aún, la condena de nuestro pueblo a esta maniobra que, como dijera la Declaración del Gobierno Revolucionario del pasado 19 de abril de 2007, «es un insulto al pueblo cubano y a los pueblos que perdieron a 73 de sus hijos con el derribo, frente a las costas de Barbados, de un avión civil de Cubana de Aviación».
En su Declaración del pasado 15 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores había dicho que esperaba que «esta instrucción de cargos al terrorista Posada Carriles por delitos de carácter migratorio de menor entidad, no se convierta en una cortina de humo para extenderle impunidad por el grave delito de terrorismo, en un pretexto para seguir ignorando la solicitud de extradición de Posada Carriles presentada el 15 de junio de 2005 por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por su responsabilidad en la voladura del avión de Cubana de Aviación y sobre la cual no ha dado respuesta todavía».
La secuencia de los hechos desde el momento en que Posada Carriles ingresara en el territorio de los Estados Unidos en la embarcación Santrina, como denunciara oportunamente nuestro Comandante en Jefe, demuestra con claridad que todas las acciones emprendidas por el gobierno norteamericano desde ese momento respondieron a un plan aprobado por el presidente Bush y diseñado para crear, precisamente, una «cortina de humo» que impidiese el procesamiento de Luis Posada Carriles como lo que realmente es: un terrorista.
Al gobierno de los Estados Unidos le habría bastado con aplicar su propia Ley Patriota y reconocer que la liberación del terrorista «amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos o la seguridad de la comunidad o de cualquier persona» para impedir su liberación. Le habría bastado con que su Servicio de Inmigración y Aduanas decretara que la liberación de Posada Carriles constituía una amenaza a la comunidad y que se corría el riesgo de que se fugara, tal como dice claramente la Declaración del Gobierno Revolucionario del pasado 19 de abril.
El gobierno norteamericano dispone de todas las pruebas que se derivan de su vieja relación con el terrorista y de las que Cuba le ha suministrado en el año 1998 y en fechas recientes.
La manipulación que ha conducido a este desenlace, la protección que recibió el terrorista desde su ingreso al territorio norteamericano, su instrucción de cargos por delitos de menor entidad, los vaivenes en la custodia del terrorista de una agencia federal a otra y de un tribunal a otro, y, finalmente, la decisión de la jueza Cardone del pasado día 8 de mayo, muestran que el plan de Washington era, precisamente, impedir que éste hablara de las acciones vandálicas que cometió contra los pueblos cubano y venezolano y contra otros pueblos de nuestra América cuando actuaba bajo las órdenes de la CIA y, particularmente, del padre del actual Presidente de los Estados Unidos, que dirigió esa agencia de espionaje y subversión del gobierno norteamericano en los años 1975 y 1976, período en que las acciones terroristas contra Cuba fueron más violentas y despiadadas, y cuando actuaba como Vicepresidente de los Estados Unidos durante la década de 1980, período en que se desarrolló la guerra sucia contra el pueblo nicaragüense.
Pero, quizás, el hecho más ilustrativo de que dicho plan estaba en marcha, fueron la solicitud formulada al tribunal por el gobierno de los Estados Unidos, el pasado 27 de abril, de que no aceptara evidencias, testimonios y otras pruebas que vincularan a Posada Carriles con la Agencia Central de Inteligencia, y la respuesta del terrorista, quien argumentó que había actuado bajo las órdenes de la CIA durante más de 25 años, lo que se confirma con el papel que desempeñó como agente de esta en las acciones del gobierno de los Estados Unidos contra Nicaragua durante la década de 1980.
Con su decisión de no certificar a Posada Carriles como terrorista, el gobierno de los Estados Unidos no sólo ha violado su propia legislación y el compromiso que supuestamente adquirió en su autoproclamada «guerra contra el terrorismo», sino también sus obligaciones internacionales.
El gobierno norteamericano ha vulnerado de manera aviesa, no sólo la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que él mismo promovió, sino también los tratados sobre terrorismo de que es parte, muy particularmente Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, que entrara en vigor el 23 de mayo de 2001, y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, que entrara en vigor el 26 de enero de 1973.
De conformidad con dichos instrumentos, el gobierno de los Estados Unidos debió haber juzgado a Posada Carriles por terrorismo, o haber accedido a la solicitud de extradición formulada en toda regla por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que a casi dos años de haber sido presentada, sigue sin respuesta.
Independientemente de cualquier juicio de valor que nos merezca el dictamen de la jueza Cardone del pasado 8 de mayo, la misma jueza que, en su dictamen anterior del 6 de abril concedió la libertad bajo fianza al terrorista a la par que reconoció que a éste se le acusa «...de haber estado involucrado en, o de estar asociado con algunos de los hechos más infames del Siglo Veinte. (...) Algunos de estos hechos incluyen la invasión de la Bahía de Cochinos, el escándalo Iran-Contras, el derribo del vuelo 455 de Cubana de Aviación, las bombas de 1997 en centros turísticos de La Habana y, según algunos teóricos de la conspiración, en el asesinato del Presidente John F. Kennedy», la total culpabilidad por la libertad de Posada Carriles y la total responsabilidad por lo que de ella pudiera derivar, recae sobre el gobierno de los Estados Unidos.
Incluso, la jueza Cardone, en su dictamen del 8 de mayo, dice que «el centro de este caso no es (...) el terrorismo. Es el fraude migratorio. El terrorismo y la decisión de si un individuo debe ser o no clasificado como terrorista, descansa en la discreción de la rama ejecutiva» y agrega que no está dispuesta a dar solución a lo que califica en su dictamen como «una papa caliente» para el gobierno norteamericano.
Asimismo, el propio dictamen de la jueza Cardone, en otra de sus partes, deja claro el absurdo de que, de haber sido procesado por fraude y por mentir en un proceso de naturalización, cargos que debían haber sido juzgados el próximo 11 de mayo, la condena máxima de que habría sido acreedor el terrorista era de entre seis y doce meses de prisión, que ni siquiera habría cumplido.
La actuación del gobierno de los Estados Unidos y este desenlace, forman parte del compromiso permanente del actual inquilino de la Casa Blanca con la mafia terrorista cubanoamericana de Miami, y tiene un sospechoso paralelo con la liberación del terrorista Orlando Bosch cuando el padre del actual Presidente dirigía el gobierno norteamericano.
Esta nueva desvergüenza es congruente con los actos de un gobierno que, en su momento, se negó a deportar a Posada Carriles a Cuba o a Venezuela porque en nuestros países, según ellos, «sería torturado», mientras mantiene su prisión en la porción del territorio ocupado a Cuba en Guantánamo y mantiene prisiones secretas a lo largo y ancho del planeta donde se cometen los actos más aberrantes e inhumanos.
Para el pueblo cubano es inaceptable que hoy se deje en libertad al terrorista más notorio y sanguinario que jamás ha existido en este hemisferio y permanezcan en cruel e injusta prisión cinco jóvenes cubanos cuyo único delito ha sido el de luchar contra el terrorismo.
No podemos dejar de recordar que, en sus reflexiones publicadas el pasado 8 de mayo, nuestro Comandante en Jefe alertó, una vez más, que la impunidad estimula el terrorismo, y dijo que «bastó la insólita liberación del conocido terrorista, y de nuevo la muerte visitó nuestros hogares».
Al presidente Bush se le acaba el tiempo. Perdió la oportunidad de mostrar aunque fuera un ápice de dignidad, vergüenza y ética. El clamor de los pueblos contra esta decisión será indetenible. Los secretos que Posada Carriles conoce saldrán a la luz pública más tarde o más temprano y el gobierno norteamericano tendrá que responder por su doble moral y su falta de voluntad política para luchar en serio contra el terrorismo.
Habrá que ver ahora qué hace la Casa Blanca, que aún tiene la opción, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, de detener a Luis Posada Carriles y extraditarlo a la República Bolivariana de Venezuela para que responda por sus crímenes.
La Habana. 9 de mayo de 2007
