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PIE: Alarcón ha denunciado reiteradamente la hipocresía del gobierno norteamericano en el caso de este terrorista. Foto: Roberto Suárez
El Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad en sí, la Asamblea General y las Naciones Unidas en su conjunto, tienen que examinar con urgencia la flagrante violación de las resoluciones y convenios que la comunidad internacional ha adoptado sobre la lucha contra el terrorismo que ha cometido el gobierno de Estados Unidos al dejar en libertad bajo fianza al connotado terrorista Luis Posada Carriles.
Eso dijo este miércoles en La Habana el miembro del Buró Político Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al intervenir en la inauguración de las reuniones de las comisiones de Energía y Minas, y de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos, del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO).
Fue el propio Consejo de Seguridad, recordó, quien creó el Comité para garantizar el cumplimiento de la Resolución 1373, aprobada por unanimidad en ese Consejo en septiembre de 2001, poco después de los atroces actos terroristas de que fue víctima, el 11 de septiembre de aquel año, el pueblo de Estados Unidos.
Según ella, es de obligatorio cumplimiento para todos, incluso para los que no sean miembros de las Naciones Unidas, la cooperación para garantizar que los terroristas no puedan escapar de la justicia; y que los Estados estarían obligados a intercambiar información, ayuda mutua, así como que no se podría emplear ninguna argucia para evadir la obligación de extraditar a las personas acusadas de acciones terroristas, abundó.
Sobre los convenios y los instrumentos que la comunidad internacional ha adoptado en materia de lucha contra el terrorismo, precisó que existen dos que se refieren específicamente al caso Posada Carriles: el Convenio Internacional para la Represión de los Crímenes contra la Aviación Civil, más conocido por el Convenio de Montreal, adoptado en 1973, y el Convenio Internacional para la Represión de los Actos Terroristas cometidos con el empleo de bombas.
El Comité del Consejo de Seguridad, expresó, no puede desentenderse de lo que está sucediendo. Y si violase sus propias resoluciones, ignorase esta situación, entonces la Asamblea General, que es el órgano más democrático, tendrá que responder.
El presidente del Parlamento cubano señaló que hace dos años que la Resolución 1373 y esos convenios antiterroristas están siendo pisoteados a ciencia y paciencia de la comunidad internacional, porque no se ha dado un solo paso para examinar la solicitud de extradición formulada por Venezuela. «Ni siquiera se ha respondido la nota diplomática que hace dos años presentó Venezuela con todo el expediente del caso, ni tampoco se habla de la posibilidad de que sea juzgado en los Estados Unidos».
Lo pusieron en libertad y ahora buscan un país que esté dispuesto a recibirlo, en lugar de cumplir con su obligación inexcusable de extraditarlo o juzgarlo. Están tratando de ver si aparece un cómplice en este planeta, alguien que se preste a ocultar, a esconder a un terrorista, abundó.
Al respecto, informó que este miércoles Cuba y Venezuela solicitaron formalmente al Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que examine la insólita situación de la libertad bajo fianza que concedió el gobierno de Estados Unidos al connotado terrorista Luis Posada Carriles. Porque Estados Unidos tiene la obligación ineludible de extraditar a Luis Posada Carriles a Venezuela para que continúe el juicio que fue interrumpido en 1985 cuando salió a un empleo extraño, misterioso, que ahora nos enteramos que se lo dio directo la Casa Blanca.
Apuntó que hay una obligación internacional dictada por el Consejo de Seguridad, a petición del propio gobierno de Estados Unidos, la que no admite la menor duda: o lo extraditan o lo juzgan. O vamos a aceptar la bancarrota del ordenamiento jurídico internacional, vamos a aceptar que para proteger a un terrorista se vayan a destruir los fundamentos de la cooperación internacional en el terreno de la lucha contra el terrorismo, aseveró.
Se trata de algo que es una realidad del mundo de hoy, que pesa inevitablemente sobre los empeños de otros Estados que amamos la paz, la libertad, la justicia, la independencia, tratamos de establecer un mundo diferente, un mundo de legalidad, de normas, de cooperación.
Posada no solamente debería ser extraditado, sino que las autoridades norteamericanas deberían enviarlo de vuelta a Caracas acompañado por todas las pruebas, documentos secretos e informes que sobre su actividad terrorista guarda celosamente Washington desde hace mucho tiempo.
Alarcón fustigó el doble rasero de la administración Bush que en estos momentos mantiene en prisión a alrededor de 200 000 indocumentados latinoamericanos, todos desconocidos cuyos nombres nadie los sabe, sin derecho a abogado ni a juicio, mucho menos a aparecer en los medios de comunicación; mientras Luis Posada Carriles, en su condición de indocumentado excepcional, disfruta de todas las bondades del sistema.
