Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Fotos: Marcelino Vázquez

GUANTÁNAMO.— En un gesto de respeto para quienes «la vista de este uniforme resulta dolorosa», la ex coronel del ejército de Estados Unidos Ann Wright se despojó de la chaqueta de camuflaje que «representa 30 años de mi vida» y que usa ahora, únicamente, como «símbolo de lo que nuestros militares debieran hacer... Ellos han sido obligados por la administración Bush a realizar muchas ilegalidades».

Bill Goodman denunció las múltiples ilegalidades. Su gesto fue uno de los más hermosos vistos en el encuentro entre los pacifistas estadounidenses que este jueves protestarán ante la ilegal Base Naval enclavada en este pedazo de la Isla, y los habitantes de una ciudad a la que Wright ofreció disculpas por los actos «deplorables» que están ocurriendo muy cerca de aquí. «Como yo respeto al Ejército de Estados Unidos y siento vergüenza, les pido perdón».

Pero su acto fue también signo elocuente y representativo del cada vez más amplio espectro que en su país reprueba la política exterior de W. Bush y, concretamente su guerra «antiterrorista», así como las arbitrariedades cometidas contra los reos capturados en Afganistán e Iraq, al son del mismo discurso. Cuatrocientos permanecen detenidos sin causa judicial allí.

El desacuerdo, y la contradicción interna que genera, constituyen el costo que, junto a las víctimas inocentes iraquíes, pagan en Estados Unidos quienes Ann Wright denomina «empleados del sistema». Y son muchos dentro de las fuerzas armadas y en los círculos cercanos al poder a los que ella perteneció hasta hace poco más de tres años.

Se trata de «un peso demasiado elevado para todos los que trabajan en el Departamento de Estado, en el de Justicia, o en la misma Base Naval.

«Todas las leyes de EE.UU. están siendo violadas. Se han minado los fundamentos de la justicia», enfatiza Wright.

Conoció de cerca el desempeño centroamericano de la era de Ronald Reagan; más de una vez estuvo en desacuerdo con alguna política, pero trabajaba como una profesional de carrera «con cualquiera que el pueblo hubiera seleccionado para estar en el gobierno».

Así, durante 35 años laboró con distintas administraciones: primero en la filas castrenses por 29 años, y luego 16 como diplomática, labor que la llevó por las embajadas de Estados Unidos en Nicaragua, Granada, Panamá, Somalia, Uzbekistán, Kirguistán, Sierra Leona, Micronesia...

Reabrió la sede diplomática de su país en la capital afgana, Kabul, en diciembre de 2001, después de la ocupación. Sería lo último que haría desde el oficialismo. Le tomó tiempo, pero al fin tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida.

Sabía que esta guerra, la de Iraq, iba a ser muy peligrosa para el mundo. «Se trata de una nación musulmana y rica en petróleo que no había hecho nada a mi país y que EE.UU. invadió», anota cuando desempolva recuerdos.

Ahora se dedica al activismo social y político en contra de la guerra y de las arbitrariedades cometidas contra los reos. Usa un pulóver que reza «No nos quedaremos callados».

Se siente afortunada de haber renunciado y experimenta un verdadero alivio que la ha puesto a bien con su conciencia. Ahora es libre.

«Estoy trabajando para detener las injusticias, me siento mucho mejor».

En el mismo centro de la Plaza Mariana Grajales, de Guantánamo, Ann Wright accedió a un breve diálogo para

. Su vida ha cambiado de modo radical. «No podría soportar otra administración como esta».

El disgusto en el país crece. Apabullados por la ilegalidad de una confrontación que ya ha dejado más de tres mil víctimas fatales en las tropas ocupantes, ocho mil soldados norteamericanos han desertado: «200 viven en Canadá y 14 que se han entregado a las autoridades militares y dicho: “Castíguenme, porque no vuelvo a Iraq”», cuenta.

Lo mismo hizo un oficial designado, quien será llevado ante la corte marcial en febrero. Hay 1 500 del servicio activo que firmaron una petición pidiendo: «Sáquenme de Iraq».

«Esto es increíble, porque el castigo para ellos puede ser muy costoso. Pero hay oficiales alertando que esta guerra es equivocada. Tenemos casi una revuelta dentro de los militares».

Las posturas no se limitan a la protesta. «Queremos que el Congreso investigue todas las denuncias, y si las evidencias lo permiten, Bush debe ser enjuiciado mediante el impechmeant».

Ann Wright ha sido arrestada seis veces por manifestarse a favor de la paz, y considera que seguramente volverá a serlo a su llegada a Washington. Pero asegura que no desistirá.

Poco se puede desde la justicia frente a una administración que burla constantemente la legalidad. Por eso el abogado Bill Goodman, director del Centro por los Derechos Constitucionales de EE.UU., reconoce la necesidad de la lucha social para detener las arbitrariedades de un gobierno que viola la Convención de Ginebra, desconociendo a los reos de su proclamada lucha contra el terror, hasta el derecho elemental al hábeas corpus: una figura recogida, incluso, en la Constitución estadounidense.

«Hacen falta ambas cosas: la batalla legal en las cortes y la lucha política mediante la organización de las personas», reafirma a JR. «Hasta que la gente no entienda la necesidad de ese cambio y lo exijan, el cambio no se dará», afirma.

  Ann Wright siente vergüenza por  los actos de la administración Bush Le hablo de la huelga de hambre iniciada por algunos de los presos en la cárcel de la Base, a pocos días del quinto aniversario de su apertura, este jueves. «La situación es muy tensa para ellos», comenta. «Se sienten sin esperanzas». La inmensa mayoría, dice, son inocentes.

Considera que es muy importante, simbólicamente, la marcha que realizarán en las inmediaciones de la Base, y también de gran impacto emocional para quienes, como él, no solo desaprueban la política. «Estamos horrorizados con lo que ocurre ahí dentro», dice en alusión a la ilegal prisión.

Alrededor de 700 fueron llevados allí en estos años. Trescientos lograron salir gracias al esfuerzo de hombres y mujeres como Goodman y quienes hoy protestan contra el ultraje.

La intervención del abogado en el intercambio sostenido por los pacifistas este miércoles con historiadores, maestros y otros profesionales y representantes de la sociedad guantanamera, ha sido trascendente para entender la maraña de entuertos alrededor de los hombres a quienes la administración de EE.UU. ha arrestado bajo acusación no probada, y a los que impide el acceso a la justicia, mal amparadas las autoridades en la Ley Patriótica proclamada el 11 de enero del año 2002.

«Hay prisioneros hasta de Europa y de África en la Base Naval; nunca han sido procesados por algún crimen».

Devela la estrategia de la administración norteamericana de mantener a los detenidos fuera del territorio nacional. Se trataba, explica, de evitar que las cortes estadounidenses interfirieran e hicieran lo que debían: desestimar esos casos por no jurisdicción.

Gracias a la batalla en pro de que se hiciera justicia, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó el 28 de junio de 2004 que los tribunales debían atender el pedido de hábeas corpus para los presos en Guantánamo. Más de 400 abogados provenientes de todas partes se han sumado a la batalla legal. No son de izquierda; hay entre ellos representantes de importantes firmas comerciales. «Solo están abrumados por lo que el gobierno de EE.UU. está haciendo con su Constitución».

Como ellos, el abogado Goodman considera un escándalo que los derechos de los prisioneros sigan siendo desoídos. No se trata solo de la retención ilegal, sino de los malos tratos y la tortura, recientemente convertida en ley.

«El gobierno debería estar avergonzado».