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La opinión no la da cualquiera. Viene de Ray McGovern, un ex analista de la CIA, que durante sus 27 años de carrera en la agencia les dio a diario los briefings o informaciones secretas a los presidentes Ronald Reagan y George H. W. Bush, el padre.
McGovern considera que ha sido testigo de una «prostitución» de su profesión, cuando la administración de George W. Bush, el hijo, mintió al pueblo estadounidense acerca de las supuestas evidencias de que Iraq tenía armas de destrucción masiva. Desde entonces, es su crítico acérrimo.
«No dejen que nadie les diga que el presidente fue engañado con falsa inteligencia...; ellos sabían», afirmó hace una semana ante una sala repleta de oyentes en la Biblioteca Pública Portsmouth.
El diario Foster’s Daily Democrat, de New Hampshire, reportó que el antiguo especialista de inteligencia hizo el relato de una serie de eventos demostrativos de que aun antes del 11 de septiembre de 2001, Bush deseaba la guerra contra Iraq, pero como las investigaciones de la CIA no proporcionaban las pruebas, simplemente «los hechos fueron arreglados», con el fin de legitimar la invasión, y en ello participó el vicepresidente Dick Cheney, quien en un discurso el 26 de agosto de 2002 sacó a relucir las «armas de destrucción masiva».
Con Irán han seguido la misma táctica: mentir, desinformar y tratar de llegar a la guerra. Desde 2003, dice McGovern, sabían perfectamente que Irán había detenido cualquier intento de armarse, y solo quería el desarrollo pacífico de la energía nuclear, pero aguantaron hasta hace poco ese informe, y aun así, lo manipularon bajo presión de la vicepresidencia.
Para McGovern, estos son elementos que bastan para el impeachment o juicio a Bush y a Cheney; y añade que la legislación propuesta por el congresista Dennis Kucinich tiene suficientes y detallados cargos, incluido el del espionaje y la escucha ilegal de los ciudadanos norteamericanos, una ofensa demostradamente punible, y cuya práctica ha «admitido» el propio Bush.
Pero el veterano de la CIA considera que el Congreso no ha actuado como corresponde, y menciona a la máxima autoridad de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien reconoció haber sabido de las torturas a los «combatientes enemigos» y de las escuchas ilegales en los briefings de inteligencia, pero estimó que por ser esa la fuente, no debía compartirlo ni siquiera con otros miembros del Comité de Inteligencia, razón por la que no pocos en EE.UU. ya le critican haber violado la Constitución que ha jurado defender «contra enemigos externos o domésticos».
Actualmente, tres demócratas del Comité Judicial de la Cámara —Robert Wexler (Florida), Luis Gutiérrez (Illinois) y Tammy Baldwin (Wisconsin)— han pedido al presidente de su Comité, John Conyers, que comience una audiencia de impeachment contra Cheney.
Wexler planteó que tenían «la obligación de preguntar, de determinar si de hecho el vicepresidente decididamente manipuló inteligencia, llevándonos a la guerra; si a sabiendas ordenó el uso ilegal de la tortura; si con conocimiento, y por propósitos políticos, expuso a agentes encubiertos; si obstruyó investigaciones federales. Son cargos demasiado serios como para ignorarlos».
Sin embargo, en un debate con los periodistas Amy Goodman y Juan González, de Democracy Now, en el que también participó como invitado McGovern, el congresista Conyers dijo que ya era poco el tiempo para que un impeachment fuera exitoso, y que podían «cometer errores profundos» que convirtieran «a los villanos en víctimas...».
Evidentemente no hay disposición entre quienes en el Congreso pueden llevar a cabo la acción legal y de justicia. No les importa que el dúo decididor quede impune, a pesar de que más de 100 000 ciudadanos han firmado la petición de Wexler y de que el American Research Group ha comprobado que el 45 por ciento de los norteamericanos apoya el procedimiento contra Bush, y el 54 por ciento contra Cheney. La voz y la voluntad del ciudadano no cuentan en aquella democracia.
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