Acuse de recibo
José Ruiz Gómez es un campesino inconforme con el proceder de la Empresa del Seguro Nacional en San Luis, provincia de Santiago de Cuba.
José, quien vive en Bloque 3, No. 1 del reparto López Peña, en San Luis, dice que aseguró en la campaña de primavera de 2024, por contrato, cuatro hectáreas de maíz. Pagó en tiempo y forma. El área se sembró del 5 al 30 de mayo de 2024, con buena humedad, preparación de suelo y germinación superior al 95 por ciento.
Y de junio hasta agosto de ese año se registró allí una intensa sequía. José pagó a Meteorología una certificación del efecto climatológico, y la entregó en tiempo y forma, al igual que pagó al Seguro la constancia de liquidación de la cosecha.
El 29 de agosto de 2024 una funcionaria de Intermar, entidad que hace inspecciones preventivas y de tasación de pérdidas, visitó el área y observó plantas raquíticas y sin espigar, y avizoró una afectación. El campesino solicitó al Seguro municipal una inspección al terreno para comprobar la pérdida. El 5 de septiembre fue la representante de Intermar a tasar la pérdida, la cual se envió al Seguro.
Pero, según José, el Seguro provincial afirma haber hecho inspecciones allí en junio y julio, lo cual él refuta por incierto. Y afirma que solo se efectuó la inspección del 29 de agosto y la tasación del 5 de septiembre.
«Si no se estuvo conforme con la tasación, dice, ¿por qué no se analizó la situación? ¿Es justo que al cabo de ocho meses se deniegue la indemnización?».
José señala como antecedente que se había acercado en varias ocasiones al funcionario del Seguro en el municipio, quien planteaba que no se había pagado la indemnización porque no había dinero. El 3 de abril de 2024 le había informado que en ese mes se pagaba; y el 10 de abril le comunicó que se denegó la indemnización: en las visitas no se observaban afectaciones.
«La Empresa de Seguro se caracteriza por defender el trabajo de los campesinos que tanto aportan al país, pero en este caso no mostró sentido de justicia, porque es una estafa hacerte creer en algo y luego tergiversar la situación. En espera del análisis por parte del Seguro Nacional, no dejaremos de exigir nuestros derechos a ser escuchados y respetados», concluye.
¿Por qué no se me informó desde el principio?
Maykel Hernández Rodríguez (Calle 68, No. 2917, entre 29 y 31, San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa) cuenta que el 1ro. de agosto de 2024 él se presentó en la oficina de la
Empresa Eléctrica a solicitar la instalación de un medidor eléctrico de 220 voltios, para un equipo de refrigeración adquirido legalmente en una tienda en su propio municipio.
Allí recogieron sus datos y le indicaron que estaría pendiente de la disponibilidad de esos equipos. Le sugirieron que visitara las oficinas periódicamente. Y casi a un año de espera y muchas visitas, recibe siempre la misma respuesta: pronto comenzaremos… vuelva en otra ocasión. Y siempre registran sus visitas.
Pero el 1ro. de julio de 2025 le informaron abruptamente que no contaban con medidores de 220 voltios para su instalación. «Información incierta, dice, pues según otras fuentes sí existen medidores, pero no para todos. Y mi equipo, que opera a 220 voltios, perderá su garantía en los próximos meses.
«Si la Unión Eléctrica no dispone de medidores, ¿por qué no se me informó desde el principio? Según la norma, la Empresa Eléctrica tiene 30 días hábiles para ejecutar la instalación tras la solicitud. Me preocupa que haya medidores disponibles, mientras personas como yo, con comprobantes legales, quedamos en el limbo. ¿Qué tiempo debo seguir esperando para obtener dicho servicio? ¿Y qué debo hacer?», concluye.
José Ruiz Gómez es un campesino inconforme con el proceder de la Empresa del Seguro Nacional en San Luis, provincia de Santiago de Cuba.
José, quien vive en Bloque 3, No. 1 del reparto López Peña, en San Luis, dice que aseguró en la campaña de primavera de 2024, por contrato, cuatro hectáreas de maíz. Pagó en tiempo y forma. El área se sembró del 5 al 30 de mayo de 2024, con buena humedad, preparación de suelo y germinación superior al 95 por ciento.
Y de junio hasta agosto de ese año se registró allí una intensa sequía. José pagó a Meteorología una certificación del efecto climatológico, y la entregó en tiempo y forma, al igual que pagó al Seguro la constancia de liquidación de la cosecha.
El 29 de agosto de 2024 una funcionaria de Intermar, entidad que hace inspecciones preventivas y de tasación de pérdidas, visitó el área y observó plantas raquíticas y sin espigar, y avizoró una afectación. El campesino solicitó al Seguro municipal una inspección al terreno para comprobar la pérdida. El 5 de septiembre fue la representante de Intermar a tasar la pérdida, la cual se envió al Seguro.
Pero, según José, el Seguro provincial afirma haber hecho inspecciones allí en junio y julio, lo cual él refuta por incierto. Y afirma que solo se efectuó la inspección del 29 de agosto y la tasación del 5 de septiembre.
«Si no se estuvo conforme con la tasación, dice, ¿por qué no se analizó la situación? ¿Es justo que al cabo de ocho meses se deniegue la indemnización?».
José señala como antecedente que se había acercado en varias ocasiones al funcionario del Seguro en el municipio, quien planteaba que no se había pagado la indemnización porque no había dinero. El 3 de abril de 2024 le había informado que en ese mes se pagaba; y el 10 de abril le comunicó que se denegó la indemnización: en las visitas no se observaban afectaciones.
«La Empresa de Seguro se caracteriza por defender el trabajo de los campesinos que tanto aportan al país, pero en este caso no mostró sentido de justicia, porque es una estafa hacerte creer en algo y luego tergiversar la situación. En espera del análisis por parte del Seguro Nacional, no dejaremos de exigir nuestros derechos a ser escuchados y respetados», concluye.
¿Por qué no se me informó desde el principio?
Maykel Hernández Rodríguez (Calle 68, No. 2917, entre 29 y 31, San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa) cuenta que el 1ro. de agosto de 2024 él se presentó en la oficina de la
Empresa Eléctrica a solicitar la instalación de un medidor eléctrico de 220 voltios, para un equipo de refrigeración adquirido legalmente en una tienda en su propio municipio.
Allí recogieron sus datos y le indicaron que estaría pendiente de la disponibilidad de esos equipos. Le sugirieron que visitara las oficinas periódicamente. Y casi a un año de espera y muchas visitas, recibe siempre la misma respuesta: pronto comenzaremos… vuelva en otra ocasión. Y siempre registran sus visitas.
Pero el 1ro. de julio de 2025 le informaron abruptamente que no contaban con medidores de 220 voltios para su instalación. «Información incierta, dice, pues según otras fuentes sí existen medidores, pero no para todos. Y mi equipo, que opera a 220 voltios, perderá su garantía en los próximos meses.
«Si la Unión Eléctrica no dispone de medidores, ¿por qué no se me informó desde el principio? Según la norma, la Empresa Eléctrica tiene 30 días hábiles para ejecutar la instalación tras la solicitud. Me preocupa que haya medidores disponibles, mientras personas como yo, con comprobantes legales, quedamos en el limbo. ¿Qué tiempo debo seguir esperando para obtener dicho servicio? ¿Y qué debo hacer?», concluye.
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