Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 15 de agosto, desde Santiago de Cuba, Leonardo Naranjo Oyarzabal, ingeniero en Explotación del Transporte Marítimo y jefe de barcos en el puerto Guillermón Moncada de esa ciudad, denunció aquí que la Empresa de Servicios Portuarios de Oriente le debe hace años un pago por una innovación que él hizo al equipamiento para la descarga de cereales hacia medios ferroviarios.

 Refería que ese trabajo fue destacado nacionalmente, y que solo en el primer año de aplicado representó un ahorro de 487 078,2 litros de combustible. Se sustituyeron 1258 viajes de camiones para transportar 38 958 toneladas de maíz hacia Antilla. Y el efecto económico fue de 4 830 748, 95 pesos.

 Entonces, añadía, la comisión evaluadora de su trabajo emitió la correspondiente boleta y confirmó el pago del importe en aquel momento al autor. Pero por cambios en la dirección de la Empresa, dicho pago no se hizo efectivo, a pesar de varias reclamaciones desde 2018 hasta enero de 2022 a los sucesivos directores de la UEB Operaciones, sus jefes inmediatos superiores. Nunca recibió respuesta por escrito, decía, solo evasivas verbales.

 Decía que el pasado 29 de junio envió un mensaje telefónico al director general, José Antonio Olivares Díaz, recabando su ayuda, pues hacía tres meses que le habían amputado un dedo del pie por la diabetes que padece, y estaba en cama con pronóstico de varios meses sin trabajar.

Señalaba que en varias ocasiones se dirigió a la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en las instancias municipal y provincial en busca de ayuda. Y allí hicieron gestiones. Le entregaron el expediente con las nuevas normativas, han realizado visitas y dejado recomendaciones, pero el problema no se resuelve.

Al respecto, responde Miguel Pineda López, director general del Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (Gemar), que en 2014 se hicieron adecuaciones a la tolva para la carga de graneles a medios ferroviarios; tolva que en su momento fue una innovación, por la cual se reconocieron en el Fórum de Ciencia y Técnica a varios trabajadores, entre ellos a su autor, Abdías Alonso Sánchez Borge.

Explica que con la salida de servicio del muelle Luis Felipe Mena Gil, que hasta entonces daba servicio a los graneleros, la referida tolva no pudo continuar operando, pues el acceso ferroviario en el muelle 30 de Noviembre quedaba más distante. Y surgió la idea de llevar la tolva hasta el 30 de Noviembre, alargarle su brazo y levantarla más sobre el muelle. Idea de Leonardo Naranjo, entonces director general de la Empresa de Servicios Portuarios Oriente, quien como cuadro, tenía la función de mejorar el trabajo de la organización que dirigía.

«La tolva, afirma, como medio de carga de más de una tonelada, exigía certificación por el Registro Cubano de Buques; y no se materializó, ya que la innovación se realizó con elementos sobrantes y materiales reciclados».

Y a esa tolva, agrega, desde 2014 se le realizaron múltiples adecuaciones y reparaciones, teniendo en cuenta su mal estado y las condiciones en que trabaja en el muelle 30 de Noviembre. Hubo que levantarla con tableros portuarios, y luego con  estructura metálica, lo que  la hace inestable al recibir las jalbas de contacto de más de tres toneladas.

Suscribe que la adecuación a la tolva y los ahorros a los que se refirió Leonardo no impactaron en las finanzas del Puerto de Santiago de Cuba, y sí se manifestaron en ahorro de combustible dejado de consumir por las empresas transportistas.

Señala que obra un expediente único de innovaciones y racionalizaciones inconcluso e indefinido, que se firmó por el propio trabajador y por el Director de la UEB Aseguramiento Técnico entonces, expediente que por demás no reúne los requisitos exigidos por la Ley 38 de 1982, Ley de Innovaciones y Racionalizaciones y su Reglamento, Decreto 120 de 1984. No se cumplen los pasos que exige la ANIR para la identificación, solución y certificación de solución, impactado además por el tiempo transcurrido de su elaboración.

Y teniendo en cuenta  todo lo anterior, declara sin razón la reclamación.

A todas estas, ¿por qué la ANIR no se ha pronunciado en una respuesta al respecto?