Acuse de recibo
Jorge Hernández Marrero (calle 8, No. 18, La Pedrona, Mayarí, provincia de Holguín) necesita despejar ciertas dudas desde que en enero pasado la Empresa de Comercio Municipal le arrendó el local de la cafetería El Escolar, y comenzó a prestar servicios allí como trabajador por cuenta propia.
Resulta que desde un inicio él, sopesando que las unidades de comercio estatal venden allí el paquete de Pelly de 80 gramos a 70 pesos, le puso el precio de esa misma mercancía en su negocio a 60 pesos. Y el pasado 2 de marzo los inspectores del municipio le aplicaron una multa de 8 000 pesos, con el argumento de que el precio aprobado para los trabajadores por cuenta propia para ese producto por Resolución del Consejo de la Administración Municipal era de 45 pesos.
Jorge reclamó al Director de la Dirección Integral de Supervisión municipal, y la respuesta fue que las unidades de Comercio estatales sí podían venderlo a 70 pesos, porque no pueden tener pérdidas.
«Me dirigí al Intendente, manifiesta, y no me quedó otra alternativa que pagar la multa antes de que se duplique. ¿Cómo puede el Gobierno aquí en Mayarí tener en una misma calle para el mismo producto dos precios con tal diferencia? Eso hoy está sucediendo aquí, y asumo toda la responsabilidad moral y material de lo que estoy comunicando», concluye.
Rafael Ramos Castillo (calle Martí, no. 271, Casa J, entre Rafael Río Entero y Coronel Legón, Sancti Spíritus) señala en su carta que hace más de seis años un grupo de personas del barrio está luchando con el peligro que representa una ceiba que un vecino sembró en su patio.
Según la Defensa Civil, refiere, ello representa una vulnerabilidad, ya que en caso de fuertes vientos el intocable árbol puede destruir las casas alrededor, pues son de techo de tejas.
Lo peor, según el técnico de la Forestal, es que las raíces pueden levantar los pisos de las viviendas y destruir las tuberías residuales de los baños.
Y cada vez que se plantea la situación, añade, siempre la respuesta del Gobierno municipal es que se va a crear una comisión para analizar al respecto. Pero todo queda en un peloteo, y hasta ahora nada se hace. Y ya la ceiba alcanzó la altura de más de 20 metros.
Miguel Mendoza Mendoza (Calzada de San Miguel del Padrón, No. 1422, entre 3ra. y Manuel González, reparto La Rosalía, San Miguel del Padrón, La Habana) refiere que desde septiembre en las farmacias de ese municipio capitalino no entra el captopril, medicamento controlado para la hipertensión arterial.
Sin embargo, agrega Miguel que en la Feria de La Cuevita hay un señor con una manta en el piso, quien a la vista de todos oferta medicamentos, entre ellos, el captopril a 350 pesos la tira de 20 pastillas.
«¿Cómo es posible —pregunta— que las autoridades no puedan controlar ilegalidades que, además de atentar contra el bolsillo del cubano, atentan contra la salud del pueblo? Yo consumo captopril, y no sé qué va a pasar conmigo.
«La última pastilla me la tomé en enero, y debo tomarme una tableta cada 8 horas. Serían cinco tiras al mes. Cinco por 350 pesos serían 1750 pesos al mes. No hay chequera que aguante eso, y súmele la hidroclorotiazida y el dinitrato de isosorbida, cuyos precios están entre 100 y 150 pesos la tira, cuando aparecen», concluye.
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