Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Kenia Madys Pau Fajardo (Milanés no.30, reparto El Cristo, Bayamo, Granma) es una jubilada con limitaciones físicas, pero con plenas facultades mentales. Y como clienta de la Sucursal 7472 del Banco Popular de Ahorro (BPA) se asombró cuando  le comunicaron que su cuenta de jubilada, asociada a tarjeta magnética, ¡no tenía saldo!

Pidió el servicio de estado de cuentas, y descubrió que hubo varias operaciones que no reconocía como realizadas por ella, ni tampoco con su consentimiento: El 11 de noviembre de 2021, extracción con referencia corriente EU11248625997. Y el 8 de febrero de 2022 extracción con referencia corriente EU20152585997. Y según le explicaron, las operaciones con prefijo EU significan reservación de fondos para cobrar por caja. ¿Cómo ha sido posible, dice, si no cobré ese dinero en caja?

«También en el estado de cuentas, afirma, había otras operaciones igualmente sospechosas de “transferencia de fondos”, que reflejan dos códigos de operador bancario (entiéndase personas o trabajadores con acceso al sistema informático del Banco). Esas transferencias siempre se realizaron a la tarjeta 920406XXXXXX5917».

Hasta ahora, añade, el BPA, tanto su Sucursal 7472 como su Dirección Provincial, no le ha dado una respuesta convincente, ni se le ha explicado cómo pudo suceder todo esto; tampoco cómo recuperar lo sustraído.

Kenia lo denunció a la Policía, y «tampoco se ha hecho un trabajo exhaustivo en este sentido», señala. Hasta fue a Fiscalía Municipal: «No me dieron una respuesta adecuada.

«Fueron los ahorros de 50 años de trabajo, y de la venta de mi automóvil, sustraídos en cuestión de días, ante lo cual pregunto: ¿Quién responde por esto?», concluye.

¿Quién cometió el fraude?

Mercedes Olimpia Viamontes (calle Cuba, Edificio A, apto. 7, entre Padre Felipe y Ojo de Agua, reparto La Caridad, Camagüey) afirma que se siente maltratada por la Empresa Eléctrica, pues la acusan de fraude sin prueba alguna.

Cuenta que el pasado 6 de julio fue a su casa el inspector Yoannis R. Paz y le pidió que le acompañara al metro contador, que está en la planta baja del edificio, sin seguridad y con acceso a cualquier persona. Alegó que el metro tenía irregularidades, algo que ya él sabía desde la semana anterior, cuando revisó los relojes sin la presencia de ningún vecino. Fue cuando el esposo de Mercedes llegó de repente y le preguntó qué hacía. El inspector le dijo que no había ningún problema.

Pero se presentó la semana siguiente alegando que había problemas en el reloj. Y Mercedes dijo que no cometió violación alguna. Pero él le aplicó una multa de 500 pesos, y la citó para el 7 de julio a la oficina de la Empresa Eléctrica. Cuando ella llegó allí, ya el administrador le tenía un expediente con una deuda de 14 400 pesos. Hizo la reclamación, y le indicaron que tenían 15 días para responder.

Todo ello, dice, sin la respuesta del laboratorio de la entidad, al que llevaron el reloj. Precisa que no le pusieron en su presencia el sello que requiere para trasladarlo, según supo después. Y el mismo inspector le dijo a su vecina, quien está en la misma situación, que si no aplica cinco multas al mes le bajan un por ciento del salario.

«Con total impunidad, dice, no analizaron mi reclamación. Nunca hubo respuesta en los 15 días. Me presenté en la oficina donde reclamé, con más de 30 días, y nadie me pudo dar respuesta porque la compañera de Atención a la Población no estaba trabajando. El 17 la llamé por teléfono y me dijo que ya estaba la respuesta, que fuera a recogerla el 18. Y el 18, antes de ir a buscarla, me cortaron el servicio por impago. Ella tenía la respuesta desde el 12 de julio, lo informó a la oficina y no a mí».

Mercedes fue a la Empresa y habló con el director, quien le expresó que su respuesta estaba en fecha porque eran 30 días, y era ella la que debía preocuparse.

«Yo le rebato, añade, y él rectifica y ofrece disculpas. Y cuando le reclamo que ya no procedía por pasarse del término establecido, me dice con total impunidad que la que no podía pasarse de los términos era yo como cliente. Entonces me dijo que fuera a la Fiscalía a reclamar.

«Adjunto la respuesta que me dieron, donde refieren que no hubo error en el procedimiento por parte de los inspectores. Que averigüen quién cometió las violaciones, porque no fui yo. Y no tengo por qué pagar por un fraude que no cometí», termina.