Acuse de recibo
El pasado 14 de junio, desde Güines, en la provincia de Mayabeque, el impedido físico Waldo Morfa contó que en la sucursal del Banco Popular de Ahorro (BPA) allí preguntó si en la cola había algún impedido físico y le dijeron que no. Pidió, tras entrar dos de la cola, que lo pasaran a la empleada de la puerta. Esta dijo que los impedidos no tenían privilegios. Que viera a la Directora, quien ratificó lo mismo. Él refutó el enfoque de privilegio. Y la Directora le indicó que debía hacer la cola como cualquiera.
Al respecto, responde Tania Fitó Hernández, presidenta del BPA, que directivos de ese Banco visitaron a Waldo, quien ratificó sentirse mal atendido. Y hablaron con directivos de la sucursal, quienes no recordaban el hecho. Sostuvieron que, aunque no hay regulación establecida al respecto, es práctica allí priorizar a esas personas, explicando en la cola la dificultad de cada caso, y buscando la anuencia para permitirles el servicio de forma rápida.
«Se concluyó, añade, que le asiste razón al cliente, pues no se encontraron evidencias para afirmar que no fue maltratado; ciertamente, no es posible revertir lo sucedido, y por eso le ofrecieron disculpas y se lamentó lo sucedido. Nuestra institución no tiene escrito en sus manuales la forma de proceder en esos casos, porque la mayor parte de sus clientes son jubilados y pensionados de la seguridad social; y el trato hacia ellos, incluidos discapacitados, tiene que caracterizarse por empatía y sensibilidad humana, valores siempre defendidos por cuadros, directivos y trabajadores en sentido general».
Añade que tras el análisis de las causas que pudieron propiciar el desagradable hecho, se proponen desarrollar, promulgar y supervisar de inmediato la aplicación de normas y directrices que regulen la accesibilidad de personas con discapacidad a instalaciones y servicios del BPA. Y anuncia que se adoptará medida administrativa con el responsable de los hechos.
Agradezco la respuesta. Se reconoce que no habían instrumentado normas para el acceso diferenciado de impedidos, y se pondera la voluntad de instrumentarlas a partir de lo sucedido.
Pero hay sentimientos que brotan del corazón, más allá de si hay normativas o no. Y esos no afloraron ese día en la empleada de la puerta. Ni tampoco en la Directora.
Alberto Rodríguez González (Jovellar, No. 1, apto. 26, entre Marina y Soledad, Centro Habana, La Habana) relata que hace más de tres semanas Aguas de La Habana realizó una reparación en Hospital y Jovellar, lo que ocasionó una rotura en la red del gas de la calle, y se fueron.
«No tenemos gas para cocinar desde entonces, añade, y no obstante los trabajos realizados por la Empresa de Gas Manufacturado, aún seguimos sin ese importante servicio. Y lo peor de todo es que hemos perdido la esperanza en recuperarlo.
«Muchas familias no tienen las condiciones necesarias para suplir este servicio de primera necesidad. Y por negligencia de alguien nos vemos afectados económicamente, al cocinar con electricidad, cuando se necesita ahorrarla en el país.
«De no resolverse esta situación, ¿se pudiera demandar ante los tribunales por los daños económicos y por los perjuicios que nos han ocasionado a cientos de vecinos?», pregunta Alberto al final de su carta.
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