Acuse de recibo
El 17 de noviembre pasado, desde Jovellanos, Matanzas, Enrique Díaz García contó que el 1ro. de ese mes apoyaba de mensajero a su suegra, trabajadora por cuenta propia, y un inspector de la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) le pidió licencia de trabajadora por cuenta propia. Dijo que no poseía y solo ayudaba a su suegra, pues no tenía trabajo ni había ofertas de empleo. Y el inspector le impuso una multa de 2 500 pesos.
Decía que, licenciado del servicio militar en diciembre de 2020, buscó empleo en la Dirección de Trabajo Municipal, y le respondían que por la pandemia no había ofertas en el territorio, ni se estaban otorgando nuevas licencias para el trabajo por cuenta propia. «El apoyo que le daba a mi suegra, decía, era una ayuda a mi desesperada situación económica… Los ingresos obtenidos solo daban para subsistir. Tengo entendido que un yerno (primer grado de afinidad) no tiene que tramitar licencia para darle apoyo a la actividad de su suegra… entiendo que no violé absolutamente nada».
Esas razones las esgrimió en la reclamación que hizo a la jefa del grupo municipal de inspectores. Le indicaron que había diez días para darle respuesta. Sin ella a los 12 días, fue a la oficina de inspección a reclamar. No estaba la jefa del grupo, y quien lo atendió le informó que estaban atrasados por la situación de la COVID-19.
«Para ponerme la multa no importa la situación de la pandemia, pero para darme respuesta sí; considero que no violé nada, pero ustedes sí están violando el término de respuesta de una ley», expresó Juan Enrique. La funcionaria no dijo nada y él se fue. Días después supo que en la Dirección de Trabajo había una convocatoria para laborar en la construcción, y de inmediato solicitó empleo y está trabajando. Pero de respuesta nada. El 30 de octubre llamó por teléfono para reclamar la respuesta, pues había transcurrido más de un mes. Y quien le atendió se negó a identificarse y le colgó el teléfono.
«No se puede exigir moral en calzoncillos, decía. La oficina de inspectores integrales de este municipio deja mucho que desear. Más que la respuesta y solución de mi caso amerita combatir con energía esta deplorable actitud. La ley debe ser de obligatorio cumplimiento para todos.
«Y llevar el asunto ante los tribunales implicaría incurrir en gastos superiores y un desenlace incierto. ¿Qué alternativas tengo? ¿Dejar el hecho impune? No creo que sea una opción y, por tanto, pongo el asunto en sus manos, en espera de que puedan restablecerse la legalidad y el respeto a la ciudadanía.
«Mientras no se le dé el tratamiento a la desatención de la ciudadanía como hecho contrario a la ley —entiéndase delito y se penalice como tal—, seguirán siendo las páginas especializadas en denuncias de los periódicos “el muro de los lamentos”, que no logra resultados de concientización en este gran problema de nuestra sociedad, el que atenta contra la credibilidad de esta», concluía.
Responde Carmen Rosa López Rodríguez, directora de Empleo del sector no estatal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que se investigó por las autoridades competentes, y se precisó que los inspectores actuaron acorde a la ley, según informó la subdirectora de Cuenta Propia y Empleo, Ohysa González. La provincia estableció precios topados para la comercialización de productos alimenticios, y la multa aplicada fue por violación de los precios establecidos por el Consejo de la Administración Municipal y no por ejercer el trabajo por cuenta propia como ayuda de su familiar, como él refiere.
La multa impuesta de 2 500 pesos, explica, se sustenta en el Decreto 30 del Ministerio de Finanzas y Precios, artículo 7, por un importe de 5 000 pesos, rebajada a 2 500 aplicando el Artículo 16 del decreto-ley 99 De las Contravenciones personales del Consejo de Estado.
Jorge Enrique, añade, presentó un Recurso de Apelación, que se vio afectado debido al cúmulo de trabajo en las oficinas de Supervisión. Y este fue declarado sin lugar por incongruente, al no presentar elementos suficientes que demuestren violaciones de las normas por los inspectores.
Precisa que, según información de la Dirección Provincial de Trabajo, Jorge Enrique, al desmovilizarse del servicio militar activo, recibió oferta de empleo como lo establecen las normas vigentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de conjunto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y concluye afirmando que «está consciente el promovente de las infracciones cometidas».
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