Acuse de recibo
El pasado 27 de abril, y desde la localidad avileña de Chambas, Rigoberto Fernández Castillo, custodio en la fábrica de tabacos La Casita Criolla, de ese territorio, se quejó aquí de lo que consideraba una injusticia laboral.
Contaba que el 24 de febrero del actual año la directora y la económica de ese centro resultaron positivas a la COVID-19. Y se orientó a los trabajadores aislarse en sus casas; y a los custodios, dada la urgencia de preservar los recursos, se les indicó seguir en sus turnos. La orientación fue de Julio Antonio Torres, jefe de Producción, y Ricardo Varona Pestana, director de la Empresa Agropecuaria de Florencia. Ambos confirmaron haber hecho las consultas necesarias en tal sentido.
Aun así, Rigoberto llamó al Consejo de Defensa Municipal, y le respondió la funcionaria Yudelsy Gutiérrez Pestano, quien dijo conocer el caso, pero aún no había podido contactar y coordinar con la Directora de Higiene y Epidemiología de Chambas. Él le pidió orientación y ella le indicó que permaneciera en su puesto de trabajo. Y a los cinco minutos, llegó la inspectora del Minsap Lisvania López, quien le impuso una multa de 2 000 pesos, al propio tiempo que le informó que ella estaba en el Consejo de Defensa en el momento de su llamada.
Él pagó la multa y apeló dentro del término establecido. A los pocos días la doctora Damarys Ferrón, directora Municipal de Higiene y Epidemiología, le comunicó que su apelación había sido denegada.
«A veces la toma de decisiones involucra a tantos directivos en un círculo tan estrecho, y errores y contradicciones llevan a un punto tal donde no hay marcha atrás legalmente, que al final revientan por el eslabón más débil, decía. La pérdida de 2 000 pesos se siente, pero mucho más se sufre en lo moral, pues agobia y mortifica ser víctima de una situación inexplicable, a partir del acatamiento correcto de las orientaciones superiores».
En estos dos meses no ha llegado a Juventud Rebelde una respuesta al caso. Pero el 19 de junio pasado, Rigoberto volvió a escribirme para contar que también había enviado su queja al periódico provincial Invasor. Y se publicó posteriormente la respuesta de Damarys Ferrón, directora de Higiene y Epidemiología en Chambas.
El custodio la califica como «una explicación distorsionada de cómo ocurrieron los hechos que la llevaron a ordenar la multa. En su respuesta, esquiva y confusa, se cuida muy bien de no mencionar a los dos factores principales que me llevaron a cometer la infracción: Ricardo Varona Pestana y, sobre todo, Yudelsy Gutiérrez Pestano.
«En su enrevesado alegato dice que dentro de sus funciones no está evaluar el comportamiento de Ricardo y Yudelsy. Pregunto: ¿Las leyes hacen distinciones a la hora de ser aplicadas, atendiendo al cargo del infractor? ¿O es que el dirigente es infalible, inmune, intocable? ¿Cómo no protestar ante tamaña felonía en la Cuba de estos tiempos?», afirma.
Y concluye que ante lo publicado aquí, «me han contactado desde diversas partes del país personas desafectas, para brindarme su “ayuda”. Les he manifestado mi negativa a dar algún criterio o información, y les he reiterado que soy un revolucionario, que confía en la justicia».
En comunicación con este redactor, Roberto Carlos Delgado Burgos, director del periódico Invasor, confirmó que la queja inicial de Rigoberto, similar a la mostrada en Juventud Rebelde, fue publicada también en ese rotativo, así como la respuesta de la doctora Damarys Ferrón a la cual se refiere el demandante.
Y me envía copia de lo que expresara el colega Alexey Fajardo López, titular de la sección homóloga del Invasor Cartas Abiertas, ante la respuesta de la directiva:
«Este redactor tiene interrogantes que no logra responderse… ¿Solo viola Rigoberto? Al menos en la respuesta recibida en esta Redacción, pareciera que así fue. El contexto en que se cometió la violación no parece contar a la hora de dar Sin Razón la reclamación del lector, porque según explica la Directora Municipal de Higiene y Epidemiología “(…) en relación con la indicación de mantenerse en su puesto de trabajo, se le informa que no está dentro de nuestra competencia evaluar tal particular”».
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