Acuse de recibo
Con 83 años, Carmen Rosa Santo Aguilera vive desde 1961 en Cautillo Merendero, en el municipio granmense de Jiguaní, exactamente en un barrio conocido como La Renté. Su casa tiene paredes de tablas de palma y el techo de fibrocemento.
Cuenta ella que ya en 2006 se informaba en las rendiciones de cuenta del delegado del Poder Popular que el barrio sería demolido, porque las viviendas están ubicadas muy cerca de las torres de alto voltaje eléctrico, un peligro para la vida.
Y las casas, con el decursar de los años, se iban deteriorando más. Pero las autoridades del municipio no permitían arreglos (no explica el porqué). Nadie se atrevía a efectuar una inversión, so pena de ser multado.
En 2017, refiere, los vecinos solicitaron al delegado un encuentro con un dirigente del municipio para ver qué podían hacer con las viviendas en mal estado. Y en una rendición de cuentas de 2018 se logró que la Directora de Planificación Física municipal participara. Allí, ella les ofreció una posible solución: solicitar solares en la finca Los cocos.
Los vecinos lo hicieron por escrito. A los 15 días fueron dos trabajadores de dicho organismo para verificar el motivo de la solicitud. «Y salieron horrorizados al ver la situación de mi vivienda», precisa Carmen Rosa.
Pero a los 20 días recibieron un documento emitido por el Gobierno municipal de Jiguaní que denegaba las solicitudes, pues no contaban con solares en el territorio.
«Algo risible o para indignarse —señala—, pues hacía dos meses de la rendición de cuentas, donde nos explicaron que la única solución era solicitar los solares. Sin embargo, hoy en la finca Los cocos no se ha repartido uno solo, además de que los hay cerca del campo de pelota en Cautillo Merendero».
Refiere que hay varias edificaciones desocupadas, sin utilizarse, que se están deteriorando: «Si se las entregaran a los necesitados, seguramente las arreglarían, pues a un desnudo cualquier ropa le sirve».
Cuenta que en su maltrecha vivienda viven con ella dos hijos: un varón de 63 años encamado, con invalidez total, a quien hay que hacérselo todo; y una hembra de 56, con discapacidad mental. La anciana habló con los trabajadores sociales y el delegado de la circunscripción para pedir un subsidio. Y no encuentra solución, pues la Dirección Municipal de la Vivienda le dice que no se lo pueden dar porque su casa está construida en un terreno particular. Que debe solicitar un solar.
«Pero cada vez que lo solicito —dice—, el Gobierno de Jiguaní me dice que no hay solares. ¿Qué hago? Estoy desesperada, y los organismos que me pueden ayudar no lo hacen. Tengo 83 años y quisiera antes de morir dejar a mis dos hijos en una casa. Ayúdenme a salir de este laberinto».
María Emilia Pérez Consuegra vive en Río Potrero, a cuatro kilómetros de la ciudad de Las Tunas, y afirma que desde que usted llega a la Dirección Municipal de Planificación Física, se siente maltratado: no hay nada que identifique la entidad, ni información sobre los horarios de atención al público.
«A la entrada, el público empieza a recibir amenazas de la recepcionista y otros empleados del lugar, y dan la imagen de que causas molestias, por el tono agresivo con que se dirigen a una.
«Pienso que la persona que no tenga vocación para eso no debe trabajar con el público, mucho menos con quienes llevamos meses tratando de que se nos tramite una necesidad legal.
«El lunes 25, primer día de la semana, comenzaron a atender a la población casi a las 11 de la mañana, con el pretexto de que iban a baldear, porque el viernes no había agua para hacerlo. ¿No pudo hacerse el sábado o el domingo, o ese día a las cinco de la mañana? Y el limpiar duró casi dos horas.
«El Presidente Díaz-Canel, en casi todas sus intervenciones, plantea la necesidad de agilizar trámites burocráticos y ofrecer una adecuada y digna atención a la población. La Constitución de la República recién aprobada menciona mucho la palabra dignidad, que no debe ser letra muerta», concluye María Emilia.
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