Acuse de recibo
En la Cuba de hoy, hay quienes creen todavía que los trabajadores son entes pasivos, para solo recibir órdenes. Y cuando no se cuenta con ellos, no se les implica ni se les informa de lo que se hace y dispone con el resultado de su labor, suelen surgir conflictos como el revelado aquí el pasado 29 de septiembre por Rafael Martínez Silva, integrante de la Agencia de Seguridad y Protección (Agesp) del Ministerio de Transporte, en la Isla de la Juventud.
Señalaba entonces Rafael que los agentes de seguridad y protección de Agesp en ese territorio no pudieron cobrar por las utilidades de esa empresa en 2016 y 2017, y no tenían información ni fundamentación del porqué, a pesar de que ese pago está dispuesto por Resolución del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).
Refería el remitente que la Resolución 38 del MFP establece para las empresas estatales que deben estar creadas y aprobadas las reservas voluntarias, «y hasta el momento no se nos ha dado a conocer en 2016 y 2017 si esas reservas voluntarias se encuentran creadas y aprobadas por la persona jurídica facultada».
Aducía Rafael que, según dicha Resolución, para tener derecho al pago por la distribución de utilidades, deben cumplirse los indicadores directivos para el año, y en la Agesp pinera no fue nadie de la dirección territorial ni de la nacional a dar a conocer a los trabajadores si se cumplió o no con los indicadores directivos.
Entre otros requisitos, señalaba el de no tener adeudos vencidos con el fisco en el período, y no lo tuvieron. Arguía que dicha Resolución dispone que se elabore un procedimiento que defina cómo se desarrolla el proceso de otorgamiento y distribución de esa reserva, y debe ser de conocimiento de los trabajadores. Y nadie se había reunido con ellos para darles a conocer de tal procedimiento, si existía o no.
Al respecto, reconoce Ángel Cancio González, director general de Agesp, que «siempre que se viola lo estipulado en la legislación, se incumplen las orientaciones de los niveles superiores y los acuerdos de los órganos colegiados de dirección. Y lo fundamental: no informar con claridad y transparencia a los colectivos laborales, trae consigo esas inconformidades».
Señala que el Consejo de Dirección de esa institución tomó como acuerdo 1 de 2017, a partir de las utilidades retenidas, proponer a la aprobación, como está establecido, para destinarlas como reservas voluntarias para el financiamiento de inversiones, capital de trabajo y para fondo de compensación del Órgano Superior de Dirección Empresarial (OSDE) al cual está adscrita: el Grupo Empresarial Marítimo Portuario (Gemar).
Se le aprobó a Agesp, añade, destinar las utilidades retenidas para capital de trabajo. Y el Consejo de Dirección de esta dispuso preparar explicación sobre el destino propuesto de las utilidades retenidas a crear como reservas voluntarias al cierre de 2016, para su posterior envío a los territorios y explicación a las agencias de base para su análisis con los trabajadores.
«Se comprobó que en la Agencia Isla de la Juventud, refiere, no se cumplió con ese acuerdo, al no contar con la evidencia correspondiente, por lo que se reconoce la veracidad de lo planteado por el remitente. El cuadro responsable de ese incumplimiento no se encuentra laborando en la Empresa en la actualidad».
Agradezco la respuesta, pero me asaltan dudas que pueden ser las de mis lectores y, principalmente, las de los propios trabajadores de Agesp en la Isla de la Juventud:
¿El proceder del «cuadro responsable del incumplimiento», de no informar a los trabajadores el destino de las utilidades retenidas, es la única causa? ¿Qué papel desempeñaban entonces las organizaciones políticas y sindicales allí, que no exigieron una explicación?
¿Qué responsabilidad tuvieron los niveles superiores de dirección de Agesp, que no controlaron el cumplimiento de un acuerdo suyo en la Isla de la Juventud? ¿El «cuadro responsable» ya no labora allí porque fue destituido, o se fue tranquilamente de la Agencia luego de soslayar la información a los trabajadores?
Hay que cuidarse mucho de los estilos burocráticos de dirección, que soslayan y vulneran la información y los consensos con los trabajadores, los que deciden los resultados de una entidad, y por ende, del país.