Acuse de recibo
Pareciera que su dirección tiene algo que ver con la misiva que nos remite. El capitalino Hermes Garcés Oropesa vive entre las calles Esperanza y Final (Maceo s/n, reparto La Prosperidad, San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, La Habana) y eso es, después que uno lee, lo que sugiere su carta: la esperanza final a la vuelta de muchos reclamos.
Cuenta Hermes que su mamá, Sergia Lina Oropesa Pujol, campesina de 71 años de edad y fundadora de la ANAP, fue despojada desde 2013 de su vivienda y de los seis cordeles de tierra que la circundan, situados en la finca El Chorro y Línea del Ferrocarril, presa Río Hondo, también en San Francisco de Paula.
Esta tierra —relata— había sido entregada en usufructo mediante resolución administrativa del sistema de la Agricultura. Pero en 2013, aprovechando que Sergia Lina se encontraba temporalmente ausente por estar cuidando a su mamá, la vecina colindante por el lado izquierdo irrumpió «en la parcela (…), derribó la cerca perimetral compuesta de una hilera de árboles que taló indiscriminadamente, penetró en la modesta vivienda y la saqueó de todos los bienes que existían en su interior».
Al robo de ventanas y puerta, techos y tanque de agua, sumó la infractora el cierre inconsulto del acceso a la vivienda por el camino vecinal mediante una cerca de alambre de púas, evoca Hermes.
Estos hechos, apunta, fueron oportunamente denunciados «a todas las instancias de la Agricultura (ministerio, delegación provincial y delegación municipal…), sin que hasta la fecha (26 de septiembre) se haya restituido la legalidad quebrantada. Solo se dictó por parte del Delegado provincial de la Agricultura en La Habana la Resolución 45/2015, de fecha 18 de marzo de 2015, donde se declara sin lugar la pretensión de la vecina violadora (…) de que se declarara ilegal a mi madre en la vivienda, por supuesta venta del referido bien agropecuario».
Rememora el lector que igualmente han dirigido quejas y denuncias por escrito de esta situación a la Fiscalía (no especifica si municipal o provincial), a la Comisión de enfrentamiento a las ilegalidades del municipio y a otras autoridades del territorio y nacionales, como el Consejo de Estado. Las cartas han recalado en la Delegación Provincial del Minag en la capital, sin que haya una respuesta efectiva en torno al asunto.
También el Presidente de la Cooperativa de crédito y servicios (CCS) Niceto Pérez, a la que está asociada la parcela, según se infiere del relato de Hermes, ha intentado una entrevista personal con el Delegado del Minag en La Habana para abordar el asunto, pero hasta ahora no ha sido concedida, sostiene el remitente.
«Mi madre lleva cuatro años fuera de su vivienda, clamando por un derecho justo que le asiste; ¿por qué tanta negligencia e indolencia?», se pregunta.
Por si fuera poco, agrega el habanero, la vecina usurpadora lleva más de ocho meses fuera del país, tiempo en el que dejó su propia parcela y la de Sergia Lina en manos de personas extrañas, sin informar previamente de ello a la mencionada CCS.
Aunque la carta podría abundar en otros detalles y antecedentes de la historia —por ejemplo, si se ha iniciado algún proceso legal en tribunales—, si lo contado por Hermes es exacto volvemos a estar frente un caso de violaciones e impunidad de los que ya tantas veces hemos hablado en estas líneas.
Luego de más de 25 años disfrutando de una suscripción de periódicos, Manuel Núñez Sardiña (Calle Línea No. 12 interior, entre calle 4 y Avenida Jimmy Hirtzel, reparto Ojeda, Bayamo, Granma), se ha visto privado de esta posibilidad.
El hecho es que Manuel vivía con anterioridad en Contramaestre, Santiago de Cuba, y hace un año se mudó para su actual residencia. «Realicé todos mis traslados para Bayamo sin problema alguno, refiere el lector; pero por último me presenté en el Correo de Contramaestre solicitando el traslado de las suscripciones de mis periódicos (…), ante lo cual la compañera que me atendió me informó que si el traslado fuera dentro de la provincia sí me lo podía dar, pero para otra provincia, no. Que era lo que estaba orientado por sus superiores».
A continuación la empleada sugirió a Manuel que efectuara nuevas solicitudes de suscripción; pero él, precisamente por conocer que hace años no se otorgan, insistió en el traslado de la suya.
El remitente no logra comprender la decisión. Y este redactor tampoco. Si bien resulta lógica, en el caso de órganos de prensa provinciales, al tratarse de medios de circulación nacional no parece coherente.
¿Qué pueden explicar al respecto las autoridades implicadas?
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