Acuse de recibo
Desde que en julio de 2016 José Hernández Pérez solicitara su jubilación —con la edad y el tiempo de trabajo establecidos—, ha debido atravesar una dilatada y dificultosa espera que no logra entender.
Así lo narra el pinareño (calle 5, No. 1816, e/ 18 y 22, El Kíkere, Paso Quemado, Los Palacios), quien hizo todos los trámites por la UBPC El Jagüey, su último centro laboral, firmó los documentos pertinentes por parte del Inass y hasta llegó a ver en el último de los legajos un modelo que decía: «aprobado», con firma y cuño. Le indicaron que había sido aprobada la jubilación, pero que siguiera trabajando. Hasta que de la Dirección del Inass en su municipio le confirmaron que ya podía retirarse a esperar la chequera en su casa, «por lo que solicito la baja del centro para darle posibilidad de trabajo a un compañero que lo necesitaba. Además, mi salud estaba colapsando», refiere el veterano, quien además es discapacitado auditivo.
Si bien el 9 de noviembre de 2016 le aseveraron que el expediente estaba listo para remitirlo a La Habana y el mes siguiente recibiría su pensión, a los cinco días de iniciado diciembre le informaban que a la anterior Directora del Inass en Los Palacios se le habían extraviado los documentos y «que había solicitado la baja del trabajo. En su lugar había una nueva compañera, que estaba para Pinar del Río (la cabecera provincial) a llevarlo (el expediente)»...
El día 12, ya con el file de vuelta en el municipio, comprobó el afectado que faltaban papeles y que algunos de los firmados y acuñados habían sido sustituidos.
Asimismo, entre peloteos, idas y vueltas, existen datos de la trayectoria laboral del lugareño que, en opinión de este, no fueron considerados a la luz de lo que establece el propio Inass para validar años de trabajo. De ahí que falten aspectos y referencias de su desempeño en la década de los 90 y en el período 1980-83.
Han pasado los meses y el reclamante se halla en un limbo en el cual ni está trabajando, ni percibiendo chequera, ni dándole a su vida las bocanadas de descanso que ya desea. ¿Qué pueden argumentar sobre su caso las autoridades de Asistencia y Seguridad Social?
También en una espera que no comprende anda la tunera Migdalia Virgen Medero Silva (vecina de Ave. Roberto Reyes, No. 69 fondo, entre José Aguirre y calle 49, reparto La Victoria).
Cuenta la remitente, en misiva fechada el 15 de febrero pasado: «Tengo un terreno de escasa dimensión de ancho, sin salida a la calle ni acceso peatonal alguno (...). Mis vecinos de igual dirección han violado resolución, leyes (...), construyeron un cuarto con un aire que da a ese lugar; que como bien se dictaminó es propiedad de la que les escribe. El 28 de septiembre (no aclara si de 2015 o 2016) se me dijo en Planificación Física Municipal de Las Tunas que no me preocupara, que en 30 días sería demolida dicha construcción ilegal y, como ven, escribo a ustedes porque no se ha cumplido. A esos vecinos se les han notificado multas (...) y no ha pasado nada».
No es el primer caso de esta índole que recala en Acuse. Como siempre comentamos, se trata de asuntos de alta complejidad en los que está en juego el espacio vital de familias. Sin embargo, con toda la mesura y firmeza que compete, una vez comprobado en su totalidad de qué lado está la justicia, esta debe hacerse cumplir. Lo demás sería el caos y no la convivencia civilizada.
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