Acuse de recibo
El pasado 5 de septiembre, desde calle central 27, entre C y 2da., reparto Villa Elena, municipio habanero de Guanabacoa, Juan Alberto Pérez Fernández narraba lo sufrido desde que allí, en diciembre de 2015, se rompiera la tubería de aguas albañales que conecta a tres viviendas y una bodega hacia el desagüe de la calle.
Contaba Juan Alberto que, dado el caos sanitario que sobrevino, él y otros vecinos se presentaron en la sede de Acueducto municipal y se entrevistaron con la persona que atiende averías, quien recogió el planteamiento y les dijo que el asunto se solucionaba en cuestión de días.
Pasaron meses, y Pérez Fernández decidió plantearlo al delegado de la circunscripción, quien le dijo que respondería «en cuestión de días». Pasaron meses, y se entrevistó con la funcionaria de Atención a la Población del Gobierno municipal, quien hizo un acta y le prometió respuesta «dentro de unos días». Pero hubo tres entrevistas más con ella, quien siempre decía: «Dentro de unos días…».
Pérez Fernández se entrevistó entonces con quien atiende quejas de la población en el Partido municipal. Le hicieron un acta y le solicitaron su teléfono y una espera de cuatro días.
Transcurrieron más de cuatro meses cuando el lector me escribió el 24 de agosto, describiendo las aguas albañales que corrían. Ya el agravante era otra avería, pero de agua potable.
El pasado 16 de septiembre, llegó la respuesta de Ana Remis Castro, jefa del Departamento de Atención al cliente de Aguas de La Habana, quien afirma que en diciembre de 2015, Guanabacoa era atendida por la extinta empresa de Acueducto y Alcantarillado del Este, «por lo que no tenemos elementos para comprobar el reporte realizado por Juan Alberto en ese período».
Señala que el 25 de mayo de 2016 apareció el reporte del salidero albañal en los controles de esta entidad. Trabajó el carro de alta presión, aunque sin resultados, y fue necesaria la reparación de línea y entronque del alcantarillado.
Reconoce que hubo demora, «debido a la cantidad de reparaciones en líneas y entronques que hay en el territorio (48 casos), y la disponibilidad de brigadas con que cuenta la base; por lo que existe un nivel de prioridad». Este caso estaba planificado para septiembre, comenta, y declara, además, que existió falta de comunicación entre el territorio y el reclamante.
Concluye afirmando que ya han sido efectuados los trabajos, incluida la supresión del salidero de agua potable, con la conformidad de Juan Alberto.
Agradezco la ágil respuesta y solución (esta vez) a lo revelado aquí, en solo dos días. Contrasta con la lentitud que sufrieron esas personas en ser atendidas, mientras estuvieron entre aguas sucias, si partimos de que fue el 25 de mayo cuando apareció el primer reporte en Aguas de La Habana.
Si contara el reporte de antes del 25 de mayo, habría que preguntarse por qué Aguas de La Habana recibió la gestión de manos de la extinta empresa de Acueducto y Alcantarillado del Este, y no así el reporte pendiente de esos vecinos, desde diciembre de 2015.
Incluso, se entendería que ante tantos reportes de reparación de líneas y entronques, y la escasa disponibilidad de brigadas, se haya dilatado la fecha del trabajo. Lo que sí es incomprensible que en tantas gestiones hechas por los vecinos a tantas instancias, no se les explicara la objetiva situación y, en cambio, se les dijera que todo sería «en cuestión de días».
Aguas de La Habana respondió y solucionó porque, lógicamente, le tocaba. Mas, ¿por qué las demás autoridades tomaron acta del planteamiento y se desentendieron del sufrimiento de esa comunidad, pudiendo preocuparse por lo que allí manaba impunemente? ¿No es acaso un papel integrador y movilizador el que les corresponde al Gobierno y al Partido en un territorio?
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