Acuse de recibo
Con más de 40 años en las aulas, Dulce María Arencibia quiso acogerse a la sabia flexibilidad que da el Ministerio de Educación de Cuba, para que profesores jubilados, con experiencia y devoción pedagógica, puedan volver a las aulas a reverdecer el magisterio. Pero el muro de la desidia y la irresponsabilidad se lo impiden...
Según su nieta Liliet Cruz Padrón (calle D No. 7814, entre 3ra. y 5ta., reparto Mañana, Guanabacoa, La Habana), aunque se jubiló hace 16 años, Dulce María es recordada como «una profesora de corazón» en escuelas primarias como Fernando Chenard Piña y Carmelo Noa.
Ante la falta de maestros en la primaria Ramón Poll Machado, Dulce María decidió reincorporarse, también como una opción económica que le permita engrosar sus ingresos. Y al solicitar su expediente laboral, en las direcciones de Trabajo y Seguridad Social y de Educación del municipio de Regla, donde se retiró en el año 2000, se le informó… ¡que su expediente laboral había sido quemado!
El expediente, explica, no fue solicitado antes por su abuela, porque entonces se le comunicó que al jubilarse este no era entregado, sino archivado.
«Lo que me alarma, dice, es que no se le notificó en ningún momento de la posibilidad de recogerlo, anterior a su destrucción. Más aún me preocupa cómo puede no quedar constancia en ninguna dependencia de los años que mi abuela dedicó al Ministerio de Educación. Hoy puede que se esté perdiendo la posibilidad de que las más jóvenes generaciones tengan a una profesora de excelencia como la tuve yo, de tener un verdadero ejemplo a seguir. Esta situación se contrapone totalmente con las peticiones de la Ministra de Educación ante las necesidades del país. Quién tiene la culpa, no es importante, quién puede resolver la situación... sí».
Suscribo lo dicho, y solo difiero en que la responsabilidad por la pérdida del expediente sí hay que depurarla.
El pasado 10 de agosto reflejé la queja de Lázara Bárbara Torres Ruiz, desde Cuatro Caminos, municipio habanero de Cotorro, acerca de las pésimas condiciones que sufrió en una estancia en la base de campismo La Laguna, de Jibacoa, del 27 de julio al 3 de agosto.
«Las puertas de las cabañas, decía, no tenían seguridad de ningún tipo. El agua para beber en pésimas condiciones… Las tablas de las literas que sostienen las colchonetas se caían. Las piscinas supersucias y con una fetidez enorme en sus aguas. Basura por doquier...».
Responde Leidan Pierre Martínez, director adjunto de la Empresa de Campismo Mayabeque, que la remitente fue entrevistada y «expresó no haber sido quien escribió la carta, sino que fue auxiliada en ese trámite por un amigo sin que este, antes de enviar su escrito a la prensa, se lo diera a leer para su aprobación; y que aun cuando en algunos aspectos no ratifica lo publicado, de manera general sintió, por determinados problemas, insatisfacciones en su estancia en la instalación de referencia».
Afirma que, al hacer una evaluación profunda de aspectos organizativos, «la Dirección de la Empresa estimó mover de los cargos a los subdirectores asistentes que atienden Control Interno y Calidad en los Servicios, aplicando, además, al director del Complejo ABRA-Laguna una amonestación ante el Consejo de Dirección, sumado todo a una serie de medidas organizativas y de control que puedan impedir en el tiempo la reiteración de algunos aspectos tratados en la queja».
Añade que, dada la masividad que enfrentan en el verano, deben cumplir con calidad las expectativas de los clientes, lo cual no está exento de problemas subjetivos a partir de una deficiente organización y ejecutoria de cargos y funciones.
Agradezco la respuesta, pero es evidente que hay responsabilidades compartidas cuando una base de campismo sin las mínimas condiciones es comercializada a los usuarios.
Lo otro es que cuando un ciudadano aprovecha la confianza y la seriedad de esta columna para enviar una denuncia, debe ser consecuente con ella hasta el final. De lo contrario, no auxiliarse de terceras personas. Hay que sostener lo que uno expresa hasta el último momento. Si la entidad aludida no debe evadir su responsabilidad con los hechos, tampoco el denunciante debería esquivar su autoría con vaguedades.
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