Acuse de recibo
Esta es la historia de siete familias de la localidad villaclareña de Caibarién, que desesperan por urgencias habitacionales desatendidas por las autoridades de ese municipio y aguardan por una feliz mediación de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Cuenta Augusto Castro Ladrón de Guevara, uno de los dolientes, que esas familias con problemas económicos y sociales, fueron beneficiadas por el Gobierno de Caibarién con respectivos subsidios de 85 000 pesos cada una, para la reconstrucción de sus maltrechas viviendas en calle 6, entre 9 y 11, en esa localidad.
El 27 de mayo de 2014, afirma, comenzó la demolición de las siete viviendas, luego de que, de acuerdo con el Gobierno, sus moradores buscaron por sí mismos donde albergarse en casas de familiares o amigos, o alquilando, hasta que se concluyeran las labores.
La obra de reconstrucción correría a cargo de una brigada de trabajadores por cuenta propia, mediante contrato con las autoridades del municipio. Y esta se iba a hacer colectivamente, pues las siete viviendas tienen arrimo, están pegadas unas con otras.
Ya han transcurrido más de dos años, y los trabajos se mantienen paralizados hace más de seis meses, porque sencillamente la brigada abandonó la obra, a pesar de que estaba concertada con el Gobierno municipal.
Refiere Augusto que ellos han realizado gestiones infructuosas con la delegada de la circunscripción, el Gobierno y las autoridades del municipio. Y ante tal irresolución, él decidió escribir a la Asamblea Nacional del Poder Popular hace más de cuatro meses. Y viajó a La Habana para entrevistarse con un funcionario en el Departamento Jurídico de la Asamblea.
En la carta a la Asamblea Nacional, Augusto revelaba que, ante la paralización de la obra, los jefes de la brigada les habían manifestado que les devolverían parte del dinero del subsidio, para que ellos, por su propia cuenta, concluyeran las viviendas. Y Urbanismo había planteado que esas viviendas tenían que ser construidas idénticamente, pues están ubicadas en el centro histórico de Caibarién.
Como agravante, señala el remitente que desde que comenzó la demolición hasta el 12 de julio de 2016, en la obra no se había personado ninguna autoridad municipal ni de Vivienda.
Manifiesta también que donde él está viviendo temporalmente, se presentó una funcionaria de Vivienda que atiende los casos de subsidios y le preguntó a qué porciento se encontraba la reconstrucción de su casa. Y él, como no es especialista en ello, no le pudo responder. Quedaron en verse al día siguiente en la obra, y ella no apareció nunca más.
Mientras, las siete familias que confiaron en el Gobierno municipal de Caibarién, siguen viviendo bajo techos ajenos, aguardando por una luz de esperanza en medio de lo que él califica como «negligencia e irresponsabilidad».
Roberto Muñiz Hernández (calle 114, No. 3907, entre 39 y 41, Marianao, La Habana) pregunta cuáles son las causas de la ya sostenida ausencia de refrescos de lata en las redes de establecimientos comerciales minoristas en CUC y en CUP.
«Después de la Mesa Redonda donde se habló del deber y la función de comunicación de los organismos estatales, afirma, yo pensaba que había quedado claro que todos se deben al pueblo, y que por lo menos nos merecemos una explicación de lo que está pasando».
Y advierte que «al estar perdido el refresco, comienza la especulación, y ya una latica está en los 18 pesos, muy violento para los que, viviendo de un salario, queremos «refrescar» en el verano y nos vemos obligados a terminar en manos de los revendedores».
No es un reclamo menor el de Roberto, y sí puede ser la inquietud de muchos cubanos. No sé por qué cuesta tanto trabajo que los organismos e instituciones estatales reaccionen a tiempo y esclarezcan lo que ya anda en el cuestionario público de la ciudadanía.
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