Acuse de recibo
Esta es la historia del marabú: el que mina la tierra, y de ese otro que se resiste burocráticamente a los cambios.
Cuenta Juan Francisco Pérez (calle B No.4, Unión de Reyes, Matanzas) que en abril de 2009, al amparo del Decreto-Ley 259, adquirió en usufructo una caballería (13,42 hectáreas) de tierra ociosa y cundida de marabú, para fomentar ganado mayor, asociado a la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Sabino Pupo.
De acuerdo con la cantidad de cabezas de ganado que ya tiene, y viendo un área colindante en total abandono desde hace años —propiedad de la Empresa Agropecuaria Unión de Reyes—, Juan Francisco decidió solicitar ese terreno en usufructo por ampliación, según lo establecido en el Decreto-Ley 300. En agosto de 2013 fue a la Oficina Municipal de Control de la Tierra, y la jefa de la misma, entre otros documentos, le solicitó uno firmado por el Director de dicha empresa, que hiciera constar las tierras ociosas y la anuencia a entregarlas en usufructo.
Fue ante el Director de la Empresa Agropecuaria y ante el responsable de la parte pecuaria, conocido por el apelativo de Titán. Este le orientó al Jurídico de dicha entidad que le hiciera los papeles para entregarle el área, pues le habían hecho numerosas críticas «en cada reunión por las tierras ociosas».
A pocos días, el Jurídico le dijo a Juan Francisco que los papeles estaban resueltos: los tenía en computadora para imprimirlos y solo faltaba que los firmaran los responsables. Pero esos documentos nunca llegaron a la Jefa del Registro de la Tierra. Aun así, el Jurídico le dijo que ya podía ir adelantando con la compra del alambre y los postes, pues no habría dificultad.
Confiando en lo expresado por el Jurídico, Juan Francisco compró 15 rollos de alambre y mil postes. Comenzó a hacer una trocha por los linderos de la tierra solicitada, cuando Humberto Madam, jefe de la Pecuaria a nivel municipal, le dijo que no se le podían entregar las tierras, porque al Estado le había costado 30 000 pesos el buldoceo de las mismas. «¿Por dónde pasó el buldócer?», cuestiona el remitente, y expresa que el marabú allí tiene más de dos metros de altura y años de abandono.
Entonces fue a ver a Titán, el mismo que al inicio aseguró que no había problemas: «Esta vez me informó que no se me podían entregar porque Humberto Madam le había dicho que estaban buldoceadas, cosa que no es verdad».
El solicitante fue a ver al Delegado de la Agricultura en el municipio, quien le dijo que tendría una reunión con el Delegado provincial el 22 de diciembre, y que a partir de ahí le daría respuesta. Esta, según le dijo el Delegado provincial, fue que en enero le iba a entregar combustible para buldocear la tierra que él solicitaba.
Transcurría enero de 2014 y no se acometían acciones. El remitente fue a ver de nuevo al Delegado municipal, quien le dijo que el 25 de ese mes el Delegado provincial visitaría el municipio, y se ventilaría su caso, que lo viera después de ese día. Cuando Juan Francisco volvió, entonces le planteó «que había ido, pero no se había encontrado con él, por lo cual no tenía respuesta que darme».
El 10 de febrero, el Delegado de la Agricultura a nivel municipal visitó las tierras en explotación de Juan Francisco. Y de paso, se acercaron a las solicitadas por este. Según cuenta el remitente, el funcionario comprobó que las mismas están minadas de marabú, y algo más: las buldoceadas, en las que el Estado gastó 30 000 pesos, están sembradas por particulares de forma ilegal, asevera. Constató que las tierras solicitadas nada tienen que ver con estas.
Juan Francisco fue atendido por el Subdelegado de la Agricultura a nivel provincial y otros funcionarios de allí, quienes lo apoyaron en que continuara con su solicitud, pues todo se iba a solucionar. Pero al no recibir respuesta, le escribió al Delegado provincial, y su reclamación pasó por varias manos. Según la Jefa de Control de la Tierra, él nunca había solicitado esas tierras en usufructo. Pero al recordarle el campesino que tenía en sus manos el documento redactado por ella de su puño y letra, entonces la respuesta fue que esas tierras estaban destinadas al desarrollo de ganado menor de la CCS, y que le habían ofrecido otras que él nunca aceptó. «Es verdad —señala él—, pero las que me ofrecen están muy lejanas», y de entregárselas, «violan lo establecido en el Decreto-Ley 300 en cuanto a la distancia de las que tengo en explotación, y no tienen acceso a las que poseo».
Comentó esto el campesino al Presidente de la CCS Sabino Pupo, quien le confirmó que efectivamente se las quieren entregar a esta entidad, pero las rechaza porque no tiene recursos ni posibilidades de ponerlas en explotación.
«Mi propósito —concluye— es lograr mayor producción de carne y leche, pues esas tierras están en una pendiente cercana a una vaguada. La política del Estado es poner en explotación las tierras ociosas. En este caso, se incumple con las políticas trazadas, con los Lineamientos del Partido, pues se mantienen allí las tierras ociosas sin explotar», y según asevera Juan Francisco, «proliferan un grupo de ilegalidades en otras».
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