Acuse de recibo
La entrega de tierras ociosas en usufructo es un paso liberador para conferirle al agro cubano la ansiada eficacia productiva. Y si no va de la mano del orden y el rigor, puede conspirar contra el vuelco que ese sector requiere, como lo denunció aquí el pasado 12 de enero José Ruiz Gómez, miembro de la cooperativa de crédito y servicios fortalecida (CCSF) Mario Iglesias, en San Luis, Santiago de Cuba.
Hacía tres años que él había solicitado en usufructo tierras ociosas de la unidad básica de producción cooperativa (UBPC) pecuaria La Favorita. En enero de 2011 hizo el pedido a la Empresa Pecuaria Raúl Palomo. En agosto de ese año fue aprobada su solicitud por el Delegado de la Agricultura. El 31 de octubre le entregaron el certificado de propiedad. Y cuando fue a tomar posesión del área, la ocupaba un ilegal.
Contaba José que lo comunicó varias veces a la Delegación de la Agricultura y a la funcionaria que atiende el Registro de la Tierra en la Empresa Pecuaria. En enero de 2012, reclamó al Delegado de la Agricultura a nivel municipal. En julio de ese año, el propio Delegado creó una comisión que visitó el lugar. Y le respondieron que el terreno estaba ocupado por el ilegal, pero José era el único propietario legal de la tierra (¡qué descubrimiento!). «Lo más triste —decía— es que el individuo sigue en posesión del terreno y no se toma medida alguna».
Citaron a José a la Delegación de la Agricultura en el municipio para decirle que iban a dejar sin efecto la cesión de la tierra que habían puesto en sus manos y entregarle otro terreno. Él aceptó. Pero ante la demora en cumplirse, José fue a ver nuevamente al Delegado de la Agricultura municipal, quien entonces le informó que ese último recurso ya no procedía, pues se le podía entregar la parcela aplicando la variante de ampliación de la que él ya tenía. Cuando José nos escribió, aún no tenía la tierra.
Al respecto, responde William Hernández, delegado de la Agricultura en Santiago de Cuba, que «la Delegación de la Agricultura en San Luis fue morosa y faltó precisión en el momento de dar respuesta al caso».
Señala que, «no obstante, sin minimizar negligencias, investigaciones en el terreno por los inspectores del Centro de la Tierra comprobaron que en septiembre de 2010 José había hecho solicitud de tierras en usufructo con sus documentos legales ante Danay Pérez, técnica de Atención a la Tierra de la Empresa Pecuaria Raúl Palomo.
«El recurrente no cumplió entonces las formalidades que establece la legislación: no se dirigió a la Oficina de Control de la Tierra del municipio para formular su petición; ni la funcionaria le orientó que era allí donde debía presentar su solicitud. De ahí que se retrasara, en principio, el procedimiento».
Precisa que, una vez iniciado correctamente el trámite de solicitud el 7 de marzo de 2011, se le aprobó el 11 de agosto de ese año por Resolución 298/2011. El 31 de octubre se le entregó el certifico de inscripción de la misma. Pero al momento de la ocupación del área por José, no concurrieron los representantes de las entidades competentes».
Ante ello, agrega, en enero de 2012 José reclamó ante la Delegación de la Agricultura en San Luis, «la cual no dio respuesta adecuada al recurrente, obviando lo establecido para la entrega de tierras en usufructo y el sistema de control estatal sobre estas».
Al no ver salida, José volvió a escribir el 25 de marzo de 2013 al Delegado a nivel municipal. Y se hizo un análisis el 6 de mayo con las autoridades del territorio y la junta de la CCSF. Allí se le indicó ocupar las tierras entregadas en usufructo, lo cual él no hizo.
«José tiene razón en parte —agrega— porque su inconformidad no fue bien atendida por los funcionarios de la Delegación Municipal. Existió morosidad, lo que provocó irritación en él. Ante esas violaciones, la Comisión Municipal de Asuntos Agrarios decidió entregar a José las tierras que colindan con las que había solicitado, con la misma cantidad de hectáreas, y que se hallan en mejores condiciones, lo cual se tramita al amparo del Decreto-Ley 300…».
Acota el funcionario que se amonestó ante el Consejo de Dirección al Delegado de la Agricultura a nivel municipal, la Directora de Control de la Tierra en ese territorio, el especialista integral de Atención a la Población y la funcionaria de la Tierra de la Empresa Pecuaria de San Luis.
Agradezco la respuesta y pregunto si no fue demasiado benigna la medida para quienes, con su irresponsable proceder, abandonaron a su suerte al campesino solicitante, en algo tan sagrado para la Patria como el usufructo de tierras. Además, ¿cómo se permitió que un ilegal ocupara ese terreno impunemente? ¿Qué hubiera pasado si José no escribe a esta columna, o no hubiéramos difundido su denuncia?
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